El gobierno de Peña Nieto aumentó el 20% el precio de los combustibles a partir del 1 de enero, el mayor aumento en años. La indignación ganó rápidamente en vastos sectores populares mexicanos. Se profundiza la política antipopular del gobierno, que viene avanzando en la privatización de los recursos, como la petrolera Pemex y las empresas estatales de agua. A esto se suma una creciente represión e impunidad para casos como el de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.
La política de Peña Nieto ha llevado a que la mitad de la población mexicana se encuentre bajo el límite de la pobreza, con un aumento de la superexplotación. Este aumento del combustible es otro golpe directo al bolsillo ya que eleva automáticamente el precio de los productos de primera necesidad y de los servicios.
El “gasolinazo”, como lo llaman en México, derivó en grandes marchas de miles de personas, saqueos a grandes cadenas (en algunos casos incentivadas por agentes policiales según denuncian las organizaciones populares), bloqueos de rutas por parte de los transportistas, y hasta tomas de sedes de gobierno municipales.
Un capítulo aparte de esta creciente oleada de indignación es el saqueo de las estaciones de servicio. Lo que era una práctica conocida por parte de los estudiantes normalistas para garantizar su movilidad, se está generalizando peligrosamente para las clases dominantes.
En distintos enfrentamientos con las fuerzas policiales y en los grandes supermercados han muerto al cierre de esta nota seis personas, y hubo cerca de un millar de detenidos. Las marchas fueron particularmente masivas en Monterrey; la represión policial causó levantamientos populares en Ixmiquilpan, Hidalgo, donde miles de personas hicieron retroceder a la policía, situación similar vivió la costa de Chiapas, Jalisco y Michoacan.
Durante el fin de semana del 7 y 8, las marchas y bloqueos se extendieron en decenas de ciudades de 25 estados. En muchos lugares hubo enfrentamientos con la policía, con heridos y detenidos.
Las protestas se profundizarán, ya que el gobierno no sólo ha dicho que no puede dar marcha atrás “porque no tiene dinero”, sino que la Comisión Reguladora de Energía, cuando dispuso el aumento a comienzo de año informó que el 3 de febrero volvería a “reajustar” el precio de los combustibles. Todo esto, a días de asumir Trump en Estados Unidos, con su promesa de “repatriar” industrias y extender el muro fronterizo, con el consecuente aumento de la desocupación entre los trabajadores mexicanos.
