La eliminación del subsidio a los hidrocarburos dispuesta por el Decreto Supremo 5503 encendió la mecha de una amplia protesta social en Bolivia. La medida, presentada por el Ejecutivo como parte de un ajuste para enfrentar la crisis económica, elevó el precio de la gasolina especial en torno al 86% y del diésel en más del 163%, con impacto inmediato en el transporte y la canasta básica.
Desde organizaciones sindicales y sociales se calificó la decisión como una ofensiva antipopular que golpea de lleno a trabajadores asalariados, cuentapropistas y jubilados, mientras -denuncian- se benefician los grandes grupos económicos. El contraste entre el recorte de subsidios y el alivio impositivo a las grandes fortunas fue señalado como una muestra del carácter regresivo del ajuste.
La Central Obrera Boliviana (COB) encabezó marchas multitudinarias en La Paz y otras ciudades la semana pasada. Tras un diálogo sin resultados con el Gobierno, la central obrera abandonó la Casa Grande del Pueblo al grito de “¡abrogación!” y anunció un bloqueo nacional de carreteras. “El pedido es uno solo: que se derogue este decreto”, afirmó el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, al ratificar que las próximas medidas serán definidas por las bases.
Las movilizaciones fueron reprimidas cuando columnas de trabajadores y campesinos intentaron avanzar hacia la Plaza Murillo en La Paz. Gases lacrimógenos y balines de goma dejaron heridos y profundizaron el repudio a la política oficial. La represión se sumó a denuncias de allanamientos y detenciones de dirigentes sindicales.
En ese marco, el expresidente Evo Morales advirtió sobre un “estado de sitio de facto”. Señaló el acuartelamiento de las Fuerzas Armadas, la suspensión del licenciamiento de conscriptos y el traslado de efectivos como parte de una estrategia para disciplinar al movimiento social. Morales llamó a la unidad de mineros, fabriles, campesinos, pueblos indígenas y trabajadores de la salud y la educación, bajo la conducción de la COB, para enfrentar lo que definió como una ofensiva neoliberal.
Durante casi veinte años, los combustibles mantuvieron precios subsidiados. Con el decreto 5503, la gasolina pasó de 3,74 a 6,96 bolivianos por litro y el diésel de 3,72 a 9,80. El salto de precios reavivó una memoria histórica de luchas contra ajustes similares y abrió un nuevo capítulo de confrontación entre el Gobierno y las organizaciones populares.
Mientras se multiplican las marchas y los cortes de ruta, el conflicto sigue abierto. La consigna que recorre calles y carreteras es clara: la anulación del decreto y el freno a un ajuste que, denuncian, vuelve a descargar la crisis sobre los hombros del pueblo.
hoy N° 2092 14/01/2026
