Luego del hundimiento del Repunte, la lucha por ningún hundimiento más cobró mayor impulso y se transformó en uno de los reclamos más sentidos en la ciudad. Incluso se fue instalando en la agenda nacional. Logramos “transformar el dolor en bronca”, como dicen los familiares de los hundimientos, principales protagonistas de esta lucha.
Esta lucha ganó adhesión en la población, rompió el silencio y logró conquistar algunos avances en materia de seguridad para los trabajadores del mar. Pero sabemos que el problema de fondo de los hundimientos es la antigüedad de nuestra flota pesquera. Es por eso que desde la multisectorial planteamos la renovación de la flota, como eje central de nuestra lucha.
La antigüedad promedio de las embarcaciones que pescan en nuestras aguas supera ampliamente la de la mayoría de los países de la región. 40 años es la antigüedad promedio de la flota con asiento en el puerto de Mar del Plata. Tenemos 91 embarcaciones que tienen más de 45 años. En éstas, más de 720 marineros arriesgan sus vidas.
Esto se lo hicimos saber al propio presidente de la Nación y a todos los funcionarios del área. También a los que ocupan los ámbitos legislativos. No sólo eso. Elevamos proyectos y construimos espacios de reflexión y elaboración de propuestas sobre este tema. Logramos así que este tema tome estado parlamentario. La presentación del proyecto de Ley de Industria Naval Pesquera (S-2131/18,27/6/18) fue un paso muy importante y dio esperanzas. Se proyectó la posibilidad de que este tema sea debatido por todos los sectores involucrados.
Lamentablemente, Mauricio Macri tomó la decisión contraria y elaboró un DNU para la “modernización de la flota pesquera”. Ni siquiera mantuvo el nombre de “renovación”, y limitó el debate a un grupo de empresarios, muchos de ellos responsables de la precarización de nuestros trabajadores del mar. A los familiares, afectados directos de los hundimientos, y a los trabajadores que arriesgan su vida en las vetustas embarcaciones, ni siquiera se les envió un mail con el proyecto. Cuando pudimos acceder al mismo, nos dimos cuenta el porqué de nuestra exclusión.
El DNU no es otra cosa que la reafirmación de un camino que ya nos generó dolor y muerte: La importación de barcos usados, de barcos chatarra, de barcos de la muerte. Recordemos que desde el 2000 a la fecha se produjeron 44 hundimientos de buques pesqueros, dejando un saldo de 95 trabajadores entre muertos y desaparecidos.
El Decreto establece que el armador cuenta con un plazo para la renovación del buque de 20 años, con la posibilidad de acceder a una prórroga de 20 años más si acreditan reparaciones del mismo en el orden del 60%. Es decir que ¡podríamos tener barcos de hasta 80 años navegando en nuestros mar! Totalmente a contramano de lo que sucede en el mundo, donde se establecen límites a la navegabilidad de las embarcaciones (máximo 40 años).
Luego del debate entre armadores e industriales, se llegó a un acta acuerdo -no todos la firmaron- que establece en los hechos una reducción de los aranceles a la importación de buques usados. La industria naval nacional seguirá restringida a la construcción de buques pesqueros de eslora inferior a los 35 metros. Es decir, los armadores que decidan importar buques usados de más de 35 metros de eslora, ¡que podrán tener hasta 20 años de antigüedad!, gozarán del beneficio de la baja de aranceles. No hay protección, ni promoción de la industria. Hay entrega y apertura de nuestro caladero para las embarcaciones que se descartan en Europa y el mundo.
Además de lo anteriormente señalado, vemos con preocupación la consumación, a través de la firma de este Decreto, del proceso de privatización y enajenación del recurso pesquero argentino. El DNU establece la posibilidad de “la utilización de la cuota, permisos o autorizaciones de capturas como activos de las empresas para acceder a los créditos”. Los empresarios podrían construir un barco y poner de garantía el recurso pesquero, pese a que éste, por ley, es propiedad exclusiva del Estado y el empresariado es solo un concesionario. ¿Qué sucederá si los armadores no cancelan los préstamos? Los bancos se quedarán con los permisos de pesca y el Estado perderá control sobre los mismos. El mar dejaría definitivamente de ser un lugar de producción y trabajo, dejaría de ser un lugar donde establecer políticas de cuidado del medioambiente y de proyección de nuestra soberanía. Se convertiría en un lugar más de especulación inmobiliaria y financiera.
Por eso, afirmamos nuestro rechazo absoluto a la actitud del gobierno de cerrar el debate con la intención de garantizar los negocios de armadores, bancos y astilleros extranjeros. Si queremos defender la vida, tenemos que priorizar los derechos y no los negocios. Causa mucha bronca que utilicen el dolor y la lucha de todos estos años para avanzar en sus negocios.
Seguiremos sumando voluntades para lograr una verdadera renovación de la flota pesquera, para que nuestro caladero deje de ser un cementerio de barcos chatarra, para que florezca una potente industria naval nacional que proteja el trabajo y la seguridad. Para que no tengamos que lamentar más muertes evitables.
Llamamos a todos el pueblo argentino a defender la vida, el trabajo y nuestros recursos. Decimos:
• No al DNU de Macri!
• Sí al debate del proyecto de Ley de Industria Naval Pesquera .
Hoy N° 1756 27/02/2019
