El 2 de abril de 1982, Argentina recuperó el ejercicio pleno de su soberanía sobre los territorios y mares que Gran Bretaña usurpaba desde 1833. Hasta entonces, Gran Bretaña había ignorado nuestros derechos soberanos y las resoluciones internacionales que la obligaban a resolver su dominio colonialista sobre tierras y mares argentinos.
Producida la reconquista, el imperialismo inglés –asistido por Estados Unidos y con la complacencia de las potencias europeas–, puso en marcha su maquinaria bélica y le impuso a nuestro país una guerra de agresión y de conquista.
Del 2 de abril al 14 de junio, soldados, suboficiales, oficiales y civiles argentinos enfrentaron la agresión británica, con el aliento patriótico de miles de voluntarios y la solidaridad de la mayoría de la población, en particular de sus madres, esposas, novias y hermanas que hacían diariamente la vigilia en suelo argentino. En muy difíciles condiciones, nuestros hombres en tierra, aire y mar libraron duras y heroicos combates en los que ofrendaron la vida 649 héroes.
El 14 de junio las fuerzas argentinas fueron derrotadas militarmente, pero la Argentina no se rindió ni aceptó el cese del fuego como eran las pretensiones británicas.
Al retornar al continente, los combatientes argentinos fueron dispersados, silenciados y humillados: era el inicio del proceso de desmalvinización cuyo cometido principal era borrar de la memoria del pueblo la osadía argentina de atreverse a recuperar lo que le pertenecía. Sobre todos nuestros combatientes se abatió una campaña de desprestigio y la Argentina fue víctima del “castigo infinito” por haber enfrentado a los poderosos del mundo. La dictadura militar, en su último turno, inició el camino de la desmalvinización.
Con los “Acuerdos de Madrid” de octubre de 1989 (paraguas británico de soberanía), y de febrero de 1990 (control de policía de parte del Reino Unido sobre los sistemas y fuerzas de defensa argentinas), y la “Ley de garantía a las inversiones británicas” N° 24.184, conocida como “Tratado de Londres”, del 4 de noviembre de 1992, se concretó en los hechos, la rendición incondicional ante la potencia ocupante.
Desde entonces, y para todos los gobiernos posteriores a junio de 1982, los “Acuerdos de Madrid” rigen las relaciones políticas, diplomáticas y militares de subordinación con Inglaterra.
El gobierno de Macri
Con Macri se produjo un grave retroceso en la cuestión Malvinas. No sólo en lo que respecta a la ocupación colonial de nuestros territorios, sino que compromete los intereses argentinos en la Antártida y en la Patagonia.
Desde antes de su elección como presidente, Macri publicitó su relación con el magnate inglés Joseph Lewis, propietario de un latifundio de 40.000 hectáreas en Río Negro donde posee un aeropuerto donde pueden aterrizar aviones de gran porte como los que utiliza la OTAN. Luego de realizada la votación de las PASO en el año 2015, Macri fue a “descansar” a la mansión que Lewis tiene en “Lago Escondido”, en otro latifundio de 13.000 has. también en Río Negro. Posteriormente se hizo pública la relación de Lewis y Macri en distintos negocios energéticos.
Semanas después, viajó a Londres, donde ratificó, en una reunión con el entonces primer ministro Cameron, la vigencia de los Acuerdos de Madrid y la subordinación argentina a ellos.
La “nota de entendimiento” de septiembre de 2016 suscripta por la canciller Malcorra y el Ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth británica, Alan Duncan, la Argentina ratificó nuevamente el “Acuerdo de Madrid” de octubre de 1989, como el único y exclusivo marco para el desarrollo de las relaciones bilaterales entre los dos países.
Posteriormente, el “Acuerdo Foradori–Duncan” avanzó en las concesiones en favor del Reino Unido. Se aceptaron todas las exigencias que la primer ministro Theresa May le hizo por nota a Macri a mediados de 2017.
Seguidamente, Macri consintió la participación de los kelpers como tercera parte en las reuniones del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, participación a la que la Argentina siempre se opuso, porque el conflicto es entre dos Estados, la Argentina y el Reino Unido.
Una población insertada
Los kelpers son una población insertada por Inglaterra, son británicos y así se reconocen y son reconocidos por la metrópoli. No se trata de un pueblo originario ni le asiste derecho de autodeterminación como lo establecieron las Naciones Unidas en las resoluciones N° 1514 y 2060 y otras. Las Naciones Unidas han rechazado las pretensiones británicas de otorgar derechos de autodeterminación en los casos de ocupación colonial, como fue en Gibraltar mediante un “referéndum”. La ONU estableció que Gibraltar es una colonia, la que por su mandato emitido en el año 1946 y reiterado anualmente, debe ser objeto de un proceso de descoloniza-ción por parte del Reino Unido para su posterior devolución a España. En la misma fecha, las mismas consideraciones fueron establecidas para Malvinas.
