Las organizaciones sociales y políticas abajo firmantes exigimos el sobreseimiento a seis compañeros de Mendoza (Leonardo Estrella, Nicolás Guillen, Guido Peña, Miguel Zárate, Daiana Giselle, Cristian Olguín) que reclamaban por el “Plan Intercosecha” y denunciamos un nuevo capítulo en la política de criminalización de la lucha social.
Las organizaciones sociales y políticas abajo firmantes exigimos el sobreseimiento a seis compañeros de Mendoza (Leonardo Estrella, Nicolás Guillen, Guido Peña, Miguel Zárate, Daiana Giselle, Cristian Olguín) que reclamaban por el “Plan Intercosecha” y denunciamos un nuevo capítulo en la política de criminalización de la lucha social.
El 30/6 se realizó una protesta en Mendoza en reclamo por la situación precaria de los obreros rurales y la exigencia de un plan intercosecha. La protesta se realizó en forma pacífica en tres puntos de la provincia: Ugarteche en Luján, Beltrán en Maipú y Pedro Molina en Guaymallén. En Ugarteche, uno de los centros de trabajo rural, el reclamo movilizó a más de 800 personas que exigían medidas políticas para enfrentar la falta de trabajo a partir del fin de la temporada y en momentos muy complicados con aumento de precios y salarios magros.
Al finalizar el reclamo en Ugarteche, seis compañeros fueron detenidos por gendarmería, iniciándoles una causa por “entorpecimiento de servicio públicos”, a cargo del juez federal Walter Bento. A pesar de haberle llevado al gobierno la problemática antes de la protesta con la intención de encontrar una solución, la respuesta fue el procesamiento a compañeros y la criminalización de la protesta.
Este hecho se inscribe en la política de criminalización de la protesta que lleva adelante el gobierno con el procesamiento a los luchadores populares, situación que se enmarca en la aprobación de la Ley antiterrorista y actualmente en el intento de prohibir o limitar los reclamos sociales con la “Ley antipiquete”.
El reclamo legítimo de los trabajadores rurales intenta ser amedrentado con esta causa. A pesar de ser el motor de la economía agraria y los protagonistas de la vendimia, son los más postergados y olvidados. La mayoría en negro, padeciendo el trabajo a destajo, al tanto, con el nefasto sistema de cuadrilleros, mal remunerado, sufriendo lesiones musculares irrecuperables como la tendinitis, sin ningún tipo de cobertura sindical que impida los abusos y sin obra social que cubra los tratamientos de esas enfermedades laborales. A pesar de que los obreros son los que generan las riquezas son los que menos beneficios perciben. Así por ejemplo, la inmensa mayoría del valor de un litro de vino queda en manos de los grandes bodegueros, cadenas de comercialización y el Estado (50%, 25% y 18% respectivamente), mientras el pequeño productor apenas recibe el 6,4% y el obrero de cosecha sólo el 0,6%.
Es el gobernador de la provincia, Francisco Pérez, quien tiene la solución para destrabar el conflicto, y quien en su discurso del 1 de mayo (el mismo día que terminaba la cosecha) se “olvidó” del obrero rural. Largos párrafos de su discurso dedicado al campo, pero ni una palabra para el trabajador de la tierra. Hemos solicitado a su gobierno la implementación de una partida presupuestaria reglamentada por ley, que contemple los miles de empleos rurales que durante el invierno tienen una merma en el trabajo, lo que hace imprescindible un plan de sostenimiento de empleo a esos miles de trabajadores rurales, similar al Interzafra de Tucumán.
Denunciamos estas políticas represivas del gobierno que buscan amedrentar la lucha y exigimos el cierre de la causa a los 6 procesados que intenta limitar el derecho a protestar contra las políticas de ajuste.
