Noticias

20 de marzo de 2013

El domingo 24, en un nuevo aniversario del nefasto golpe de Estado de 1976 que inauguró la peor etapa de terror fascista en nuestro  país en el siglo 20, centenares de miles saldremos a las calles contra la impunidad  de ayer y de hoy.

No a la impunidad de ayer y de hoy

A 37 años del golpe de Estado de 1976

Este 24, nuevamente, marchamos en todo el país bajo la convocatoria de las organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, que viene encabezando las luchas por las libertades democráticas, tanto las de ayer como las de hoy.
Llegamos a este nuevo aniversario redoblando la movilización contra la política de doble discurso del gobierno, tanto en lo que hace a los juicios a los genocidas de la dictadura, como a la creciente criminalización de la protesta popular.

Este 24, nuevamente, marchamos en todo el país bajo la convocatoria de las organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, que viene encabezando las luchas por las libertades democráticas, tanto las de ayer como las de hoy.
Llegamos a este nuevo aniversario redoblando la movilización contra la política de doble discurso del gobierno, tanto en lo que hace a los juicios a los genocidas de la dictadura, como a la creciente criminalización de la protesta popular.

Los juicios a los genocidas
Están en curso juicios vinculados a la ESMA, a los campos de concentración Arsenales en Tucumán y La Perla en Córdoba, así como el del Plan Cóndor. Estos juicios, que son el resultado del logro de décadas de lucha popular -desde el mismo comienzo de la dictadura- que significó la derogación de las leyes de impunidad en 2005, siguen la misma mecánica de los anteriores, la que ha impuesto el kirchnerismo, negándose a hacer causas por campo de concentración, y muchos menos a abrir los archivos de la dictadura.
Así lo denunció la compañera Teresita Castrillejo en el homenaje a René Salamanca recientemente realizado en Córdoba, destacando estos límites que pone el gobierno “dando algo para esconder lo esencial”, afirmando que hay 392 condenados a septiembre de 2012. “¿A ustedes les parece que 392 se llevaron a 30.000? ¿Alguien del gobierno lo puede explicar? ¿Dónde está el 95% que no está enjuiciado, y de los que no sabemos ni los nombres?”, dijo la compañera de Manuel Guerra, secuestrado por la dictadura el 1 de noviembre de 1977.
Para avanzar en esto debemos confrontar con el camino de los “juicios comunes”, porque esto niega en los hechos que en la Argentina hubo un genocidio (con planificación sistemática para aplicar terrorismo de Estado), y que hay responsables de ese genocidio; así son las víctimas las que tienen que demostrar la culpabilidad de los genocidas. Si bien los juicios conseguidos son un triunfo de la lucha popular, y los condenados bien condenados están, no cerramos los ojos a que este camino facilita, en los hechos, el “punto final biológico” para decenas de responsables de crímenes contra el pueblo, al fragmentar las causas y encuadrarlas en los largos tiempos de los juicios penales.
Parte de esta lucha es la que estamos dando desde la CCC y el PCR junto a los familiares de René Salamanca, para que se incluya su caso en el juicio de La Perla que se está llevando adelante. Parte, decimos, porque no descansaremos hasta que haya juicio y castigo a a todos los secuestradores, por los 30.000 desaparecidos.

Bastardeando la memoria
A fines del año pasado ocurrió un hecho que muestra la esencia del pensamiento del gobierno sobre los derechos humanos con los que se embandera: el “asado-brindis” que el Ministerio de Justicia de la Nación realizara el 27 de diciembre en la ex ESMA. Bastardearon así, como denunciaron organismos de derechos humanos, la cremación de los cuerpos de quienes habían muerto en ese campo de concentración, lo que en la jerga de los genocidas era “hacer un asado”.
Este bastardeo es complemento de otro operativo que el kirchnerismo construye meticulosamente desde hace años, inventando su supuesto papel de resistencia a la dictadura, y de defensa de las libertades democráticas en esos años. Esto es una mentira histórica. Los Kirchner se recluyeron en Santa Cruz y ejercieron su profesión de abogados haciendo plata a costa de los que no podían pagar créditos. Años después, siendo gobierno de la provincia, jamás hicieron siquiera un acto recordatorio un 24 de marzo.

De la impunidad  de ayer a la de hoy
El segundo secuestro y desaparición de Jorge Julio López, ocurrido hace ya casi siete años, desnudó que el aparato estatal de la dictadura no fue desmantelado, y que está plagado de torturadores, asesinos, grupos de tarea, jueces y fiscales que vienen de la dictadura. Los recientes descubrimientos en torno al espionaje practicado por la Gendarmería a organizaciones populares, no hacen más que confirmar esto, y tira por tierra el absurdo intento del gobierno de “tirarle la pelota” de la represión a los gobiernos provinciales.
El gobierno kirchnerista, que en su discurso sigue diciendo que “nunca reprimió las protestas populares”, todos los días da muestras de lo contrario. Desde la asunción de Néstor Kirchner en 2003, hasta hoy, son 18 los luchadores populares muertos en gravísimos hechos represivos. No olvidamos que esta nefasta lista la inauguraron Marcelo Cuellar y Cristian Ibáñez, en sendas represiones a marchas de la CCC de Jujuy. Ni olvidamos al maestro Fuentealba, los hechos de Formosa, Indoamericano, Ledesma, Santiago del Estero, Mariano Ferreyra, Rosario, y el más que dudoso “accidente” que costó la vida del dirigente qom Mártires López.
No hay lucha popular donde alguno de sus dirigentes no termine procesado (ya suman más de 5.000). Pretenden parar las huelgas y protestas con juicios, para así seguir adelante con su política de descargar la crisis sobre las espaldas del pueblo. Como muestra el ensañamiento con los compañeros que dirigieron la lucha de Kraft del 2009, el gobierno no vacila en volcar todo el aparato del Estado en castigar a trabajadores que osaron enfrentar a un monopolio imperialista.
Parte de esta escalada represiva es la “ley antiterrorista” aprobada en el Congreso a instancias del gobierno de Cristina Fernández, por la cual cualquier argentino que luche por sus derechos puede llegar a ser acusado de “terrorista”.
Por todo esto, convocamos a sumarse masivamente a las actividades programadas en todo el país por las organizaciones populares nucleadas en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, para que este nuevo aniversario del golpe genocida sea una gran jornada contra la impunidad de ayer y de hoy.