El lugar, Campo de Mayo (donde desaparecieron 5.000 personas durante la última dictadura), la puesta en escena emulando una película de Hollywood (en un hangar militar, helicópteros, aviones de guerra, drones y altos mandos) y las declaraciones del presidente, el ministro de Defensa y la ministra de Seguridad dan cuenta del contenido de la decisión política: incorporar a las FFAA en tareas de “seguridad” internas.
Condicionada, por las luchas sociales, de derechos humanos y de los trabajadores, y tras la rendición de Malvinas, la dictadura militar genocida y los dos mayores partidos acordaron un consenso muy básico: las Fuerzas Armadas no volverían a involucrarse en la seguridad interior, siendo su misión la defensa de la soberanía nacional frente a “agresiones de origen externo”.
En línea con este consenso el Congreso dictó tres leyes, dictadas en distintos momentos de nuestra historia: las leyes de Defensa Nacional (1988 – LDN), de Seguridad Interior (1991 – LSI) y de Inteligencia Nacional (2001 -LIN).
Estas leyes establecen que:
1.) La única función de las FFAA es la defensa de la soberanía e independencia de la Nación, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes contra una agresión de origen externo (art. 2 LDN).
2.) Las FFAA tienen prohibido actuar en temas de seguridad interior, declarando que para determinar las cuestiones relativas a la defensa nacional “se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la Defensa Nacional de la Seguridad Interior” (art. 3 LDN). Hay dos supuestos donde las FFAA pueden tener alguna participación en temas de seguridad interior y sólo en una de ellas se permite el empleo directo de las FFAA. El primer supuesto permite la actuación de servicios de sanidad, construcciones, transporte, comunicaciones o de ingenieros, nunca efectivos armados ante un desastre en los términos de las normas de defensa civil. El segundo supuesto es durante el Estado de Sitio.
3.) Las FFAA tienen prohibido realizar tareas de inteligencia dentro de la Argentina referidas a cuestiones políticas o de seguridad, sin excepciones.
La primera manifestación de la “nueva política de defensa” es el decreto 683/2018 que modifica las siguientes cuestiones:
1.) Elimina la disposición del decreto 727/2006 que declaraba que sólo era agresión externa la de origen estatal. En los considerandos (explicación) el decreto declara que las agresiones de origen externo “no sólo son de carácter estatal, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él”. Se pretende así que las FFAA puedan actuar contra personas u organizaciones argentinas acusadas de tener origen o ser parte de un agente no estatal externo.
2.) Se modifica el art. 3 del decreto 727/2006 que prohibía la formación, planificación, adquisición de equipos o participar en actividades de inteligencia pertenecientes al ámbito de la seguridad interior. El nuevo texto establece que la estrategia, la organización, la doctrina, el adiestramiento y el equipamiento de las FFAA debe fijarse teniendo como criterio su integración operativa de sus funciones de apoyo logístico de las fuerzas de seguridad.
3.) Se prevé que efectivos de las fuerzas armadas custodien “objetivos estratégicos” conjuntamente con Gendarmería y Prefectura, sin definir a qué se refiere. De esta forma podría asignarse la custodia de una gran empresa, servicio, o recurso natural, colocando a las FFAA en situaciones de enfrentarse a protestas sociales.
4.) Al derogar el decreto 1691/2001 y no preverlo en el nuevo decreto se eliminó como operación de defensa nacional la de participar en la construcción de un sistema de defensa subregional. Asimismo, se sumó como parte de la defensa nacional a las “operaciones dispuestas por (…) otros organismos internacionales” sin definir a que organismos se refiere.
El decreto 683/2018 se caracteriza por la vaguedad y oscuridad de sus términos a fin de dar libertad al presidente de la Nación para que defina esas “agresiones externas”, el alcance de la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interior, o que es un “objetivo estratégico”. Nada está definido claramente.
La primera consecuencia de la decisión presidencial ha sido enviar 5.000 soldados a la frontera norte (ya se desplegaron 500) para cumplir tareas de seguridad y liberar 5.000 efectivos de Gendarmería y Prefectura para que sean enviados a las grandes ciudades.
Esta decisión es una medida antinacional y antidemocrática. Antinacional porque es un paso más en la destrucción del sistema de defensa nacional. Convierte a las fuerzas armadas en policías militares cuando nuestro país tiene parte del territorio nacional ocupado por Gran Bretaña, tiene disputas respecto de la soberanía de territorios en la Antártida y necesita una política de defensa nacional que garantice su soberanía, independencia e integridad territorial.
Antidemocrática porque: 1) generará un mayor nivel de violencia social en la represión política y social afectando gravemente la base de todo sistema democrático: la participación popular; 2) se toman decisiones importantes y que afectan al conjunto de la sociedad sin discusión ni participación del pueblo; y 3) porque abre la puerta a la violación masiva de derechos humanos.
La política de involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna fracasó en todo el mundo respecto de generar más seguridad, generando mayor violencia, corrupción y agravó los problemas que debían resolver. En México, Colombia y Brasil donde se aplicaron estas políticas aumentó la represión al movimiento social, se incrementó la violencia social, se produjeron miles de muertes y desapariciones, se corrompieron las fuerzas armadas y se convirtieron en un actor político interno que condiciona al poder civil.
Su intervención en seguridad interna se da en un marco más que preocupante: vigencia de la ley antiterrorista, negacionismo del genocidio dictatorial, intervención y persecución a sindicatos, aumento de la criminalización y represión de la protesta social (desde el 10/12/2015 al 31/03/2018 hubo 1075 personas detenidas durante protestas sociales según informan Liberpueblo y el Observatorio de Derecho Social de CTA-A), campaña contra los pueblos originarios a quienes se demoniza como enemigos de la nación, impunidad de los responsables de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel a manos de fuerzas federales, por mencionar solo parte del contexto actual.
La decisión es parte de un ajuste brutal sobre las propias FFAA que implica el cierre de la mitad de los cuarteles, la eliminación de las fuerzas aéreas del ejército y la marina para unificarlos con la fuerza aérea en un “ejército del aire”, venta de los inmuebles donde se encuentran cuarteles y bases que serán cerradas, reducción del poder adquisitivo del salario del personal militar, son sólo algunas de las medidas que son parte del plan de Macri.
No debemos subestimar esta política hacia las fuerzas armadas. Macri tomó la decisión en un contexto de crecimiento del descontento social, cuando su imagen cae producto de los efectos de su política, el día posterior a la reunión preparatoria del G20 y apelando a la genuina preocupación de la población por el problema de la inseguridad y el avance del narcotráfico.
Debemos enfrentar esta política con la más amplia unidad y dando la discusión en el seno de nuestro pueblo para demostrar que esta política no sólo no traerá más seguridad, sino que generará más violencia, corrupción y represión.
Esta política de mayor violencia y represión debe ser derrotada apelando a las profundas y enormes reservas democráticas de nuestro pueblo. Las expresiones de cada 24 de marzo, que derrotaron el nefasto 2×1, la manifestación del viernes 27/7 contra de este decreto, demuestran que es posible enfrentar y derrotar a esta política antinacional y antidemocrática.
Escribe Ricardo Hidalgo
Hoy N° 1731 22/08/2018
