Por estos días nuevos alambrados se levantan para recluir aún más en la marginación a los habitantes originarios del Valle del Tulum y quizás la comparación con el sufrimiento de los habitantes de la Franja de Gaza parezca extremo, pero tiene grades similitudes. Los huarpes son una nacionalidad oprimida por el Estado argentino al igual que los palestinos por el Estado de Israel, y como dice el viejo dicho es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, por eso los sanjuaninos nos solidarizamos con el sufrimiento de otros pueblos en el mundo y nos cuesta ver lo que pasa acá.
Hasta no hace mucho tiempo la historia oficial de la provincia decía que lo huarpes y los demás pueblos originarios de San Juan habían desaparecido. Así, con poca investigación y menos fundamentos que el prejuicio y el oportunismo, las clases dominantes de San Juan resolvieron el problema de la legitimidad de sus tierras. Decretaron que ya no había quien pudiera reclamar nada.
Pero la realidad siempre se empecina en desenmascarar los relatos y cuando el escobarismo y el menemismo decidieron reconvertir la agricultura de la provincia sobre la base de la expansión de la frontera agrícola con nueva tecnología de riego (inventada en Israel ¡qué ironía!) ¡Oh sorpresa! Al avanzar en el desierto se encontraron con cientos y cientos de “puesteros” que no vinieron en los barcos. En la comunidad sanjuanina algunos comenzaron a revisar la posibilidad de la extinción de los huarpes, que efectivamente seguían ahí, diseminados por los márgenes del Valle del Tulum.
La comunidad Sawa fue una de las primeras en denunciar que sufrieron desplazamientos de sus comunidades por la instalación de un diferimiento impositivo, que con título de propiedad en mano, alambró, pasó la maquina por el campo y luego los contrató como empleados temporales o en negro.
Diferimientos, Ley de bosques
y ganadería
Hoy, por un lado la Constitución nacional garantiza los derechos de los pueblos preexistentes a la nacionalidad argentina, hay legislación y jurisprudencia nacional e internacional que los avala, el INAI (gobierno nacional) les da reconocimiento a los pueblos originarios de la provincia y entre otras cosas delimitó las zonas geográficas de cuatro comunidades huarpes (Pinkanta, Talquenca, Sawa y Rosa Guaquinchay). Pero por otro lado, también desde el gobierno nacional aparecen políticas que, al igual que hace 460 años los intentan expulsar de sus lugares y los margina con cada avance del “progreso”.
Nunca se los tuvo en cuenta cuando se construyó el Dique de Ullum y se les robó el agua y como consecuencia se secaron las Lagunas de Guanacache, su hábitat luego de la conquista.
Tampoco los tuvo en cuenta la reconversión agrícola de los ’90. En ese momento el escobarismo desechó la posibilidad de brindar apoyo a los minifundistas por considerarlos atrasados y poco susceptibles del cambio. Menos pensó en los originarios. Privilegió el régimen de diferimientos impositivos con el que se benefició a muchas firmas que compraron grandes cantidades de tierra con poco valor en el campo sanjuanino, supuestamente baldías, e instauró un nuevo tipo de latifundio, donde la producción se hizo eficiente sobre la base de reducir mano de obra con alta tecnología.
La ley de Bosques (Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en el año 2007), otorga subsidios a los propietarios de tierras para que cuiden la flora y la fauna nativa. Desde ese momento se revalorizaron títulos de propiedades que durante años pasaron de generación en generación en algunas familias sin que se ocuparan de ellas, y hoy aparecen de la mano de intendentes y funcionarios a reclamar derechos.
Por otro lado, en la Argentina la alta rentabilidad de los cereales, sobre todo la producción de soja, ha desplazado de las mejores tierras de la pampa húmeda a la producción ganadera, que se está trasladando a otras regiones con nuevas técnicas como el feedlot.
Para esto es que se estaría proyectando negocios en tierras huarpes, donde se podría criar animales en esos campos para luego engordarlos en corrales. En estos momentos se está construyendo una línea de electricidad trifásica que va a llegar a la zona a un costo de 35 millones de pesos ¿es para familias que usan una radio y un televisor? Eso podría resolverse con las tan mentadas pantallas solares. También se habla de minerales en la zona.
Nuevamente el “progreso” quiere echar a los originarios, simplemente porque el desarrollo capitalista es así, no integra, no contempla las necesidades de terceros, solo quiere maximizar ganancias bajando costos, eliminando competencias, apartando “estorbos” ¿Qué le puede importar a un inversor la suerte de familias que habitaron las tierras durante cientos de años? Nada, no es su problema, para esos está el gobierno que luego debe repartir subsidios y ayudas sociales, o la misma empresa se lava la cara con donaciones para caridad.
Pero es posible generar modelos productivos de inclusión, donde los originarios de la tierra no sean sólo un adorno en el nuevo relato oficial o la entretención para turistas. Las políticas oficiales deben lograr incorporar sus conocimientos ancestrales a los nuevos procesos productivos para darles calidad de vida real. La historia demuestra que es posible la convivencia de muchas nacionalidades en un mismo territorio, con un estado plurinacional, y es lo que debemos intentar alcanzar si queremos vivir en paz.
