A ello se agregó el anuncio de la firma de siete nuevos convenios de energía, que se suman a las dos plantas nucleares anunciadas antes por 13.000 millones de dólares: Atucha III y otra aún sin nombre.
La prueba experimental fueron los préstamos para las represas Cepernic y Kirchner, en Santa Cruz, y para el ferrocarril Belgrano Cargas.
A ello se agregó el anuncio de la firma de siete nuevos convenios de energía, que se suman a las dos plantas nucleares anunciadas antes por 13.000 millones de dólares: Atucha III y otra aún sin nombre.
La prueba experimental fueron los préstamos para las represas Cepernic y Kirchner, en Santa Cruz, y para el ferrocarril Belgrano Cargas.
El mismo mecanismo, de adjudicacióndirecta se aplicará a la construcción de las dos centrales nucleares, Atucha III y una nueva todavía sin nombre, y a la planta termoeléctrica Manuel Belgrano, en San Nicolás.
El dato no es menor. La presidenta Cristina Kirchner firmó en julio último el “Convenio de cooperación económica y de inversiones”, todavía no aprobado por Diputados, queen su artículo 5º establece sin ambigüedades que “las adquisiciones en el marco del proyecto de sector público argentino cuya ejecución se enmarca dentro del alcance del plan integrado podrán efectuarse a través de adquisición directa, siempre que estén sujetas a financiamiento comercial de la parte china”. Por lo que queda afuera toda posibilidad de desarrollo de la industria nacional en relación a esos proyectos, aparte que “las ventajas del financiamiento” de este tipo terminan siempre siendo sobrepasadas por baja calidad del suministro, precios excesivos y costosas “comisiones” a los intermediarios en estos negocios poco transparentes.
A esto se agrega que para los acuerdos particulares, en el marco del convenio general, se prevén planesde facilidades “para la realización de actividades lucrativas, ya sean laborales o profesionales, como empleados en condiciones de igualdad con los nacionales del Estado receptor, siempre que se hubieran concedido los permisos de residencia y de trabajo necesarios”. Es decir, profesionales, técnicos y mano de obra de China “en condiciones de igualdad” con los argentinos.
Los convenios en estas condiciones abarcan sectores de la industria del gas, petróleo, energía nuclear, hidroeléctrica y biocombustibles. También en minería, modernización industrial y actividades de la agricultura. Es decir, que pone a disposición del imperialismo de China y sus socios locales el desarrollo futuro de todos estos sectores de la economía argentina.
En cuanto a la financiación de estos acuerdos por parte de China, se prevé que se “brindará activamente a la Argentina los servicios de seguro de crédito relativos al financiamiento por parte de los individuos o entidades financieras residentes en China de conformidad con los esfuerzos conjuntos con la Argentina tendientes a lograr la calificación más ventajosa en materia de riesgo soberano”.
Demás está decir que por este “pacto” el gobierno kirchnerista le asegura al imperialismo de China que, en caso “de controversias”, se cede la soberanía jurídica a “tribunales internacionales” radicados en París (Francia) y ¡en Londres! (¡Inglaterra!). Y por si esto fuera poco, se prevé que si alguna de las partes deja caer el acuerdo general “la terminación no afectará la aplicación de cualquier convenio concluido” en el marco del mismo. O sea, lo que ya se pactó seguirá firme, como es el caso de la base militar para rastrear misiles en la provincia de Neuquén.
Tras lo económico, lo político-militar
La "alianza estratégica e integral" que anunció Cristina abrazada a Xi Jinping, no se reduce a la entrega económica. Se trata como dijo Cristina de una "decisión geopolítica", un triunfo "de la política sobre la economía", dejando así en claro que lo que preside los acuerdos no son las cuestiones comerciales sino el alineamiento “geopolítico” con China, que incluye lo militar.
La consigna “Patria o buitres” aparece hoy trasmutada en “China o buitres”, en la que China aparece como el financista que Cristina no encontró, default mediante, en Estados Unidos y la Unión Europea. Y hasta le permite inflar las reservas del Banco Central con el intercambio (swap) de monedas. Por eso, Cristina Fernández le abre a China negocios en los yacimientos de potasio y de litio, además de usinas nucleares.
Tras eso aparece la punta del iceberg en el acuerdo bilateral ya en marcha en las 200 hectáreas cedidas en Neuquén a China para la instalación de una base de observación espacial (la única que China tiene fuera de su geografía nacional) y que supone la consolidación de una relación muy específica en el terreno militar. La base china que una empresa de Lázaro Báez construye en Bajada del Agrio, está bajo jurisdicción china, en el ámbito de sus Fuerzas Armadas, en línea casi directa con la base militar impuesta por los ingleses en nuestras Islas Malvinas.
Así la desfachatez del entreguismo en materia económica viene acompañada de un alineamiento militar ahora con China, como cuando con Menem vino acompañada del pacto extra-OTAN, como lo sugiere desde Washington Richard D. Fisher en la revista inglesa Jane's Defence Weekly, reflejando los temores angloyanquis de que Cristina Fernández avanzara, durante su visita a China, en la firma de acuerdos para aumentar la cooperación militar bilateral, incluyendo la construcción de nuevos buques de guerra para la Armada Argentina.
La ampliación de la cooperación militar argentino-china ya llevaba un año de preparación cuando se firmó el 29/10/2014 un memorando de entendimiento en una Comisión Mixta Argentino-China sobre Cooperación en el Campo de Tecnología de Defensa e Industria. Los programas de desarrollo conjuntos se terminaron de definir durante una visita de una delegación comercial de Defensa de China a Buenos Aires a fines de enero, sostuvo Fisher.
Nada de esto se informó en oportunidad de este viaje de Cristina Fernández, pero es lícito pensar que fue un tema de conversaciones secretas que estaría en el trasfondo de la agudizada disputa interimperialista desencadenada en el mes de enero, que obligó a postergar la convocatoria a sesiones extraordinaria para la aprobación de los “convenios” por la Cámara de Diputados antes del viaje.