El caso de la chica que se salvó de ser raptada para “trabajar de puta”, confirma que los reclutadores, agentes de la compra-venta de mujeres y niños para los circuitos prostibularios de nuestro país y del exterior, recurren al secuestro, la seducción y el engaño, con promesas de matrimonio, ofertas de empleo o de castings.
Buscan chicas muy jóvenes y lindas, madres solteras (de fácil extorsión) y de familias pobres: las más vulnerables y sin recursos para buscarlas y hacer las denuncias.
Desde el Programa Nacional contra la Impunidad (PNAI) reconocen que “es un delito que financia las cajas negras de la política” y recomiendan no recurrir a los jefes de la policía local para investigar las desapariciones de esas jóvenes, porque el jefe de una zona invariablemente recauda dinero de la prostitución, así como de la droga y el juego. El defensor del pueblo, Eduardo Mondino, dice: “El Estado es negligente, cuando no cómplice”.
Los familiares de las víctimas han constatado que policías, jueces y políticos integran estas redes, garantizando la impunidad de traficantes y proxenetas.
La Nación (13/1/09) reveló en su editorial que en el Mercado Central (La Matanza) más de 200 niños de ambos sexos, de entre 8 y 13 años, son prostituidos en ese lugar a cambio de alimentos –cajones de frutas y verduras– para ellos y sus familias. Y que esto se conoce desde el 2002.
Con el incremento de la pobreza se produjo un fuerte ingreso de mujeres y niñas en situación de prostitución; incluso mujeres mayores de 50 años entraron por primera vez en su vida. También aumentó la pornografía (esa “industria” que lleva a los hombres a identificarse con el sadismo). Las mujeres llegan engañadas, en situaciones de extrema necesidad y vulnerabilidad o drogadas, con promesas de iniciación en el cine.
La legislación nacional y los tratados internacionales ya ratificados sancionan penalmente la explotación de la prostitución y la instalación de prostíbulos. Pero son letra muerta.
Crece el “turismo sexual” y los burdeles –que son ahora eros center, whiskerías, saunas, casas de masajes, etc.- son “habilitados” en cada municipio y naturalizados, como tantas otras opresiones. Se sostiene: “La prostitución nunca acabará: es tan vieja como el mundo”; “los hombres necesitan descargar”; “alguien lo tiene que hacer”; “la esposa no puede hacer las cosas que hace una prostituta”, etc.
El fiscal López Lema, que juzgó a un ex policía que regentaba un prostíbulo en Córdoba, dijo: “Si se cierran los prostíbulos, aumentan las violaciones”. “Muchas lo hacen voluntariamente, lo llevan en la sangre”.
Hay muchos organismos con incumbencia en estos temas, en el Ministerio de Justicia, en la Secretaría de Derechos Humanos, en la Procuraduría General de la Nación, etc. Pero ninguna decisión política para atacar esto.
Peor aún, cuando la crisis nos trae más hambre y desocupación, el gobierno sólo busca auxiliar a los poderosos, descargando sobre el pueblo. Y el famoso “blanqueo de capitales” fomentará, seguramente, la expansión de estos “negocios”.
La Ley 26364/08
Esta ley condena la trata de personas en la Argentina, la considera delito federal y fija penas de 3 a 15 años. Es una ley tramposa. Presume la inocencia del proxeneta, poniendo la carga sobre la víctima. Sólo considera delito la explotación de la prostitución de menores de 18 años.
Para las mayores de 18 años, la ley distingue entre prostitución forzada o consentida, obligando a la víctima a demostrar que existió coerción, que no consintió su propia esclavitud. Si lo logra, el traficante tendrá penas entre 3 y 6 años (o sea, excarcelables).
La trata de personas y la explotación sexual son violaciones a los derechos humanos y éstos no dependen del consentimiento ni son renunciables.
Por otro lado, se va introduciendo la idea de que la prostitución es un trabajo, una profesión que puede elegirse libremente. Así, las víctimas serían “trabajadoras del sexo”; la explotación sexual, “el mercado o la industria del sexo”; y los proxenetas, “empleadores legales” o “empresarios de la noche”.
No hay prostitución libre, buena o aceptable. Distinguir entre prostitución “voluntaria” o forzada, entre niñas o adultas, pobres o en circuitos de lujo, sólo dará impunidad a tratantes, gerentes de prostíbulos y sus cómplices en el poder.
