El martes 29 de noviembre miles de campesinos nicaragüenses fueron reprimidos por el gobierno de Daniel Ortega, cuando intentaban marchar a la capital Managua, en rechazo a la construcción de un faraónico proyecto de construcción de un canal interoceánico que los despojará de sus tierras.
El martes 29 de noviembre miles de campesinos nicaragüenses fueron reprimidos por el gobierno de Daniel Ortega, cuando intentaban marchar a la capital Managua, en rechazo a la construcción de un faraónico proyecto de construcción de un canal interoceánico que los despojará de sus tierras.
La represión fue feroz. Las organizaciones campesinas y de derechos humanos denuncian que fuerzas policiales desplegaron retenes en distintos puntos de concentración de la marcha, y dispararon con balas de plomo y gases lacrimógenos, con al menos siete heridos, varios detenidos y una veintena de personas desaparecidas.
El conflicto lleva ya dos años, desde que el gobierno de Nicaragua acordó con un extraño empresario chino de nombre Wang Jing, la construcción y concesión del Canal Interoceánico de Nicaragua a lo largo de 285 kilómetros, para unir los océanos Atlántico y Pacífico, a un costo de 70 mil millones de dólares.
Desde fines de 2014, la construcción del canal no avanzó, Wang Jing nunca aclaró de dónde saldría el dinero, mientras las acciones de sus empresas se derrumbaban en la bolsa de valores de Shanghái. Si avanzó la prepotencia gubernamental por apropiarse de miles de kilómetros cuadrados de tierras producidas por comunidades campesinas, así como avanzó la resistencia popular, que ha concretado en este tiempo más de 80 marchas, con las consignas “No al canal”, “¡Ortega vendepatria!” y “Aquí no queremos chinos”.
El gobierno promovió la aprobación de una ley para la construcción del Canal, la 840, que entre una gran cantidad de concesiones a los constructores, es permite la expropiación de cualquier inmueble que considere necesario, así no esté en la ruta directa del canal. Encima, le posibilita que esta expropiación sea pagada según su valor fiscal, mucho menor al valor real de las tierras.
La situación se ha agravado en Nicaragua luego de las amañadas elecciones de principios de noviembre, donde fue reelecto Daniel Ortega, quien fue en la fórmula con su esposa, Rosario Murillo. Hay múltiples denuncias de las maniobras del gobernante FSLN, que proscribió a candidatos opositores.
Los campesinos y toda la oposición denuncian una creciente militarización del país, y han reiterado que seguirán con su lucha por impedir ser desalojados de sus tierras.
