La lucha del pueblo mendocino contra la megaminería saqueante y contaminante tiene su historia y se profundiza cada vez más. La pueblada de General Alvear del 2007 (que mantuvo 15 días las rutas cortadas con el pueblo en las calles) y de otros departamentos, logró arrancar la aprobación de la Ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias contaminantes como el cianuro para la explotación minera.
La lucha del pueblo mendocino contra la megaminería saqueante y contaminante tiene su historia y se profundiza cada vez más. La pueblada de General Alvear del 2007 (que mantuvo 15 días las rutas cortadas con el pueblo en las calles) y de otros departamentos, logró arrancar la aprobación de la Ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias contaminantes como el cianuro para la explotación minera.
Con la asunción del gobierno de Jaque, de la mano del gobierno nacional y en el marco de la profundización de los acuerdos con las grandes empresas megamineras como la Barrick, volvieron a la carga con nuevos proyectos mineros que buscan de fondo derogar la Ley 7722. El proyecto San Jorge de la empresa canadiense Coro Minig, que se ubicará en la localidad de Uspallata para extraer cobre y demás minerales, es punta de lanza de una serie de proyectos megamineros que buscan instalarse en la provincia.
Lejos de una explotación minera nacional para el beneficio del pueblo y la patria, se profundizan los emprendimientos de los monopolios extranjeros que saquean nuestros recursos y sólo dejan contaminación y devastación. La empresa canadiense Coro Ming planea extraer 632 millones de kilos de cobre y 18 mil kilos de oro, más los metales que no declare. Se llevarán millones y dejarán migajas. Para su explotación usarán el método de flotación que ellos dicen “no contaminante”, aunque la emisión del sulfuro de carbono que genera el xantato y la poliacrilamida sí lo son. Además usarán gigantescas cantidades de agua en una provincia desértica y en plena crisis hídrica, con el peligro de que las napas se contaminen y desemboquen en el principal río irrigador de la región.
Desde las puebladas del 2007, las protestas, cortes y movilizaciones no han cesado. Luego de la gigantesca audiencia pública realizada a fines de octubre del año pasado en la que más del 75% se expresó en contra de la aprobación del proyecto, el gobierno aprobó la Declaración de Impacto Ambiental y la envió a la Legislatura para su aprobación definitiva.
El gobierno de Jaque, que viene del departamento con mayores emprendimientos mineros, busca aprobar este proyecto por sus vinculaciones políticas y económicas y para obtener recursos en medio de un presupuesto deficitario. El ejecutivo ha hecho caso omiso de las continuas irregularidades y falsedades comprobadas sobre los informes presentados por la empresa. Es evidente la estrecha vinculación entre el gobierno de Jaque y los monopolios extranjeros megamineros, que cuentan con el aval del gobierno nacional.
Movilización y toma
En este marco se realizó una jornada de protesta el martes 22 de febrero que comenzó con un corte parcial en el nudo de entrada al centro de la provincia. Cerca de tres mil personas se concentraron, las distintas asambleas ambientales que provenían de todos los rincones de la provincia, organizaciones de trabajadores como la CTA, estudiantes con la participación activa de la CEPA y el MUS y partidos políticos como el PCR, entre otros. Pero por sobre todo gran cantidad de independientes, autoconvocados que no están dispuestos a aceptar este saqueo y contaminación. El apoyo se reflejaba en la gran adhesión de los peatones y automovilistas que tocaban bocina y se sumaban a la protesta.
La movilización recorrió varias calles, pasó por el centro cívico y se dirigió a la Legislatura para presentar un petitorio. Cuando la manifestación llegó a la puerta del Parlamento y no se garantizaba la recepción del petitorio, estalló una bronca masiva, forzando la entrada a la Legislatura y la irrupción de la sesión de senadores que iba a tratar la Declaración de Impacto Ambiental enviada por el gobierno, sin recibir los reclamos de la movilización.
Cientos ocuparon el recinto cantando “el agua no se toca, el agua es de Mendoza” y “¡Ay, ay, ay! Qué quilombo se va a armar, si hay San Jorge, hay pueblada provincial”. El vicegobernador intentó improvisar un discurso para justificar lo injustificable pero fue abucheado y se tuvo que retirar al grito de “vendepatria”.
Un compañero de la asamblea de San Carlos leyó el petitorio y planteó que se votara el rechazo al proyecto San Jorge. Inmediatamente todas las manos se levantaron, demostrando dónde se encuentra la verdadera democracia. Posteriormente se cantó el himno nacional y la protesta se retiró del recinto, a la voz de “¡Argentina, Argentina!”
El gobierno y los principales medios han condenado la manifestación, planteando que no se respeta la “institucionalidad de la provincia” y buscan judicializar a los responsables y dirigentes por destrozos que no sucedieron. Sin embargo, desde abajo la adhesión y el apoyo crecen. El pueblo tiene en claro que esta “institucionalidad” es la que desconoce la voluntad popular, es la que engendra funcionarios y legisladores que venden su voto a los monopolios extranjeros por unos pesos y es la “institucionalidad” que permite el saqueo de nuestros recursos dejando contaminación y devastación. Crece la desconfianza en estos políticos del sistema y se hace cada vez más evidente que es el pueblo en las calles el que frenará esta entrega. Las organizaciones y sectores en lucha, nos preparamos para manifestarnos en medio del carrusel vendimial el 5 de marzo, para volver a decir: “¡No a la megamineria saqueante y contaminante”! y se preparan cortes prolongados en los departamentos si se intenta aprobar el proyecto.
