Mediante la resolución 372/2025, el Ministerio de Seguridad de la Nación prohibió la conformación de centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal y la permanencia de las personas privadas de su libertad ambulatoria en los espacios de estudio fuera del horario de clase. La medida restringe seriamente el derecho a la educación superior y apunta al corazón de los centros y programas universitarios en contextos de encierro, en el marco del desfinanciamiento y ataque a las universidades públicas y al sistema científico técnico llevado adelante por el gobierno nacional.
Los centros y programas universitarios intramuros permiten a las personas privadas de su libertad ambulatoria realizar carreras de grado, tomar cursos de formación profesional y oficios y participar de talleres y actividades culturales. Cuando se acentúan las políticas privatistas, de retiro del Estado como posibilitador de políticas inclusivas, tanto en lo económico, como en lo social, crece la marginación. Y con ella el caldo de cultivo de ámbitos que promueven la delincuencia. Ya está demostrado que estas políticas conllevan al fracaso de una sociedad donde las instituciones que deben ser herramientas para la socialización de las personas fracasan en ese proceso. La sociedad en su función educadora, la familia, la escuela, los clubes, la comunidad ve debilitada su función socializadora y por ende se incrementan las rupturas en los lazos sociales. Esta fragilidad acrecienta la marginalidad, el desamparo y la desesperanza. Por lo que se hace más y no menos imprescindible la intervención de instituciones, en este caso las universidades, que con proyectos de formación, educación y recreación sean un espacio y herramienta de contención y reflexión.
No es casual que tal como figura en los resultados de los proyectos de investigación y de la propia estadística de los servicios penitenciarios, a mayor nivel educativo alcanzado, menor nivel de reincidencia en el delito. El primer espacio universitario se fundó en el año 1985, en la cárcel de Devoto, a partir de una iniciativa de un grupo de personas encarceladas, docentes y autoridades de la Universidad de Buenos Aires. El Centro Universitario primero de su tipo fue y es una experiencia pionera reconocida en todo el mundo. Desde entonces, se conformaron muchos otros centros y programas universitarios en cárceles federales y provinciales, agrupados hoy en una red nacional.
La resolución ministerial prohíbe de manera arbitraria e injustificada la organización estudiantil y restringe el derecho a la educación al limitarlo estrictamente al horario de clase, desconociendo la importancia que tiene para el funcionamiento de los espacios universitarios intramuros la existencia de centros de estudiantes e ignorando la dinámica del estudio universitario, que requiere, además de asistir a clase, poder consultar la biblioteca, hacer uso de las computadoras, realizar búsquedas en internet, estudiar o realizar trabajos en grupo. Los cuales se realizan justamente en los espacios que la resolución ministerial quiere anular, cercenando en los hechos el derecho al acceso a la educación superior de las personas privadas de la libertad ambulatoria (único derecho que por ley les es quitado).
La educación en contextos de privación de la libertad y la organización estudiantil está amparada por ley y no reconoce ningún tipo de limitación o pretexto discriminatorio.
Los centros universitarios en cárceles son espacios de formación y organización activos en la defensa de los derechos humanos y la inclusión de las personas privadas de su libertad ambulatoria. En ellos participan no sólo universidades, sino también organismos de derechos humanos, cooperativas, sindicatos y diversos colectivos, instituciones y organizaciones sociales. Durante sus 40 años de historia, han demostrado ser herramientas efectivas para el acceso a derechos, la aplicación de la progresividad de la pena, la mejor convivencia en las unidades penitenciarias, la transformación personal y colectiva, y la integración social de las personas encarceladas a través del estudio, la cultura y el trabajo.
Si bien el alcance de la medida está delimitado al ámbito federal, sus características anticipan consecuencias para todo el sistema universitario intramuros y el acceso a la educación en contextos de encierro. No es con menos derechos. Sino con más que lograremos transformar esta sociedad.
Escribe Silvio Rotman, especialista en educación en contextos de encierro
hoy N° 2054 08/04/2025
