Su apoyo fue el punto más alto de un operativo que contó con un despliegue mediático destinado a transformar ante la opinión pública al efectivo policial en una “víctima” del garantismo por el sólo hecho de “cumplir con su deber de proteger a las personas indefensas ante la delincuencia”.
Su apoyo fue el punto más alto de un operativo que contó con un despliegue mediático destinado a transformar ante la opinión pública al efectivo policial en una “víctima” del garantismo por el sólo hecho de “cumplir con su deber de proteger a las personas indefensas ante la delincuencia”.
El caso: un efectivo de la policía comunal de Avellaneda, para evitar la huida de un joven (Juan Pablo Kukok) que había robado y apuñalado a un turista norteamericano, le dispara por la espalda, a 10 metros de distancia, infringiéndole dos impactos de bala en la espalda que le provocan la muerte tres días después.
El hecho tiene numerosos aspectos a destacar. Desde la situación de los jóvenes pobres de este país, al fracaso del “reformatorio” por el cual Juan Pablo había pasado, la preparación de los efectivos de las “policías locales”, el uso desproporcionado de fuerza letal por parte del policía, la grave situación de inseguridad que vive nuestro pueblo, son algunos de los temas que podrían analizarse.
El punto que motiva el presente artículo es el aval oficial al actuar de este policía, que en buen romance implica instruir a todos los miembros de las fuerzas de seguridad que tiren a matar.
Este respaldo irrestricto del presidente a las fuerzas de seguridad no es un hecho aislado. Primero fueron Bullrich, Garavano y Michetti quienes en los casos de Maldonado y Rafael Nahuel hicieron lo propio con la Gendarmería y Prefectura. Este consolidado respaldo irrestricto viene generando que las fuerzas de seguridad actúen en forma más violenta y arbitraria, lo que genera un aumento de los casos de violación a los derechos humanos, y también en el nivel de inseguridad ciudadana, que lejos de bajar, sube por acción de los propios efectivos policiales (mayor cantidad de víctimas en cada hecho y mayor nivel de violencia social).
Frente al agravamiento de la desigualdad social, que golpea con crudeza a los jóvenes más pobres, y el aumento de las luchas contra el ajuste que plantea Macri no deben subestimarse estos hechos.
Mucho menos debe subestimarse el legítimo reclamo social por más seguridad, el cual Macri pretende aprovechar para justificar su política de represión y mano dura policial.
Debemos salir a dar la discusión en el seno de nuestro pueblo para hacer ver que dar carta blanca a las fuerzas de seguridad no es la solución a los problemas de inseguridad y que es necesario reunir la más amplia unidad para frenar esta política que quiere naturalizar la violencia policial, y la represión.
