El lunes 1° de agosto detuvieron y encarcelaron a Roberto Macho (secretario general de ATE Mendoza) y a otros miembros de la comisión directiva. Los cargos y el delito eran haber cortado calles en el marco de la protesta por aumento salarial. El encarcelamiento de un dirigente gremial por reclamar aumento de sueldo no se producía desde la época de la dictadura.
Ese mismo lunes era asesinada Karen Ríos en el departamento de Rivadavia en un brutal femicidio. Cuando familiares, organizaciones sociales como la CCC y el pueblo en general se volcaron a las calles del departamento para reclamar justicia, la policía reprimió violentamente la manifestación, mostrando, una vez más, que es una fuerza que “reprime” rápido los reclamos sociales pero que es inútil para prevenir los casos de violencia de género.
Ambas situaciones muestran las políticas centrales del gobierno de Cambiemos en la provincia: salarios de hambre para el pueblo (Mendoza tiene uno de los salarios estatales más bajos del país) y, por otra parte, represión y criminalización para los que protestan contra las políticas de ajuste y explotación.
Mientras el gobierno provincial mantiene importantes subsidios a las grandes petroleras y monopolios vinculados al agronegocio, cercanos al 40% de la inversión con el programa Mendoza Activa, busca imponer aumentos por debajo de la inflación en sueldos que se encuentran a la mitad de la canasta familiar. Muestran la esencia de su política, ya que buscan seguir engrosando un gran superávit que se forma sobre el ajuste de las mayorías para continuar financiando a las minorías.
Esta ofensiva represiva es parte de una política nacional impulsada por los representantes políticos y judiciales de Juntos por el Cambio, como se evidenció en los recientes allanamientos a distintas organizaciones sociales, entre ellas a la CCC. Estos sectores, con el apoyo de medios hegemónicos, vienen sosteniendo la necesidad de un ajuste estructural (eliminación de derechos laborales, reforma de la jubilación elevando la edad jubilatoria, privatización de salud y educación, terminar con la ayuda social, etc.) y para este objetivo, avanzan en la criminalización de la lucha para impedir cualquier protesta social. Para estos grupos vale más el derecho a circular que el derecho a alimentarse y cobrar un salario digno.
Sin embargo, la acción del gobierno provincial que ha intentado amedrentar la protesta ha tenido el efecto contrario. El martes 2 se produjo una gran movilización convocada por ATE en repudio a la detención de los dirigentes gremiales acompañada por un gran arco de organizaciones vinculadas a la CGT, CTA y movimientos sociales. Guido Peña, coordinador provincial de la CCC, al hablar en el acto sostuvo “quieren venir por nuestros derechos, pero se lo vamos a impedir con lucha y unidad”.
Apepro Cuyo (FNC) junto con el MTE, realizaron un verdurazo el miércoles en reclamo por la situación desastrosa que están atravesando los pequeños y medianos productores.
Los trabajadores de la educación, luego del paro de 48 horas y de la gigantesca movilización del 26/7, aprobaron un paro de 72 horas a partir del lunes 8/8 ante el miserable aumento por decreto establecido por el gobernador.
ATE y ATSA también han convocado a un paro de 72 horas en las mismas fechas y están en negociación Judiciales y Ampros (salud), entre otros. Brotan en distintas dependencias y fábricas reclamos por aumento salarial.
Al cierre de esta nota las organizaciones sociales realizaban una gran marcha el 8/8 en el marco de la jornada nacional, en la que se presentaba el proyecto de “Vivienda y Trabajo” en la Legislatura provincial y terminó en un gran acto en Casa de Gobierno. La movilización fue bendecida por Pastoral Social y cuenta con el apoyo de los legisladores del Frente de Todos.
Se ha constituido una mesa de coordinación entre representantes de la CTA con gremios estatales, de la CGT y las organizaciones sociales, con el objetivo de coordinar acciones, participar en las distintas manifestaciones, repudiar la criminalización de la protesta social, avanzar en la lucha por salario y las emergencias con la perspectiva de organizar la protesta del 17 de agosto y plantear un programa de salida popular.
La lucha de los trabajadores de la educación ha sido un punto de inflexión para los trabajadores y el pueblo, como decían sus carteles: “hemos perdido tanto que hemos perdido el miedo”. La represión y criminalización junto con declaraciones soberbias de los funcionarios, lejos de amedrentar la protesta la ha profundizado y extendido. Se multiplican distintos afluentes populares que están articulando y buscando profundizar su unidad, con una consigna que subyace: el pueblo no está dispuesto a pagar el ajuste.
Es un mensaje centralmente para los planes brutales de la derecha, pero también para el gobierno nacional ante el ajuste exigido por el FMI. Como en otras oportunidades ningún plan de ajuste por arriba se podrá imponer con la lucha de abajo, lo que genera muy buenas condiciones para canalizar la lucha hacia una salida popular.
Corresponsal
Hoy N° 1925 10/08/2022
