La tremenda concentración latifundista es la base de continuidad de la opresión y explotación semifeudales y del pongueaje (servidumbre indígena) que enriquece a la alianza de terratenientes e intermediarios de monopolios extranjeros, principalmente yanquis. Esta es la razón de fondo del odio de la oligarquía boliviana al nuevo referendum sobre la extensión que debe considerarse latifundio, a las nacionalizaciones y a la nueva Constitución.
Centenares de familias guaraníes son sometidas a jornadas de trabajo de hasta 15 horas en haciendas de las provincias Cordillera, Gran Chaco y otras de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. No tienen derechos laborales, y son aprisionados y oprimidos mediante el viejo sistema feudal de servidumbre por deudas.
La reforma agraria de 1953 inició la liberación de algunas poblaciones explotadas, pero luego se revirtió bajo el dominio político del MNR.
El Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobade), señala que los campesinos e indígenas en la provincia amazónica de Pando, llevan decenas de años “en una situación de servidumbre en la extracción –en muchos casos ilegal– de goma y castaña, bajo el yugo de barraqueros, autoridades prefecturales y mafias brasileñas, peruanas y bolivianas. El tráfico de droga, madera y lavado de dinero, van de la mano de la violencia con la que se somete a los pueblos diezmados desde hace más de un siglo en la explotación del caucho”.
Ahora los oligarcas de la “media luna” imponen a palos y a tiros un estatuto “autonómico” para impedir los “saneamientos de tierras” que impulsa Evo y para que sólo el legislativo y el ejecutivo de esas provincias tengan poder de decisión sobre las tierras. El ladrón “cívico” cruceño Branko Marinkovic está enjuiciado por el robo de más de 27.000 hectáreas de tierras fiscales e indígenas.
02 de octubre de 2010
