La crisis energética, que el pueblo percibe a través de los apagones y el creciente costo de los combustibles, es el resultado de la privatización de la energía a manos de monopolios imperialistas, impulsada por el memenismo y profundizada por la política kirchnerista.
La crisis energética, que el pueblo percibe a través de los apagones y el creciente costo de los combustibles, es el resultado de la privatización de la energía a manos de monopolios imperialistas, impulsada por el memenismo y profundizada por la política kirchnerista.
La profundización de esa política por el gobierno K incluyó el vaciamiento de YPF a través de los negociados de Repsol con Néstor Kirchner y Eskenazi. Ese resultado se expresa en que caída o estancamiento de la producción de petróleo y gas, por lo que en el 2012 se importaron combustibles por 12.000 millones de dólares, y este año se calcula que podría ascender a 16.000 millones.
La compra del 51% de las acciones de YPF por el Estado argentino no modificó esa política. Cristina Kirchner personalmente, junto a Galuccio y Kicillof, trabajan para atar a YPF a acuerdos con monopolios imperialistas yanquis, chinos, rusos y europeos para la explotación del yacimiento de petróleo no convencional de Vaca Muerta. Hasta ahora solo han logrado “cartas de intención”, ya que esos monopolios exigen “seguridad jurídica” y el precio internacional. El gobierno K ha dado pasos en esa dirección aumentando regalías, con lo que el precio del petróleo de exportación de 42 a 75 dólares el barril, y el del gas de 2,5 a 7,5 dólares el millón de BTU.
La otra medida para acercar posiciones en esa negociación con los monopolios imperialistas, es el aumento del precio de los combustibles, hipócritamente presentado como “congelamiento”, y los nuevos aumentos programados para después de las elecciones de octubre. Aumentos con los que el pueblo ya está pagando el costo de esos acuerdos.
2. Saqueo imperialista, negociados y contaminación
Para el gobierno K, al igual que para los monopolios imperialistas, el petróleo y el gas son dólares; y lo que discuten es cómo se reparten esos dólares y la garantía de esos negocios.
El gobierno K, como gobierno de burguesía intermediaria, no tiene un proyecto nacional en el que el petróleo y el gas (al igual que la minería) son elementos estratégico en función de la calidad de vida del pueblo, y el desarrollo de la industria y el agro nacionales.
En esas condiciones, la explotación de yacimientos de petróleo y gas no convencionales, como Vaca Muerta, al igual que la megamineras imperialistas, son explotadas en función de un rápido saqueo de esas riquezas para garantizar rentas fabulosas, saqueadas por los monopolios imperialistas y la corrupción del gobierno K. Así, seguirá la crisis energética, y se hipotecará el futuro energético del país para las próximas décadas.
Esta explotación en función de las superganancias de los monopolios imperialistas y los negociados del gobierno K, van asociadas al uso de la tecnología en práctica para estos yacimientos, el fracking, que fractura la roca con explosivos, inyección de enormes cantidades de agua a apresión y numerosos aditivos altaamente contaminantes. De ponerse en vigencia las “cartas de intención” firmadas, envenenarán el agua y las tierras en numerosas provincias, pondrá en riesgo la vida y la producción del pueblo de amplísimas regiones.
3. Energía para mejorar la vida del pueblo y un desarrollo nacional armónico independiente
La respuesta a la crisis energética en función de los intereses del pueblo y la economía nacional, exige impedir este nuevo avance del saqueo de la riqueza energética, y luchar para:
1) Recuperar la soberanía nacional estatal sobre todos el ciclo de los recursos energéticos (petróleo, gas, electricidad, etc.).
2) Establecer un plan nacional que garantice el uso de esos recursos en función de la calidad de la vida del pueblo y las necesidades nacionales.
3) Que las universidades nacionales, el Conicet, Inti, y demás organismos científico-técnicos nacionales y provinciales investiguen las tecnologías de explotación de los recursos naturales más favorables a su producción y elaboración nacional y al cuidado del medioambiente.
4) Que todo el ciclo de la producción, explotación e impacto ambiental, estén bajo control de los trabajadores y la población de la zona en que se produce e industrializa.
