Entre el público estuvieron presentes estudiantes de la Facultad, abogados, compañeros de la CCC de Soldati, representantes de organismos de derechos humanos, dirigentes del PCR, y un grupo de refugiados políticos peruanos integrantes de la organización “Solidaridad Internacional”. A continuación una síntesis de los panelistas.
Represión en tiempos de Kirchner
Martín Bustamante, presidente de la FUBA, hizo un repaso de las luchas del último año del movimiento estudiantil de la UBA, en especial la lucha por la democratización, y cómo el gobierno de Kirchner y los sectores que dirigen la UBA recurrieron a diferentes formas de represión para frenarlo: el ataque de patotas del gremio no docente, el inicio de sumarios académicos a los estudiantes y la represión policial con causas judiciales abiertas como en el caso de la Asamblea Universitaria realizada en el Congreso Nacional el 18 de diciembre de 2006.
Lo relacionó con la represión a otros sectores en lucha, como los estudiantes secundarios, docentes y no docentes del colegio Carlos Pellegrini y los trabajadores del Hospital de Clínicas y el Hospital Francés.
Freddy Mariño, de la Mesa Federal de la CCC, comenzó relatando cómo en los últimos meses del gobierno de Kirchner se viene produciendo un agravamiento de las condiciones de vida en los desocupados, donde el plan de $ 150 ya no alcanza para cubrir las mínimas necesidades, y ha vuelto el hambre a los barrios en diferentes zonas del país. Esto hace que se calienten cada vez más los ánimos entre los de abajo e incluso que sectores de desocupados que venían vinculados al gobierno comiencen a despegarse para participar de la lucha social.
Hizo mención a los compañeros presos políticos de este gobierno y se solidarizó con el “Perro” Santillán por el ataque sufrido por su hija en la provincia de Jujuy.
Informó sobre la causa judicial iniciada en el 2005 por un corte de ruta en Matanza, en la que se encuentran procesados junto a él Amancay Ardura y Marcelo Martínez de Matanza, causa iniciada directamente bajo las órdenes y el control del ministro Aníbal Fernández y la Policía Federal. Agradeció la solidaridad recibida por parte de las organizaciones populares que se movilizan para defender a sus dirigentes cuando son perseguidos y convocó a acompañar la movilización que se hará para acompañar la presentación de un escrito exigiendo el cierre de la causa el día 12 de septiembre en los tribunales federales de Morón.
Fernando Molinas, de Liberpueblo, realizó un repaso de cómo desde la década pasada, con el surgimiento de los cortes de ruta y otro tipo de protestas sociales, hubo una política estatal de perseguir a aquellos que participaban de las mismas con el argumento de que no se castigaba el hecho de protestar sino a los “excesos” producidos durante las mismas. Así se llega a la situación actual donde hay más de 5.000 procesados por defender sus derechos, muchos de ellos bajo el actual gobierno, con figuras que contemplan mayores penas. Para estos casos recordó la exigencia de los organismos de derechos humanos de que el Congreso sancione una Ley de Amnistía.
Explicó la gravedad que implica para todos los que luchan la reciente sanción de la Ley Antiterrorista, impulsada en el Congreso por el gobierno de Kirchner. Señaló que esta ley no va a implicar mayores penas para los autores de hechos como los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel, pretexto que se dio para su aprobación, ya que nuestro código penal prevé para esos casos la máxima pena, o sea cadena perpetua. En cambio, esta ley está pensada para perseguir a aquellos que participan de la lucha social y política ya que es una ley que no pena hechos delictivos sino el pertenecer a algún tipo de organización (designada como “asociación ilícita terrorista”) que busque obligar al Estado a tomar o abstenerse de tomar determinada medida. Ubicó a la ley dentro del marco jurídico impulsado en el ámbito internacional por Estados Unidos y otras potencias, que legitima la inteligencia interior y permite la detención de “sospechosos” de cometer delitos contra los Estados, cuyo ejemplo más crudo es la situación de los presos en el campo de concentración de Guantánamo.
En el debate surgido con posterioridad hubo consenso en que es una necesidad urgente del movimiento popular exigir la derogación de la Ley Antiterrorista, tomando como modelo la lucha por la anulación de las leyes de Obediencia debida y Punto final.
La actividad finalizó convocando a la movilización organizada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia a un año de la desaparición de Julio López, el 18 de septiembre a las 17 hs de Congreso a Plaza de Mayo.
