Organizaciones No Gubernamentales (ONG) denunciaron a través de Internet, que en los últimos dos meses fueron arrestados al menos siete de los más destacados defensores de los derechos de los trabajadores; dos de ellos aún permanecen encarcelados: “Se trata de Zeng Feiyan y He Xiaobo, líderes de dos conocidas ONG dedicadas a ayudar a los asalariados, quienes hace tres semanas fueron acusados formalmente de ‘alterar el orden público’ y ‘malversar fondos’ y se enfrentan a una posible condena de hasta siete años de prisión. El resto de sus compañeros han sido liberados bajo fíanza a lo largo de estas semanas, y todos ellos denuncian la campaña difamatoria -escándalos sexuales incluidos- a la que los están sometiendo desde los medios controlados por el gobierno.
“Durante los últimos años, los trabajadores chinos se han vuelto más conscientes de sus derechos y están más dispuestos a luchar por ellos, en parte gracias al apoyo legal de ONG como las que empleaban a los arrestados”, sostiene Yaxue Cao, fundadora de la web Chinachange.org. “Temen que las masas insatisfechas se vuelvan contra ellos, por eso los detienen”.
Con el cierre de fábricas y obras y el aumento de los despidos, muchos obreros están viviendo su particular fin del sueño chino. Es el caso de las decenas de miles de personas que hace años emigraron de las pobres zonas rurales del interior a centros industriales como el de Cantón, conocida como la fábrica del mundo. Desde que comenzó la crisis, son muchos los que de un día para otro se han quedado sin trabajo y han visto sus derechos vulnerados, una situación que ha ocasionado un auge de la conflictividad laboral.
Según un informe de China Labor Bulletin (CLB), grupo hongkonés que contabiliza huelgas y protestas, en 2015 hubo 2.741 incidentes, una cifra que iguala a la suma de los registrados en los cuatro años anteriores. “No sólo son los cierres y los atrasos en los pagos“, señala Geoffrey Crothall, director de CLB. “Los gobiernos locales no han implementado las normativas laborales y los empleadores no respetan los derechos de sus trabajadores“.
Por ello, cuando hay un problema, los obreros no tienen cauces legales para dirimir el conflicto y se ven forzados a emprender acciones colectivas al margen de la ley para reclamar sus derechos. Las ONG ahora atacadas les ayudaban a elegir a sus representantes y formular sus demandas, logrando en alguna ocasión parte de sus reivindicaciones. Sin embargo, la mayoría de las veces, los empleadores y las autoridades recurren a la policía para reprimir y detener a los líderes de los trabajadores.
En China, los asalariados no tienen el derecho de crear o formar parte de un sindicato de su elección. En todo el país sólo existe legalmente uno, la Federación Nacional de Sindicatos, una organización manejada por el llamado Partido Comunista y cuyos dirigentes son designados por Pekín. Aunque hace años era reconocido en la ley, hoy tampoco existe derecho de huelga.
Según Yaxue Cao, el frenazo económico y el aumento de la conflictividad laboral supone todo un desafío para el gobierno de China, y ante el temor de que esto pueda socavar su autoridad han optado por la vía expeditiva para poner freno a la creciente insatisfacción social. Pero Cao sostiene que esto no va a servir para acabar con los problemas. “El Gobierno cree que enjaulando a estos líderes del movimiento obrero nadie más osará desafiarles, una opción muy hipócrita teniendo en cuenta que el Partido Comunista se reivindica a sí mismo como la ‘vanguardia de la clase trabajadora’. Así solamente aceleran su propia caída“, añadió.
