Noticias

05 de noviembre de 2014

El 29 de octubre se aprobó en diputados la nueva Ley de Hidrocarburos. Esta ley compromete aún más nuestra soberanía y condiciona nuestro futuro, por eso lucharemos hasta lograr su anulación.

¡No a la Ley de Hidrocarburos!

Basta de saqueo y entrega

 
El 29 de octubre estaba previsto un gran acto en el que partici-parían “Las pastillas del abuelo” y otras bandas que se oponen a esta ley entreguista. El temporal que azotó desde la noche anterior la Capital y el Gran Buenos Aires, provocando inundaciones y anegamiento en muchos barrios de la región metropolitana, obligaron a su suspensión. 

 
El 29 de octubre estaba previsto un gran acto en el que partici-parían “Las pastillas del abuelo” y otras bandas que se oponen a esta ley entreguista. El temporal que azotó desde la noche anterior la Capital y el Gran Buenos Aires, provocando inundaciones y anegamiento en muchos barrios de la región metropolitana, obligaron a su suspensión. 
Una delegación de la Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y por la Defensa de los Bienes Comunes, nos entrevistamos con diputados de distintos bloques y entregamos un documento en el que rechazamos los contenidos de la Ley de Hidrocarburos del oficialismo. 
La delegación estuvo integrada por los secretarios adjuntos de la CTA, José Rigane (Fetera) y Ricardo Peidró; Carlos Chile, secretario de Organización; Guillermo Díaz, Antonio Sofia y Elena Hanono (PTP y PCR); Fabio Basteiro (UP-CABA), Silvia Bafici y Claudio Giorno (Corriente Emancipación Sur); Vilma Ripoll y Gustavo Gimenez (Nueva Izquierda), entre otros.
En la entrevista estuvieron presentes los diputados de Unidad Popular, Víctor De Gennaro, Claudio Lozano, y Antonio Riestra; los legisladores Margarita Stolbizer (GEN); Alicia Ciciliani (PS); Alcira Argumedo (PSUR), Juan Carlos Zabalza (PS) y José Cano y Fabian Rogel (UCR).
Esta ley no sólo ratifica la política menemista de los 90 sino que, además, avanza en la entrega, la depredación y el saqueo: generaliza todos los beneficios que se le entregaron a Chevron para el resto de las monopolios petroleros (mayoritariamente extranjeros).
·Prohíbe expresamente a las provincias y al Estado nacional participar de la exploración y explotación de nuevas áreas de los recursos hidrocarburíferos.
·Pone un tope del 12 % a las regalías petroleras, que representa el porcentaje más bajo de todos los países latinoamericanos.
·Se otorgan las concesiones a perpetuidad. Las concesiones de áreas a 30 o 35 años pueden obtener prórrogas sucesivas por otros diez años, es decir que pueden extenderse en forma indefinida.
·Otorga a las petroleras, libre importación de equipos, libre disponibilidad de recursos (crudo), y libre disponibilidad de divisas.
·Generaliza a escala nacional el uso del fracking, como en la cuenca chaco paranaense (una de las principales reservas de agua del mundo) con efectos perniciosos sobre la salud y el medio ambiente. 
·Pone en riesgo cierto el uso del agua para la vida de las comunidades. Solo en Vaca Muerta se asientan más de veinte comunidades mapuches. 
·La ley no prevé ninguna medida de protección ambiental.
·Ataca el federalismo, ya que no contempla los derechos de las 14 provincias consumidoras e industrializadoras en las que vive el 85% de la población del país.
 
