Hemos venido con vecinos de Andalgalá a la plaza Lavalle frente a Tribunales porque estamos reclamando por una sentencia en un amparo ambiental que hemos presentado en la ciudad de Andalgalá hace seis años.Hemos venido con vecinos de Andalgalá a la plaza Lavalle frente a Tribunales porque estamos reclamando por una sentencia en un amparo ambiental que hemos presentado en la ciudad de Andalgalá hace seis años.
Hemos venido con vecinos de Andalgalá a la plaza Lavalle frente a Tribunales porque estamos reclamando por una sentencia en un amparo ambiental que hemos presentado en la ciudad de Andalgalá hace seis años.Hemos venido con vecinos de Andalgalá a la plaza Lavalle frente a Tribunales porque estamos reclamando por una sentencia en un amparo ambiental que hemos presentado en la ciudad de Andalgalá hace seis años.
—¿Cómo viene la lucha del pueblo de Andalgalá?
—El 19 de enero de 2010, además del amparo, también hicimos una cautelar de paralización del proyecto minero Agua Rica, propiedad de la multinacional canadiense.
Transcurridos los días, nos manifestábamos pacíficamente en el camino que une la ciudad de Andalgalá con el yacimiento (que es un camino comunero). El 15 de febrero de 2010, el juez rechaza la medida cautelar de paralización del emprendimiento minero y paralelamente da la orden de reprimir y desalojar a la asamblea que estaba al costado del camino comunero. Sufrimos una enorme represión de las fuerzas policiales nunca visto antes en Andalgalá. Esto produjo un enojo enorme en los pobladores, la ciudad de Andalgalá se volcó a las calles.
Pese a haberse rechazado la medida cautelar, se admitió el recurso de amparo, pero no se resolvió la cuestión de fondo: que el acto administrativo que autorizaba la explotación del yacimiento minero Agua Rica, emanado de la secretaria de Minas de la provincia de Catamarca, es absolutamente nulo de nulidad absoluta porque lo hace de una manera irregular e ilegítima. Decimos esto, porque el Código de Minería expresamente establece que cuando una empresa presenta un informe de impacto ambiental, las autoridades las deben aprobar o rechazar. No existe término medio. La Secretaria de Minería de Catamarca autorizó a explotación el 19 de marzo de 2009 con una serie de condiciones, con una treintena de puntos que debía corregir la empresa. Por lo tanto, si había tantas objeciones e incumplimientos por parte de la empresa debió haber sido rechazado.
Ante esa situación, nosotros como vecinos impugnamos y solicitamos la nulidad de esa autorización, hemos levantado firmas en todo el Noroeste de la República Argentina, material que se aportó a la Secretaría de Minería, pero nunca fue respondido ese pedido de nulidad.
Como administrativamente no nos respondieron, acudimos a la Justicia con un recurso de amparo.
Pasaron tres años, en la provincia de Catamarca nos rechazaron en todas las instancias. Además de que se violó la Ley general del Ambiente en cuanto a la participación ciudadana (audiencias públicas, consultas populares).
—De avanzar este proyecto, ¿cómo afecta a la comunidad?
—En Andalgalá, este proyecto prácticamente está en la naciente de nuestros ríos, de donde sale el agua tanto para consumo humano como para los riegos para la agricultura y otros sectores productivos. Estos proyectos mineros son grandes consumidores de agua, tremendamente destructivos. Si comparamos con la mala experiencia de Minera La Alumbrera, matan una montaña por día. Hablamos de 304.000 a 400.000 mil toneladas de roca que hacen volar por el aire todos los días. Entonces, si se llega a autorizar en forma definitiva sería firmar el certificado de defunción de nuestro pueblo de Andalgalá.
