Néstor Kirchner, en la campaña electoral a elecciones legislativas del 2009, anunció que su primera acción como diputado sería la modificatoria de la Ley de Concursos y Quiebras, para beneficiar a las cooperativas de los trabajadores de las empresas recuperadas.
Un 98% de estas empresas están expropiadas, y el Estado no paga las expropiaciones o están concesionadas en comodato, sin títulos de propiedad y rodeadas de una maraña de juicios inversos que perjudica enormemente a las cooperativas.
Néstor Kirchner, en la campaña electoral a elecciones legislativas del 2009, anunció que su primera acción como diputado sería la modificatoria de la Ley de Concursos y Quiebras, para beneficiar a las cooperativas de los trabajadores de las empresas recuperadas.
Un 98% de estas empresas están expropiadas, y el Estado no paga las expropiaciones o están concesionadas en comodato, sin títulos de propiedad y rodeadas de una maraña de juicios inversos que perjudica enormemente a las cooperativas.
Para elaborar la reforma de la ley, el gobierno ignoró a las mejores y más avanzadas experiencias del movimiento de empresas recuperadas, como Renacer, Zanon, Bauen, Adidas, Impa, Brukman, Chilavert, etc., y se apoyó en Luis Alberto Caro, que dirige el Movimiento de Fábricas Recuperadas.
Caro es un abogado que saltó desde la Pastoral Social de Avellaneda, a las oficinas que tiene en el Ministerio de Desarrollo Social, y dirige el Movimiento desde la gerencia que tiene en la fábrica de materias primas para helados Ghelco, hoy “Cooperativa Vieytes”, en el barrio de Barracas en la Capital Federal. Arrogándose la representación de más de 250 empresas recuperadas, Caro usó su movimiento para darle legitimidad a esta reforma inconsulta.
Lo hacen en el marco de la campaña electoral, teniendo en cuenta que éste es un sector conflictivo, que goza de la simpatía de la gran mayoría de la sociedad, y presentando la reforma como la solución para la compleja y difícil situación legal y productiva en que se encuentran la mayoría de estas empresas.
Debemos ver que el horizonte económico mundial no es promisorio, y la amenaza de un nuevo estallido de la crisis está cada vez más cerca, con las consecuencias que traería a la economía argentina, producto de la dependencia y la disputa ínterimperialista. Claro que los miles de millones de pesos en subsidios que destina el gobierno K están destinados a favorecer a lo que muchos llaman el “capitalismo de amigos” en esa disputa. Con esta Ley el gobierno le “pasa la pelota” a los jueces, y el costo a los trabajadores.
Vale esta aclaración, pues muchos trabajadores de empresas recuperadas que simpatizan con el kirchnerismo porque creen que éste hace lo “posible” dentro de una orientación nacional y popular, aguantaron en silencio este acuerdo político creyendo que serían beneficiados, y se quedaron afuera de la Casa Rosada en la presentación de la reforma de la ley.
Bases de la ley
Para entender en qué se basa este acuerdo que dio nacimiento a la reforma, veamos qué dice Luis Caro: “En este sector como en todos hay diferentes posturas. En el caso de nuestra organización no estamos de acuerdo con aceptar subsidios estatales porque creemos que los obreros deben tomar la responsabilidad de poner la fábrica en marcha con los recursos que tienen. Muchos empleados antes de abrir las puertas de la empresa ya están pensando en el subsidio que recibirán. Nosotros consideramos que el trabajador debe asumir el compromiso de llevar adelante una empresa. Hacerse cargo de los costos, de los impuestos, sin especular con ayudas estatales”. Se refería aquí Caro a la polémica durante la crisis del 2001, cuando los trabajadores en lucha tomaban las empresas quebradas en sus manos y reclamaban al Estado subsidios y políticas de defensa del trabajador, de la producción nacional y la expropiación de las empresas para poder continuar trabajando.
Hay ejemplos, como el de Renacer en Tierra del Fuego, donde los trabajadores lograron con su lucha la expropiación a título gratuito, y que la provincia de Tierra del Fuego, después de años de lucha pagara, cediéndoles los títulos de propiedad; o como los trabajadores de Zanon, Impa, Bauen, etc. etc., que siguen peleando por la titularidad.
La actual reforma nada tiene que ver con la realidad de miles de trabajadores y de las experiencias avanzadas. Y más que ayudar a resolver el problema, lo complicará. Sin adentrarnos en el complejo articulado de la Ley, que merece un pormenorizado análisis aclararemos lo siguiente:
Reconoce por primera vez que los trabajadores pueden continuar trabajando administrando -como cooperativa o en sociedad con un particular-, siempre en acuerdo con los acreedores, y pueden llegar a tener la titularidad de la empresa.
Le asigna al Estado en este caso sólo un asesoramiento técnico, y no económico como dicen por ahí. Por más que le reconozcan ahora el 100% de las deudas salariales, todo el resto de los condicionantes nada tiene que ver con la realidad vivida en la experiencia práctica.
Además, para que les puedan ceder la continuidad a la Cooperativa, deberán tener el consentimiento de las 2/3 partes de los trabajadores, y con representación del sindicato “legitimado” los que acuerden ante el juez.
Los trabajadores deben hacerse cargo de todas estas deudas salariales y previsionales, ante la AFIP, hipotecarias y prendarias, siempre con acuerdo de los acreedores etc. etc. Y si a futuro quieren ser los dueños, podrán pedirle al juez que se las adjudique, o comprarla en subasta pública en la que se le reconocerán el 100% de las deudas salariales hasta la concesión, como parte de pago de la empresa.
A esto le llaman “igualdad de condiciones con los acreedores”, cuando sabemos que en la mayoría de los casos estas deudas no alcanzan ni para pagar ni las deudas fiscales.
O sea, en concreto les reconoce a los trabajadores la posibilidad de seguir trabajando, pero le trasladan todas las deudas anteriores de la empresa, y la situación de crisis que ellos no crearon.
Un programa de lucha
Los trabajadores de las empresas recuperadas debemos continuar con nuestros reclamos y nuestra lucha por:
• La expropiación definitiva, lisa y llana, de las unidades productivas y sus máquinas a título gratuito sin ningún tipo de condicionamiento, otorgándosela a los trabajadores organizados en cooperativa que estén dispuestos a seguir trabajando.
• Préstamos a tasas subsidiadas para tecnificar y producir. Para sostener esa producción en beneficio de los trabajadores y sus familias, el consumo interno y la producción nacional.
• Reconocimiento como trabajadores y de todos los beneficios que la ley 20.744 otorga a los privados, y desconoce para los trabajadores de las recuperadas.
• Aumento de la “línea 1” del Ministerio de Trabajo a $1.200, y Asignación Universal por hijo.