Una política que llevó a la crisis
En la larga década K,  en lugar de reestatizar YPF el gobierno creó Enarsa que fue, y es, una oficina de negocios; aprobó la Ley Corta; aprobó la falsa estatización de YPF (que sigue siento SA y hoy representa menos del 30 % de la totalidad de los recursos hidrocarburíferos) y, en lugar de cobrarle por depredación, saqueo y daño ambiental, indemnizó a Repsol,  puso al frente de YPF a un empleado de los monopolios yanquis como Miguel Galuccio, que es uno de los mentores ideológicos de este proyecto.
Esta Ley es continuidad de las políticas que nos llevaron a la crisis energética que atraviesa nuestro país, que se manifiesta en la pérdida del autoabastecimiento y en la necesidad de importar energía por 15.000 millones de dólares anuales.
Por eso lucharemos hasta lograr su anulación, como logramos con la lucha popular la nulidad de las leyes de “Obediencia Debida” y “Punto Final”. 
El objetivo principal del gobierno con esta Ley es atraer inversiones extranjeras y para eso garantiza seguridad jurídica y superbeneficios a los monopolios del sector y profundiza el saqueo y la entrega de nuestros recursos estratégicos.
El gobierno K, y los candidatos que se ofrecen como garantes del sistema, sostienen que no podemos salir de la crisis actual sin la “ayuda” del capital extranjero. 
Este gobierno, que aprobó los vergonzosos acuerdos con Repsol, con el Club de París, con el Ciadi, busca cerrar el tema con los holdouts y hace crecientes concesiones a los imperialistas chinos y rusos en desmedro del trabajo, los recursos y el medioambiente de los argentinos. También benefició al grupo de “empresarios amigos” como Lázaro Baez, Cristobal López, Electroingenieria, etc. 
Al mismo tiempo, con la hipocresía típica de los políticos al servicio de la oligarquía y los imperialistas, ahora todos, hasta los dirigentes del PRO, elogian los logros de Bolivia. Pero ocultan que Evo, cuyo gobierno surgió de los grandes levantamientos populares de la “Guerra de Agua” y la “Guerra del Gas”, ocupó militarmente los campos petroleros y gasíferos para renegociar los contratos con los monopolios. 
Antes las petroleras se llevaban el 80% y dejaban el 20, ahora, se llevan el 20 y dejan entre el 70 y el 80% en Bolivia. Con la recuperación de gran parte de la renta petrolera y gasífera, pudieron desarrollar obras de infraestructura, se comenzó a generar trabajo genuino y se invirtió en educación y salud. 
Cuando se renegociaron los contratos petroleros en Bolivia, con los compañeros  de la Fetera, del Moreno, con los ex trabajadores de YPF del Movimiento Oro Negro; de la revista Industrializar; con compañeros de las provincias petroleras, planteamos la urgencia de nacionalizar todo el petróleo y el gas y revertir las privatizaciones del menemismo.
 
La lucha continúa
Seguiremos luchando hasta recuperar la renta petrolera, minera, financiera, ictícola y del juego. Debemos dejar de pagar la ilegítima y fraudulenta deuda externa y parar la enorme corrupción en nuestro país. 
Con esos recursos se puede terminar con el hambre, reactivar industrias fundamentales como la ferroviaria y naval, hacer las obras de infraestructura necesarias y terminar con la desocupación. 
Recuperar nuestra soberanía, parar esta escandalosa entrega, parar el saqueo de nuestros recursos para ponerlos al servicio del pueblo y terminar con la dependencia, es el único camino para resolver los problemas de fondo en nuestro país y, para hacer realidad ese objetivo, es necesario unir a la mayoría del pueblo, no importa cuánto nos lleve esta tarea.
En ese sentido es un avance, importante la conformación de la Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y en Defensa de los Bienes Comunes y reafirmamos la necesidad de:
 ¡Nacionalizar ya todo el petróleo y el gas!
 Recuperar de inmediato de la totalidad de los yacimientos de manos de las operadoras, derogando las concesiones a Chevron, Total, Pan American, Sinopec, etc.
 Reconstruir una YPF 100% estatal, pública, monopólica y eficiente, con control de sus trabajadores, técnicos y profesionales. 


 
130 diputados aprobaron otra entrega petrolera
Infames traidores a la patria
 
La foto de los diputados kirchneristas festejando el 29 de octubre una nueva entrega de nuestro petróleo y nuestro gas, pasará a estar en la colección de infamias a que nos ha sometido la política de este gobierno. Una foto que hay que ver al lado de otra, de 1993, cuando muchos de los hoy funcionarios kirchneristas festejaban, siendo diputados mene-mistas, la privatización de YPF.
Para los 130 diputados (del kirchnerismo y aliados) sólo les cabe el calificativo de “infames traidores a la patria”, tal como califica el artículo 29 de la Constitución Nacional: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna”. 
Más temprano que tarde, deberán rendir cuentas de sus actos.