—Pero, ahora este proyecto minero, lo tienen frenado…
—Por la respuesta a la represión del 15 de febrero de 2010: Se produjo un desmadre en las instituciones y el pueblo de Andalgalá, tremendo; incendiaron la municipalidad, apedrearon la Fiscalía, otros sectores daban vueltas las camionetas. Una pueblada muy grande. En ese marco, el juez de Minas, Ramón Guillermo Cerda, dio la orden de paralización de todo tipo de actividad de Minera Agua Rica, por haberse alterado la paz social de Andalgalá.
Esa medida sigue vigente en el día de hoy, pero quien la mantiene no es el propio juez sino porque permanentemente –sobre todo los sábados a la noche— los vecinos de Andalgalá se convocan en el Mástil de la plaza principal, se proyectan documentales en contra de la megaminería, se hacen breves actos, se reciben a personalidades como Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y sectores de derechos humanos, porque ven en el reclamo de Andalgalá, un justo reclamo para poder vivir en un lugar sano y en paz. Se dan dos vueltas a la plaza, nos manifestamos con cantos, con consignas en contra de la megaminería todos los sábados desde hace seis años.
Estas actividades las sostiene la propia gente, la asamblea que nació el 14 de diciembre, fecha en que dos vecinos se pararon en el camino comunero diciendo “No pasan más las mineras”. Acción a la que se sumó toda la población de Andalgalá en su mayoría, y hasta el día de hoy se sigue haciendo la caminata por la vida. Ya vamos por la caminata 326 desde hace seis años, de forma ininterrumpida, donde hemos llegado a convocar a más de 5 mil personas, en una población que tiene 20 mil habitantes. O sea, hay una gran movilización que no les da licencia social a estas empresas.
Nosotros permanentemente estamos demostrando que Andalgalá no les da permiso para explotar la naciente de nuestros ríos, que no queremos que nos destruyan nuestras montañas, no queremos que nos toquen nuestros glaciares ni nuestro ambiente periglaciar.
Por eso, por haber transcurrido tres años en la provincia que nos rechazó nuestro derecho y nuestro reclamo, hemos acudido en queja a la Corte Suprema de la Nación, donde hemos visto cierta morosidad en que se expida. Por eso se realizó en 2014 el primer acampe por la vida para que se expida la procuradora Gils Carbó. Se logró un dictamen de esta procuradora, quien reconoce que teníamos derecho a vivir en un ambiente sano. Ese dictamen volvió a la Corte de Justicia de la nación, pero está cajoneado hace más de un año. Vencidos todos los plazos razonables para que el tribunal se expida, por eso tomamos la decisión de venir y acampar.
Nosotros acudimos a la vía del amparo porque se supone que, en un estado de derecho, la vía del amparo es la vía más rápida para que un tribunal se expida ante una situación de emergencia. Hasta ahora no hemos tenido respuesta, por eso pedimos una sentencia ya: hay una población que está en peligro y nos sentimos amenazados permanentemente, la empresa nunca dejó de estar presente, mantienen el pie del campamento al pie de la montaña; de la misma manera que nosotros no dejamos de actuar para que este emprendimiento se vaya. Porque hasta ahora lo único que se ha visto es destrucción, contaminación y saqueo, no hay desarrollo para los pueblos, desalientan cualquier otro tipo de producción, generan migraciones forzadas.
La Justicia es lenta, esta situación debió haberse resuelto hace mucho tiempo con una respuesta justa porque se vienen violando una serie de derechos humanos: el derecho al agua potable, el acceso a la salud, a la autodeterminación de los pueblos.
—En el acampe están haciendo actividades…
—En el acampe estamos haciendo actividades: caminatas con volanteada al Obelisco, organizamos jornadas de reflexión con las organizaciones sociales y de derechos humanos que nos visitan. Nos visitaron Nora Cortiñas, Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y Adolfo Pérez Esquivel (Nobel de la Paz). El lunes 15 —al cierre de esta nota— organizamos una jornada cultural con murgas y batucadas de los barrios, bandas de rock y folclore.
—¿Cómo viene la lucha del pueblo de Andalgalá?
