Y esto después de tres meses que esos ministros no dejaran de hablar de gradualismo y de asegurar que el apoyo parlamentario a la usuraria ley de pago a los holdouts era la única opción para evitar “un ajuste salvaje”, como chantajearon los personeros de JP Morgan y Deutsche Bank, el ministro Alfonso Prat Gay y su secretario Luis Caputo (ver: “¿Entrega no es ‘ajuste salvaje’?”, hoy, n° 1608, 9/3/2016).
No había terminado de despegar el avión que llevaba a Macri a Nueva York –a pavonearse de “su triunfo” ante los máximos representantes de los distintos imperialismos que se disputan el país–, cuando su ministro de Transporte Guillermo Dietrich anunciaba desde la Casa Rosada (no pudo hacerlo desde el ministerio por la oposición de sus trabajadores), un 100% de aumento en las tarifas de todos los colectivos y trenes del Área Metropolitana. “En plata no es tanto”, diría después ante semejante nuevo hachazo a los hoy ya recontraatrasados salarios de los trabajadores. Para él no será tanto –que alardea andar en bicicleta, aunque no se priva del avión presidencial–, pero para la mayoría de los trabajadores a los que no se les da la “tarifa social”, que son los que tienen que tomar obligatoriamente uno o dos transportes todos los días para llegar a sus trabajos, este aumento representa un importante recorte en sus salarios.
En el caso de un trabajador que tuviera que pagar la mínima, cosa que sería milagrosa por lo limitada de las secciones, puede parecer poca plata: en ida y vuelta los 22 días hábiles del mes, le resultará 122 pesos más. Pero si tiene que tomar dos colectivos, ya son 244 pesos más por mes, siempre que no se pase de sección. Así para la mayoría de los trabajadores, sobre todo los que viven en el Gran Buenos Aires, el hachazo resulta mayor, a lo que hay que agregar los 88 pesos más que les resulta si tienen que combinar con el tren.
Para todo el país
Trascartón, y sin que el ministro del área siquiera dé la cara, el ex Shell Aranguren, se publicó directamente en el Boletín Oficial, un aumento del 300% en las tarifas del gas, a los que les llega por redes en todo el país. Por ejemplo, un usuario que hasta ahora pagaba $34 por mes deberá desembolsar hasta $131 a partir de este mes. Además, como viene ocurriendo con los otros combustibles, los usuarios de gas comprimido sufrirán otro hachazo: el precio mayorista del GNC que era de $1 el metro cúbico, se aumentó ahora a $3,20, es decir 220%.
Y para el caso del agua corriente, el hachazo es aún mayor. También la empresa estatal AySA aumentará desde ahora un 300% en promedio la tarifa de sus servicios, que pasará de $132 a $500 por bimestre en la mayor parte de los casos. Es decir $184 más por mes por familia, que se suma al anterior tarifazo en la electricidad y a los nuevos tarifazos en el transporte y el gas, antes mencionados. Ni el DNI se escapa, que de $35 pasó a $60.
El gobierno macrista argumenta que no le queda otra que estos tarifazos para disminuir el déficit fiscal heredado, lo mismo que hace para postergar el robo a los asalariados a través del impuesto a los salarios y jubilaciones, mal llamado impuesto a las Ganancias. Pero esto bien podría lograrse si en vez de robar a los trabajadores para que los usureros y monopolios imperialistas sigan ganando, aplicara un impuesto de emergencia a las grandes fortunas y, en particular, a las transacciones financieras, al juego y a los grandes latifundistas, todos ellos fácilmente identificables.
