Con el pomposo título de Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral (Ley 26571) sancionada en diciembre de 2009, el kirchnerismo, en complicidad con la derecha opositora, ha asestado a las fuerzas políticas populares y al movimiento democrático un duro golpe.
Con el pomposo título de Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral (Ley 26571) sancionada en diciembre de 2009, el kirchnerismo, en complicidad con la derecha opositora, ha asestado a las fuerzas políticas populares y al movimiento democrático un duro golpe.
Con ella ha sumado un nuevo componente a las leyes y decretos con los que el Estado oligárquico imperialista condiciona, interfiere y controla lo que debería ser la libre asociación política de los argentinos garantizada supuestamente por la Constitución Nacional.
Con la ley electoral de la dictadura aprobada en el momento de su retirada, ley negociada con la cúpula de los principales partidos burgueses, se le entregó al Estado la potestad de controlar la vida interna de los Partidos y todo lo que hace a la libertad de asociarse para actuar en política.
La nueva ley, elaborada por el equipo de escribas y abogados a sueldo del kirchnerismo, perfecciona milimétricamente, hasta el detalle más íntimo, el mecanismo de control y condicionamiento estatuido por aquella nefasta legislación dictatorial.
Estos puntos, que van desde una cantidad de afiliaciones obligatorias (4.000) que no existían con la ley modificada en 1985 vigente hasta el turno electoral de 2009, llegan a lo obsceno en el caso de la Provincia de Buenos Aires (para la elección de gobernador, intendentes, legisladores y concejales), la cantidad de afiliaciones mínimas se eleva a más de ¡32.000!, y para el caso de las agrupaciones municipales, para mencionar un solo ejemplo, en La Matanza deberían contar con no menos de 3.500 afiliados.
Sería largo enumerar la gran cantidad de trabas y limitaciones impuestas a la participación de las fuerzas políticas populares por las leyes hoy vigentes. Pero la sola mención de la cantidad de afiliaciones exigidas habla a las claras del verdadero objetivo de estos engendros reaccionarios y antidemocráticos promovidos y llevados adelante por el gobierno “nacional, popular y democrático” de Cristina Fernández de Kirchner.
Mientras tanto, las listas “colectoras”, “testimoniales” (como sucedió en 2009, con candidatos truchos que luego no asumieron), o el manejo discrecional de las fechas electorales, fijándolas a su entera, coyuntural y caprichosa conveniencia, siguen a la orden del día. Es la degradación de la política entendida como la ciencia y el arte de promover el bienestar para el conjunto de la sociedad.
En resumen: hablando en general la Ley actual apunta a crear las condiciones necesarias para lograr que el “bipartidismo” y el sistema de “alternancia democrática”, viejo sueño de las clases dominantes, se haga realidad; para ello deben cerrarle el paso a nuevas expresiones políticas verdaderamente nacionales y populares; y en particular que fue concebida en su momento como el mecanismo necesario para garantizar la continuidad del gobierno K en las elecciones de este año.
Luchar contra esta nueva aberración del kirchnerismo es una necesidad en el camino de que la clase obrera y el pueblo impongan una verdadera democracia favorable a sus intereses. Y es obligación de los comunistas revolucionarios ponernos a la cabeza del desafío que implica esta tarea. Minimizar la misma es hacerle campo orégano al gobierno y a la derecha opositora.
Miles de avales y afiliaciones al PTP, reagrupar a las fuerzas nacionales y populares y golpear juntos con todos aquellos que estén afectados por la siniestra política reaccionaria y antidemocrática del kirchnerismo, también en el terreno electoral, es una prioridad del actual momento político.
