Los índices económicos oficiales siempre han sido criticables desde el punto de vista científico de la clase obrera. Porque están hechos desde la óptica de las clases explotadoras, no solo aquí sino en todos los países capitalistas, con normas internacionales que aceptan algunas pautas nacionales en función de los intereses de las clases dominantes de cada país.
Así la llamada canasta básica alimentaria se construye sobre la base de lo que una “familia tipo” come en determinado período, por lo que puede comprar con lo que gana y no sobre lo que necesitaría para estar bien alimentada; lo que se agrava en nuestro caso porque se establece un requerimiento de calorías por persona menor que en los países imperialistas. De esta manera, por ejemplo, con “nuestra” canasta actual, una persona puede comer solo 200 gramos de queso por mes.
Antes que el gobierno K metiera la mano en el Indec, esta canasta se calculaba tomando los precios a que se vendían los productos en supermercados y comercios. Pero desde enero de 2007 nos encontramos con que, en muchos casos, cuando los precios que recogen los encuestadores han subido más de lo que dice el gobierno, el que vale es el precio que dice el gobierno y no el que se registra en la realidad. Así se logró el “milagro” que mientras los relevamientos privados daban un aumento promedio de los alimentos del 23% en el primer semestre de 2007, para el Indec aumentaron solo el 3,6%. De esa manera el gobierno “disminuyó” en casi 2 millones el número de personas pobres, y en un millón el número de indigentes (ver recuadro).
El “cambio” que se viene
Los técnicos kirchneristas viajaron a Estados Unidos para “asesorarse” en cómo hacer un índice de precios al consumidor aún más torcido desde el punto de vista de clase. Allí se enteraron que no tenía por qué ser una canasta que ponderara el consumo de todos los sectores de la población, sino que podían hacer una canasta tomando sólo lo que pueden consumir los sectores de ingresos más bajos, y hacerla además móvil, tomando los precios de los productos “alternativos” que crecieran menos.
En consonancia con eso, entre los “cambios” que se vienen, no entrarían en la nueva medición del IPC: las prepagas, los colegios privados, los restaurantes y el turismo. La explicación es que “la mayoría de la población no tiene prepaga, no manda a sus chicos a colegios privados, no cena en restaurantes y si va de turismo usa la hotelería de la obra social”, según informó la agencia DyN.
También se vería cómo excluir de la canasta a los productos frescos, como las frutas y las verduras, e incluso a la carne como ya sucedió en épocas de Videla–Martínez de Hoz. Del queso ni hablemos…
