El jueves 28, los profesionales de la salud porteños nucleados en la Coordinadora General por la Salud Pública (Cogresap) realizaron una marcha blanca que culminó en un acto frente a la Jefatura de Gobierno de la ciudad, en reclamo por la crisis que atraviesa los hospitales.
Durante el acto, trabajadores de hospitales públicos porteños denunciaron las distintas medidas que Macri viene tomando desde falta de pagos, despidos, fallas edilicias y represión:
El jueves 28, los profesionales de la salud porteños nucleados en la Coordinadora General por la Salud Pública (Cogresap) realizaron una marcha blanca que culminó en un acto frente a la Jefatura de Gobierno de la ciudad, en reclamo por la crisis que atraviesa los hospitales.
Durante el acto, trabajadores de hospitales públicos porteños denunciaron las distintas medidas que Macri viene tomando desde falta de pagos, despidos, fallas edilicias y represión:
“El 2013 fue sombrío para la salud pública: se inició con la represión policíaca en el Hospital Borda y durante este tiempo se está despidiendo personal, cierran servicios”, decía el texto de la Cogresap leído, que atribuyó esa situación a “insuficiencia, inoperancia y desidia”. Mientras continuaba la lectura del documento, los trabajadores gritaban “que se vaya” la ministra de Salud Reybaud que sostiene la política de ajuste y recortes en los hospitales.
En el documento, criticaron la resolución 1637, que limita las suplencias de guardia y pone límite a las suplencias de guardia de asignación exclusiva, y el decreto 260, que fija un nuevo escalafón para el personal de salud que elimina las jefaturas del departamento de Enfermería.
También denunciaron una rebaja salarial cercana al 25%, desde mayo, por un “supuesto error del Ministerio de Modernización”.
Más tarde, profesionales de distintos hospitales hicieron uso de la palabra cuestionando esta política de despidos y recortes salariales.
Gustavo Alvarez del Hospital Beltrán denunció que de un día para el otro “98 trabajadores quedaron en la calle” donde quedaron afectados todos los servicios.
Darío Cabia, por el hospital Borda denunció la política de arrasar con la salud pública, que arranca “con los edificios que luego tiran abajo”.
Lucía por la Asamblea de Residentes y Concurrentes informó que desde junio no cobran el sueldo y que desde la oficina de liquidación de haberes no tienen respuestas.
Silvia De Francesco, del Hospital Gutiérrez, recordó la intoxicación por monóxido de carbono que sufrieron algunos pacientes meses atrás por un escape de gas, y calificó de “avasallamiento” las políticas aplicadas por el gobierno de Mauricio Macri”.
Luis Masarella del Moyano instó a ir por “los fueros laborales nacionales” ante la quita de antigüedad.
Liliana Hilario del hospital Ameghino denunció que los profesionales que se jubilan, sus cargos quedan descubiertos. “hace seis años, los cargos vacantes son otorgados de manera arbitraria a dedo”.
Marcelo Frondizi, de ATE Talleres Protegidos, afirmó que el Gobierno “llamó a reiniciar las tareas para construir el Centro Cívico en tierras del Borda, en donde está el taller protegido derribado”, aunque “sigue en vigencia el amparo de la justicia que frenó el proyecto”.
Ivan Sotomayor, por la asociación de profesionales de Enfermería denunció que el promedio salarial de un enfermero inicial es de $1.840 y los auxiliares, $1.600.
Andrés Agnon por la asociación de Psicólogos de la Ciudad denunció la falta de nombramientos genuinos que hacen imposible el desarrollo de tratamientos en salud mental.
Jorge Pachame del Frente de Recuperación Gremial denunció el no pago a los residentes, el desfinanciamiento, la miseria salarial, “y ahora con el golpe de gracia del Decreto 1657” “que rebajó el 40% del total de las suplencias de guardia con lo que se afectaron las guardias, las plantas y empezaron los despidos en los hospitales porteños”.
La situación en el SAME
Alejandra Yabani, del SAME, habló en nombre de los pediatras ante la amenaza de reducción de personal y de reducción salarial: “somos pediatras que trabajamos hace 13 años”. Denunció: “semejante genocidio laboral afecta a hospitales y centros de salud profesionales, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, farmacéuticos, obstetras, bioquímicos, fonoaudiólogos. Esta medida de extrema gravedad a miles de pacientes sin atención. Más allá del levantamiento de los programas del SAME, entre los servicios afectados por la desaparición de la suplencia de guardia están: hospital de día de adicciones, juego patológico, tabaquismo, violencia familiar, violencia de género, trata de personas, hospital de día para niños autistas, pacientes graves psiquiátricos, consultorios externos infanto-juveniles y de adultos del Alvarez y los suplentes de planta del Hospital Alvarez; psicoprofilaxis quirúrgica, abuso sexual infantil, internación de pacientes con padecimiento mental en el Borda, Moyano, Tobar García, Alvear y numerosos centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires planteamos la derogación urgente del decreto 1657.”
