La presidenta Cristina Fernández venía negándose sistemáticamente a las distintas propuestas de una asignación familiar universal para todos los niños y adolescentes hasta los 18 años. Al extremo que, por ejemplo, el 14 de agosto pasado, cuando lanzó el plan de cooperativas, afirmó al respecto que “el Estado no está para regalar cosas”, reiterando el pedido de que el Congreso hiciera un “abordaje serio” del tema y afirmando que “como administradora y titular del Poder Ejecutivo tengo el deber de administrar y establecer estrictamente de dónde vamos a transferir recursos de un sector a otro”.
Pero como el tema estaba en la calle, con el lacerante drama de más de 6 millones de chicos en hogares en situación de indigencia o extrema pobreza, denunciado por las distintas organizaciones sociales y tomado como bandera por prácticamente toda la oposición política, para seguir con su atropellada sobre el Congreso con la llamada “reforma política” no le quedó otra que armar rápidamente el escenario y ser ella la que imponga su plan al respecto. No sólo para quitarle la iniciativa a la oposición sino para imponer su criterio y evitar que se discuta el alcance del plan y de dónde iban a salir los fondos. En particular, limitar la universalidad de los beneficiarios y no permitir que se planteen modificaciones en las partidas del Presupuesto 2010 (por ejemplo lo que se tiene previsto para el pago de la deuda pública) o propuestas para eliminar las excensiones impositivas a los monopolios (por ejemplo al sector financiero y al minero).
De dónde salen los fondos
Al gobierno no se le ocurrió nada mejor que volver a meter mano en la Anses, a los fondos para los jubilados y pensionados. Así, en lugar de utilizar los “excedentes” que permitió la nacionalización del sistema previsional para mejorar los haberes de los más de 4 millones que hoy están en la mínima, opta por que sean esos mayores los que paguen las asignaciones para los 6 millones de niños de familias pobres o indigentes, que dijo la presidenta va a cubrir con esta medida. Está claro, entonces, qué significa para ella “su” derecho de “establecer estrictamente de dónde vamos a transferir recursos de un sector a otro” y cuál es su idea de “la redistribución de la riqueza”, lo que ratifica en el artículo 1° del decreto al decir que se trata de “un subsistema no contributivo”, en definitiva un “regalo”, pero no del Estado que “no está para regalar cosas”, sino de los actuales y futuros jubilados y pensionados.
Quiénes son excluídos
En cuanto a la universalidad planteada en el pomposo nombre de “Asignación universal por hijo para protección social”, después de decir también en el artículo 1° que es para todos aquellos que “pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal”, ya en el artículo 2° se excluye a los trabajadores informales que perciban “una remuneración superior al salario mínimo, vital y móvil”. Es decir que “quedan excluidos” todos aquellos chicos de grupos familiares que reciban un peso más de los $ 1.440 que debería ser lo mínimo que deberían cobrar según la ley, y que por ser informales no tienen asignación familiar. También, según el artículo 5°, quedan excluidos todos los chicos que superen el número de cinco (5) por grupo familiar.
Además, al ser una asignación que sólo incluye a desocupados e informales que no cobren el salario mínimo y a los llamados “monotributistas sociales” (artículo 8°), quedan excluidos todas las personas que realicen trabajos domésticos registradas que actualmente no tienen asignaciones familiares, por tener un tratamiento similar al de los monotributistas, al igual que todos los demás trabajadores que son registrados en esa categoría, por lo que tampoco tienen asignaciones familiares. También quedan excluidos los que cobran el seguro de desempleo, los beneficiarios de la ley de riesgos del Trabajo, los jubilados y pensionados con hijos menores y con Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur, cuyas asignaciones son de $ 180, 136 y 91 pesos por hijo o prenatal según la escala salarial.
Un “pase de manga”
Por último, para “hacerla redonda”, el artículo 9° establece que el cobro de las asignaciones previstas en este decreto es “incompatible” con el cobro de cualquier suma originada en planes sociales como los planes Familia y Jefas y jefes de hogar. Pero no se prevé que esa plata vaya a la Anses. Con lo que los fondos de las jubilaciones irán (a través de las asignaciones familiares) a reemplazar los 5 mil millones de pesos que según el Presupuesto 2010 está destinado a esas prestaciones (en particular los planes Familia y Jefes y Jefas), quedándole a los K las manos libres para usar esa plata para pagar sus taxis aéreos o más deuda.
