Los condenados a perpetua fueron los ex policías Raúl Ruiz Soppe (titular de la Regional Segunda), José Labarta (ex integrante del D2 de la Policía de Mendoza) y el teniente coronel (RE) Aníbal Guevara (ex oficial del Ejército integrante de los grupos de tareas). El abogado policial Raúl Bernal, que participó en la confección de las actas de libertad de los desaparecidos, fue condenado a 8 años. La condena se efectivizó en cárcel común en la prisión de la provincia, rechazando los pedidos de cárcel domiciliaria.
El tribunal también abrió nuevas investigaciones a varios implicados en falso testimonios y acusados durante el juicio, como es el caso de Oscar Pérez, actual representante del municipio en el Consejo Departamental de Seguridad y ex funcionario del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Celso Jaque y Hugo Trentini, implicado y condenado en el caso del asesinato de Bordón.
En ambas jornadas en el sur y en Mendoza el PCR y otras fuerzas se hicieron presentes, denunciando la represión y la impunidad de ayer y hoy. Las personas que se concentraron festejaron entre lágrimas las condenas, y marcharon por las calles céntricas.
Juicios en la ciudad de Mendoza
El jueves 18 comenzaron los juicios en Mendoza, después de dos años de obstaculizarlos por múltiples maniobras. Hay 10 imputados por 18 causas que comprenden a 32 desaparecidos en la provincia. Entre las causas se encuentran Lidia De Marinis, de 26 años, madre de un bebé de cinco meses y de Adriana Bonaldi de Carrera (23), embarazada de dos meses.
Entre los acusados se encuentran interventores de la provincia como Tamer Yapur, responsables de la subzona de Mendoza como el general de Brigada (RE) Mario Lépori, el general (RE) Juan Pablo Saá de la VIII Brigada de Montaña, mayor Paulino Furió (jefe de Inteligencia del Ejército) y ex policías y comisarios integrantes del D2 (uno de los centros clandestinos de Mendoza, el Palacio Policial) como Osvaldo Fernández Miranda, Eduardo Smaha, Agustín Oyarzábal, Celustiano Lucero y Alberto Rodríguez.
Los juicios, resultado de la lucha popular
Los juicios han sido el resultado de una larga lucha de los organismos de derechos humanos y del pueblo en general, que se logró a través de denuncias, marchas, rondas, escraches y piquetes. No ha sido ni es una concesión del gobierno. Tuvieron que pasar 23 años desde las leyes de impunidad para que se reabrieran y son una gran conquista popular. Los relatos de los testigos vuelven a poner a la luz lo terrible de la represión y conmueven al conjunto de la población.
Sin embargo los juicios se realizan sobre un conjunto de condicionantes que impiden que avancen en profundidad. No son realizados bajo la figura de genocidio o englobando las causas (de un Estado que llevó adelante un plan de represión) sino como crímenes comunes; sólo unos pocos represores han sido procesados, dejando en la impunidad a la inmensa mayoría. De los 200 desaparecidos que se tiene registro, sólo se están investigando las causas de 32 compañeros.
El gobierno de Jaque se ha presentado como querellante y pretende transformarse como paladín de los derechos humanos, pero no puede explicar por qué en sus filas hay varios implicados con la dictadura como fue el caso del ex comisario Rico, que estuvo al frente de la policía al inicio de su gestión o de Oscar Pérez, que ocupó cargos en el Ministerio de Justicia. El gobierno provincial no sólo que no ha hecho nada por los juicios sino que por el contrario ha sido cómplice de los represores. Por su parte, el gobierno nacional, mientras dice defender los derechos humanos, mantiene con su política juicios fragmentados y reducidos, impulsa el procesamiento a los luchadores populares como en Gualeguaychú y avanza con la política de tercerizar la represión como sucedió con el asesinato de Mariano Ferreyra y en la represión y asesinatos en Formosa.
Es necesario que todo el pueblo profundice el reclamo por una verdadera justicia, para que los represores vayan a la cárcel, pero también para terminar con las consecuencias económicas que nos dejó la dictadura y que continúa el gobierno actual. Porque el mejor homenaje a los compañeros desaparecidos sigue siendo continuar la lucha por una verdadera patria liberada y no ensuciar sus nombres para justificar nuevas miserables dependencias.
