Los argumentos para el recorte fueron unos “criterios” elaborados por un personaje llamado Guillermo Badino, titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social. Badino se basó en un decreto de la época menemista (el decreto 423 de 1997) que no se usaba porque pasó a ser inconstitucional desde la adhesión de Argentina en 2014 a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad.
Los argumentos para el recorte fueron unos “criterios” elaborados por un personaje llamado Guillermo Badino, titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social. Badino se basó en un decreto de la época menemista (el decreto 423 de 1997) que no se usaba porque pasó a ser inconstitucional desde la adhesión de Argentina en 2014 a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad.
Dejaban de recibir la pensión, de 4.400 pesos mensuales, los que tuvieran “bienes a nombre del beneficiario -incluidos los autos usados que hayan sido fruto de una donación-, un entorno familiar con ingresos cercanos $19.200 (tres jubilaciones mínimas), o que el beneficiario tuviera un cónyuge que percibiera otra asistencia del Estado, como por ejemplo una jubilación mínima de $6.377” (Clarín, 12/6).
El mismo Badino fue el que dijo, justificando la brutal medida por la cual miles de discapacitados se enteraron en el Banco que no tenían más la pensión y no fueron notificados previamente que “no tenemos los teléfonos de todos y no es efectiva la comunicación por carta”. Pero ahí no termina Badino, cuyo perfil de Linkedin destaca sus “specialties” en gestión de personas, negociaciones, resolución de conflictos y desarrollo de competencias gerenciales. Agregó como ejemplo de quienes no tienen por qué ser beneficiarios de esta pensión: “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”.
Son tan indignantes estas expresiones que cuesta conservar la calma para contestarle. Badino es la cabal expresión de este gobierno de ricos para ricos, que así como despidió miles de estatales con el argumento de los ñoquis, hoy da de baja miles de pensiones por discapacidad, con el argumento de que hay quienes la cobran sin merecerla. Digamos de paso que con estas expresiones Badino demuestra no tener la menor idea de lo que implica ser una persona con síndrome de down.
Pero una vez más tuvieron que dar marcha atrás. Primero quisieron justificar lo injustificable, luego la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, intentó apagar el fuego con un comunicado en el que dijo que si “alguna familia siente que ha sido excluida erróneamente del beneficio, tiene derecho a ser escuchada y que existe una línea gratuita específica para eso (0800-222-3294)”. Una tomadura de pelo.
La misma noche del jueves 15, tras la manifestación de centenares de discapacitados en el Obelisco, y las declaraciones de repudio de la mayoría de los partidos opositores, algunos integrantes del gobierno y hasta la Iglesia católica, la ministra Stanley anunció que el gobierno daba marcha atrás con la medida y planteó que “No se les restituirá la pensión a los que tengan ingresos confirmados de 100 mil pesos”. Obviamente nada dijo que el Estado nacional incumple la Ley 22.431, por la cual tendría que contratar un 4% de personas con discapacidad. Tampoco cumplen con leyes similares la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.
Este gobierno miserable, para el que sobramos 20 millones de argentinos, sigue llevando adelante medidas antipopulares, mientras busca enriquecer más a los grandes monopolios y terratenientes. Los sectores populares debemos redoblar la tarea para unir todo lo que pueda unir, en las calles y en las turnas, para torcerle el brazo.
