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12 de abril de 2019

Neuquén. La Comunidad Lof Campo Maripe a juicio

La provincia de Neuquén sentará a una Comunidad Mapuche en el banquillo de los acusados

Clandestino en su propia tierra, extranjero en su propio origen, es nacer y ya estar condenados; existir pero ser invisibles” Puel Kona.

 

El Ministerio Público Fiscal (MPF),  junto a la querella que llevan a cabo los hermanos Vela, pretenden una condena por el delito de usurpación  a las familias que integran el Lof Campo Maripe.

El contexto del conflicto explica por si solo la dimensión y los intereses de involucrados en esta causa: el desarrollo de Vaca Muerta.

En el año 2013, el Gobierno argentino propicia la firma del Convenio Chevron-YPF para el desarrollo de un Proyecto piloto de explotación de hidrocarburos No Convencionales.

El acuerdo, -duramente cuestionado por un amplio arco político opositor de partidos políticos y organizaciones sociales- es el primer gran paso que  inicia el camino del milagro de la Vaca Muerta, al mismo tiempo que auspicia el devenir de un proceso de disputa territorial que involucra, entre otros, a las familias crianceras y comunidades mapuches de la región, el Estado, propietarios particulares y las Petroleras.

El hecho que funda la acusación se relaciona con el cobro de las millonarias servidumbres que YPF-Chevron acordaron pagar  a los Vela por su carácter de titulares registrales de parte de las tierras en que se emplazaría las locaciones del experimento de No Convencionales en  Loma Campaña;  la incipiente Vaca Muerta.

Sin embargo, la comunidad Campo Maripe comienza reclamos territoriales tendientes a obtener la registración de la Personería Jurídica de su organización como  Comunidad Mapuche, la delimitación de sus territorios comunitarios y la Consulta Libre Previa e Informada para el desarrollo de cualquier actividad que pueda afectar su forma de vida tradicional, todas estas obligaciones estatales contenidas en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, como por ejemplo, -en su expresión más acabada- el Convenio 169 de OIT.

Frente al estallido del conflicto, que importó movilizaciones, bloqueos de acceso y de tareas de la industria, el Gobierno de Neuquén constituyó una mesa de diálogo para la Paz Social, que tuvo como dos aspectos centrales la entrega de la Personería Jurídica y el inicio de un Relevamiento Territorial, tomando como base y ejemplo las tareas realizadas en otras comunidades por los Equipos Técnicos del Relevamiento que ordena la Ley Nacional 26160.

Apenas dictado el decreto que ordena inscripción de la personalidad jurídica, los titulares registrales bloquean los caminos y picadas petroleras existentes dentro del territorio comunitario, especialmente con una tranquera en el camino de acceso a la zona de meseta, donde se ubican los corrales y las zonas de pastoreo tradicional de la Comunidad.

En simultáneo, las Petroleras iniciaron las tareas de explotación en las zonas que los Campo Maripe reivindican como de uso comunitario.

Frente a ello, las familias de la Comunidad abrieron las tranqueras que impedían estos accesos históricos y es por ello que son denunciados por Vela, con el acompañamiento inexplicable del Ministerio Publico Fiscal en representación de los intereses del Estado.

A partir del conflicto, el Fiscal Marcelo Silva a cargo de la investigación dispuso el archivo de las actuaciones por entender que estaba frente a un conflicto de altísima sensibilidad social.

Sin embargo, el Gobierno de la Provincia da por tierra el compromiso de reconocer el territorio reivindicado por la Comunidad, clausurando el proceso de diálogo iniciado en el inicio del conflicto.

A partir de aquí, el Fiscal Silva, que había entendido que el conflicto debía mantenerse en el ámbito del poder ejecutivo, de manera repentina cambio su parecer y mutó a favor de la  tesis de los querellantes, propiciando la persecución penal y desconociendo la demanda territorial del Lof Campo Maripe.

El Estado lleva a Juicio este reclamo,  antes que la realización del Relevamiento Territorial ordenado por la ley 26160.

Frente a la gesta colonial de  saqueadores que hoy se enriquecen con la ordeñada de la Vaca Muerta, las Comunidades resisten que el desarrollo y el autoabastecimiento energético tan necesario para la vida del país, no les pase por arriba.

La decisión ahora, queda en manos del Juez Ravizolli,  quien deberá analizar la situación y evaluar la respuesta de uno de los poderes del Estado frente a las tensiones y dramas sociales que genera la puesta en marcha de Vaca Muerta como la salvación  de la patria.

 

Por Emmanuel Guagliardo y Micaela Gomiz. Abogados Defensores de la Comunidad Mapuche Lof Campo Maripe