Esta propuesta forma parte de los 144 artículos que integran el borrador de un proyecto de ley ómnibus de cambios en materia laboral que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, presentó el lunes 30 de octubre ante un grupo de abogados representantes de sindicatos y cámaras empresarias.
Esta propuesta forma parte de los 144 artículos que integran el borrador de un proyecto de ley ómnibus de cambios en materia laboral que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, presentó el lunes 30 de octubre ante un grupo de abogados representantes de sindicatos y cámaras empresarias.
El proyecto establece un esquema progresivo de rebaja de dichos aportes durante un período de 5 años. El patrón, en vez de pagar aportes sobre el total del salario como se hace ahora, pagará a partir de un salario bruto actual de $11.500 ($10.000 netos), que se actualizará anualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El esquema establece una rebaja anual del 20% de esta parte del aporte patronal al sistema previsional, llegando al 100% en un plazo de 5 años. Este beneficio alcanzará a todas las empresas. Además, las empresas que blanqueen su personal no estarán obligadas a reconocer la antigüedad real de los trabajadores, y se les condonará todo tipo de multas derivadas de la no registración.
Los aportes patronales son parte del salario de los trabajadores que acumula el Estado a través de la Anses para su jubilación futura, es decir que constituyen una parte del salario diferido, que se suma a la parte que se le descuenta al propio trabajador. Por lo que la rebaja de aportes patronales implica una reducción en el salario diferido de los trabajadores y una transferencia de ingresos directa para los empleadores que, a su vez, reduce la recaudación del sistema de seguridad social.
“Si bien el Gobierno afirma que esta rebaja favorecerá el empleo registrado, entre 1994 y 2000 las contribuciones patronales bajaron del 33 al 17,8 por ciento mientras se incrementaron la desocupación y el empleo no registrado”, recuerda la CTA. En efecto, la lógica que subyace a los aspectos de la reforma laboral vinculados al blanqueo y a la rebaja de aportes es que la mejora del mercado de trabajo sólo se puede lograr si el empresario obtiene mayores ganancias, lo que supuestamente le incentivaría a aumentar la inversión productiva y la contratación de personal. Sin embargo, la propia experiencia argentina demuestra la falacia del argumento.
El ajuste sobre los jubilados y precarizados
La transferencia de ingresos al sector empresarial mediante la reducción de sus aportes al sistema de seguridad social, va a causar un mayor desfinanciamiento del mismo. Por lo que el presidente Macri ya anticipó un cambio en el sistema de actualización semestral de los haberes de los trabajadores jubilados y precarizados, que significa un mayor robo en sus haberes.
Las jubilaciones y los planes sociales se venían actualizando por un índice relacionado con los aumentos salariales y la recaudación impositiva. Como por las paritarias este año se logró una relativa recuperación de los salarios “en blanco” –en relación a mantener lo robado con la inflación en 2016–, ese índice de actualización también permitió recuperar parte lo perdido. Ahora el gobierno quiere dejarlo de lado y realizar la actualización sólo por el índice de la inflación. De ahí su decisión de indexar jubilaciones, pensiones y planes sociales por el índice de precios “como ocurre en 34 países evaluados por la OCDE” (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), según argumenta el Gobierno pretendiendo justificar este otro ajuste sobre los trabajadores.
De acuerdo a los datos preliminares que anunció el Gobierno, ese cambio del método podría explicar un recorte anual de $110.000 millones en el ingreso de los trabajadores que cobran la Asignación Universal, planes sociales, y los jubilados y pensionados, para cubrir la transferencia directa de ingresos hacia el sector empresario que constituye la rebaja progresiva de los aportes patronales al sistema previsional. A los sindicalistas se les quiere endulzar el oído diciéndole que eso no va a afectar los “salarios de bolsillo”, ya que es parte del salario diferido; pero el monto sustraído a las jubilaciones y planes es tan grande que también es un cebo para que lo aprueben los gobernadores, ya que se dice que con esa plata se va a cubrir lo que pierdan las provincias con el pacto fiscal que negocia el gobierno de Macri (Clarín, 12/11/2017).
Por eso es imperioso unir todas las fuerzas de los trabajadores y el pueblo contra estas dos medidas del macrismo en la lucha común para impedir que pase el paquete de la llamada “reforma laboral” con el que se quiere hacer de goma (flexibilizar), todas las condiciones de los trabajadores, para aumentar su superexplotación en beneficio principalmente de los grandes latifundistas y monopolios imperialistas que se disputan el saqueo del país, sus trabajadores y el pueblo oprimido.