A esa gravísima concesión le siguieron declaraciones del canciller Faurie en el Congreso de la Nación y en otros auditorios –que le valieron denuncias por traición a la patria de parte de los veteranos de guerra de Malvinas–, quien caracterizó a los isleños como “pueblo” y propuso el mejoramiento de las relaciones entre esos dos supuestos “pueblos” (el argentino y el kelper). Esa posición oficial fue seguida de la autorización y promoción de viajes desde distintos puntos de América, incluido el propio territorio argentino, directos a Malvinas. El presidente provisional del Senado, Pinedo, llamó a las líneas aéreas privadas a realizar esos vuelos, para satisfacer el reclamo británico de abaratar y mejorar la logística de su ocupación colonial. El grueso de la población de Malvinas es personal militar que presta servicios en la Base de Monte Agradable (Mount Pleasant), la base militar extranjera más importante en Suramérica, con 1.500 efectivos. En esa base operan aviones ultramodernos, sistemas misilísticos de última generación y modernas naves de guerra. La otra base militar inglesa está en la Islas Georgias y, según expertos militares, es desde donde operan los submarinos nucleares británicos portadores de misiles nucleares intercontinentales y desde donde Inglaterra proyecta su capacidad militar hacia la Antártida.
Los ejercicios militares que Inglaterra realiza cada año en el Atlántico Sudoccidental, tienen como hipótesis de guerra a la Argentina por el control de las Islas, los mares adyacentes, la proyección antártica y la Patagonia.
También se han firmado “acuerdos científicos” sobre la Antártida, subordinando los intereses antárticos argentinos a Inglaterra que declaró un área de 437.000 km2 como “Tierras de la Reina Isabel”, área que comprende parte de la Tierra de Coats, la península Antártica, las islas Orcadas del Sur, las Shetland del Sur, la isla Alejandro I, entre muchas otras y que son zonas reclamadas por la Argentina. Nuestro país tiene presencia antártica desde 1904, cuatro años antes de que Inglaterra reclamara “su” sector Antártico británico, en 1908.
Indefensión nacional
Como corolario de la política de subordinación a los intereses colonialistas de Inglaterra, el ministro Aguad acaba de firmar acuerdos de “cooperación” militar para la defensa que avanzan aún más en la subordinación y control de los sistemas de defensa y de los instrumentos militares argentinos a los intereses estratégicos del imperialismo inglés y de la OTAN. Aguad fue uno de los pocos convencionales de la Constituyente de 1994 que se opuso a la inclusión de la cláusula transitoria sobre Malvinas en la reforma constitucional.
Cuando se produjo la tragedia del submarino ARA San Juan, Aguad se hallaba en el exterior listo a firmar ese acuerdo con Inglaterra. La tragedia obligó a postergar su firma. El desastre del ARA San Juan es demostrativo del abandono del mantenimiento y modernización de los sistemas de defensa nacional y que costó la vida de sus 44 tripulantes, personal calificado para la custodia de la soberanía en el amplio litoral marítimo argentino.
Por lejos, el gobierno de Macri ha profundizado la política de subordinación a los intereses militares estratégicos del Reino Unido en el Atlántico sudoccidental, concordante con la “alianza estratégica” con Estados Unidos, de regreso a la doctrina de seguridad nacional (represión interna) al adherir formalmente a la “estrategia de las nuevas amenazas” impulsada por Estados Unidos (que estableció esa orientación militar estratégica en el documento Santa Fe IV a finales del 2000), y la destrucción total de los remanentes de las capacidades industriales y científico–técnicas para la defensa nacional, con la liquidación de Fabricaciones Militares, la Fábrica de aviones en Córdoba, etc.
La concesión de bases militares a Estados Unidos en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil; en Neuquén, bajo el disfraz de “tareas humanitarias, en las proximidades de la base que China posee en esa misma provincia, y en Tierra del Fuego, directamente sobre el pasaje interoceánico, sumada a las bases inglesas en los territorios insulares reocupados desde el 14 de junio de 1982, constituyen un gravísimo peligro para la soberanía y la integridad territorial de nuestro país.
Hoy N° 1760 27/03/2019
