El primero de ellos crea un «Plan de recuperación y fortalecimiento de la lengua materna, la identidad y cultura, despojada con la masacre de la reducción Napalpí». Propone que, para el próximo ciclo lectivo, obligatoriamente se dicten clases bilingües e interculturales, en todos los niveles en la zona que abarca las localidades de Colonia Aborigen, Machagai y Quitilipi. El proyecto se fundamenta en que «la masacre provocó graves consecuencias en los sobrevivientes y en sus descendientes. Producto de ello y de una sistemática opresión, las generaciones posteriores de los pueblos moqoit y qom sufrieron el trauma del terror, el desarraigo, la pérdida de su lengua y su cultura”.
Otro de los proyectos plantea la modificación de la Ley Provincial Nº 2135-W, de Preservación, protección y tutela de los restos mortales de pueblos originarios del Chaco. Se trata de restituir los sitios sagrados a los familiares y la comunidad originaria. Diferencia el concepto de «restitución», al de una «declaración de interés público» que, requieren las expropiaciones, para recuperar territorios donde existen restos mortales de ancestros de los pueblos originarios. Muchas veces siembran sobre ellos, alambran o construyen obras que profanan el sitio y destruyen toda posibilidad de reparar el dolor de los pueblos afectados.
El tercer proyecto crea un “Programa especial de acreditación dominial de propiedades indígenas con titulares fallecidos”. El mismo promueve la posibilidad del acceso a planes de vivienda; proyectos de infraestructura para la producción; acceso a servicios públicos de agua y electricidad; subsidios y/o cualquier otro beneficio que signifique mejoras en la calidad de vida para el grupo familiar indígena, cuando el titular dominial se encuentre fallecido, lo que resulta imposibilitado con las leyes vigentes.
Otro proyecto crea un “Fondo solidario para mensuras de tierras de la agricultura familiar”, el cual será conformado con fondos que ya se vienen recaudando y será administrado y ejecutado por el Instituto de Colonización, como organismo de aplicación, declarando la situación de emergencia en materia de titularización de tierras campesinas adjudicadas en venta y/o en posesión efectiva de agricultores/as familiares, que tienen restringidas sus posibilidades de regularización dominial por falta de condiciones económicas para la contratación de mensuras.
Entre otros, también presentó el proyecto de Ley de «Observatorio de conflictos de tierras y territorios», en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, con el objetivo de lograr una base de datos completa y precisa, para brindarla a los y las legisladoras con el fin de elaborar proyectos y/o soluciones en las distintas áreas del Estado.
Corresponsal
Hoy N° 1957 12/04/2023