La resolución del gobierno de Scioli de abonar el medio aguinaldo en 4 cuotas a partir del 15 de julio desató una inmensa rebelión de los trabajadores estatales en toda la provincia. Algunos gremios venían de largos conflictos salariales para enfrentar la política de ajuste del gobierno nacional de Cristina Kirchner que aplica el gobernador en la provincia, gremios como ABJ de los judiciales, Cicop de la salud, los residentes de los hospitales y los estatales de ATE.
La resolución del gobierno de Scioli de abonar el medio aguinaldo en 4 cuotas a partir del 15 de julio desató una inmensa rebelión de los trabajadores estatales en toda la provincia. Algunos gremios venían de largos conflictos salariales para enfrentar la política de ajuste del gobierno nacional de Cristina Kirchner que aplica el gobernador en la provincia, gremios como ABJ de los judiciales, Cicop de la salud, los residentes de los hospitales y los estatales de ATE.
La profundidad de esta rebelión sólo puede explicarse por el combativo estado de ánimo de los trabajadores bonaerenses y en especial por su protagonismo en las históricas jornadas del 8 y 27 de junio. Muchos de ellos enfrentaron en el corte del Puente Pueyrredón a la Gendarmería que les impedía el paso para llegar a la Plaza de Mayo.
Fueron necesarios cinco paros de los estatales de la provincia de Buenos Aires, tres de ellos compartidos con la inmensa mayoría de los docentes para lograr torcer la voluntad de los gobiernos provincial y nacional. Ambos gobiernos responsables absolutos de la situación originada por la falta del pago del medio aguinaldo y cómplices de colocar a los trabajadores estatales como rehenes de su disputa para que caiga sobre ellos el ajuste. Otro hecho de gran trascendencia fue la decisión de compañeros estatales de la CTA de cortar todos los accesos a la ciudad de La Plata el 11/7, culminando con una marcha a la Legislatura, donde voltearon las vallas e impidieron presentar el proyecto de Ley de Emergencia; lo que obligó al día siguiente a Mariotto a comprometer que dicha ley no se tratara.
Paralelamente, un juez emplazó al Ejecutivo para que en cinco días pague y la Corte Suprema provincial declaraba la inconstitucionalidad del pago en cuotas del aguinaldo.
Es de destacar que la lucha no fue dividida por el hecho de haber pagado completo el aguinaldo a los empleados legislativos y de IOMA además de los judiciales.
A la semana siguiente se volvieron a realizar paros y una masiva marcha a la Gobernación (ver aparte).
Es necesario aclarar que fueron arrastrados en esta lucha los gremios más oficialistas, algunos de ellos ligados al gobierno provincial y otros al nacional, cuestión que está unida indisolublemente al hecho que estos gremios fueron desbordados por sus afiliados en las jornadas del paro de la CTA de Micheli y de la CGT de Moyano. No podían quedar detrás de ellos pero los principales habían anunciado la aceptación del pago en dos cuotas, la segunda el 15 de agosto.
Todos los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires habían resuelto el no inicio de las clases el 30 de julio. Al término de la movilización del 18 a la Casa de Gobierno el Consejo Directivo Provincial de ATE decidió un nuevo paro de 48 horas la semana siguiente y continuar con la retención de tareas.
El 19 de julio el gobierno nacional anunció la decisión de girar los fondos a la provincia para que se complete el pago del medio aguinaldo, que antes había negado como parte de la disputa de Cristina Kirchner con Daniel Scioli en la que, ambos despreciaron y se burlaron de las necesidades de los compañeros estatales de la provincia.
El gobierno de Cristina Kirchner fue obligado a abrir la mano por la lucha de los estatales provinciales. La firmeza y decisión de los trabajadores estatales de la provincia crea mejores condiciones y estimula las luchas que vendrán para ir por más: como plantea la CTA Nacional, por paritarias libres sin techo, por el 82% móvil para los jubilados y pensionados, por la eliminación del impuesto al salario, la eliminación de los topes para el pago del salario familiar, etc.
Desde la CCC venimos planteando la necesidad de un nuevo paro nacional en la primera quincena de agosto, que permita unificar la lucha de todos los sectores y para ello, realizar la Jornada Nacional en todo el país del 27 de julio, en conmemoración de los asesinatos de los compañeros de Ledesma.