—El 19 de enero de 2010, además del amparo, también hicimos una cautelar de paralización del proyecto minero Agua Rica, propiedad de la multinacional canadiense.
Transcurridos los días, nos manifestábamos pacíficamente en el camino que une la ciudad de Andalgalá con el yacimiento (que es un camino comunero). El 15 de febrero de 2010, el juez rechaza la medida cautelar de paralización del emprendimiento minero y paralelamente da la orden de reprimir y desalojar a la asamblea que estaba al costado del camino comunero. Sufrimos una enorme represión de las fuerzas policiales nunca visto antes en Andalgalá. Esto produjo un enojo enorme en los pobladores, la ciudad de Andalgalá se volcó a las calles.
Pese a haberse rechazado la medida cautelar, se admitió el recurso de amparo, pero no se resolvió la cuestión de fondo: que el acto administrativo que autorizaba la explotación del yacimiento minero Agua Rica, emanado de la secretaria de Minas de la provincia de Catamarca, es absolutamente nulo de nulidad absoluta porque lo hace de una manera irregular e ilegítima. Decimos esto, porque el Código de Minería expresamente establece que cuando una empresa presenta un informe de impacto ambiental, las autoridades las deben aprobar o rechazar. No existe término medio. La Secretaria de Minería de Catamarca autorizó a explotación el 19 de marzo de 2009 con una serie de condiciones, con una treintena de puntos que debía corregir la empresa. Por lo tanto, si había tantas objeciones e incumplimientos por parte de la empresa debió haber sido rechazado.
Ante esa situación, nosotros como vecinos impugnamos y solicitamos la nulidad de esa autorización, hemos levantado firmas en todo el Noroeste de la República Argentina, material que se aportó a la Secretaría de Minería, pero nunca fue respondido ese pedido de nulidad.
Como administrativamente no nos respondieron, acudimos a la Justicia con un recurso de amparo.
Pasaron tres años, en la provincia de Catamarca nos rechazaron en todas las instancias. Además de que se violó la Ley general del Ambiente en cuanto a la participación ciudadana (audiencias públicas, consultas populares).
—De avanzar este proyecto, ¿cómo afecta a la comunidad?
—En Andalgalá, este proyecto prácticamente está en la naciente de nuestros ríos, de donde sale el agua tanto para consumo humano como para los riegos para la agricultura y otros sectores productivos. Estos proyectos mineros son grandes consumidores de agua, tremendamente destructivos. Si comparamos con la mala experiencia de Minera La Alumbrera, matan una montaña por día. Hablamos de 304.000 a 400.000 mil toneladas de roca que hacen volar por el aire todos los días. Entonces, si se llega a autorizar en forma definitiva sería firmar el certificado de defunción de nuestro pueblo de Andalgalá.
—Pero, ahora este proyecto minero, lo tienen frenado…
—Por la respuesta a la represión del 15 de febrero de 2010: Se produjo un desmadre en las instituciones y el pueblo de Andalgalá, tremendo; incendiaron la municipalidad, apedrearon la Fiscalía, otros sectores daban vueltas las camionetas. Una pueblada muy grande. En ese marco, el juez de Minas, Ramón Guillermo Cerda, dio la orden de paralización de todo tipo de actividad de Minera Agua Rica, por haberse alterado la paz social de Andalgalá.
Esa medida sigue vigente en el día de hoy, pero quien la mantiene no es el propio juez sino porque permanentemente –sobre todo los sábados a la noche— los vecinos de Andalgalá se convocan en el Mástil de la plaza principal, se proyectan documentales en contra de la megaminería, se hacen breves actos, se reciben a personalidades como Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y sectores de derechos humanos, porque ven en el reclamo de Andalgalá, un justo reclamo para poder vivir en un lugar sano y en paz. Se dan dos vueltas a la plaza, nos manifestamos con cantos, con consignas en contra de la megaminería todos los sábados desde hace seis años.
Estas actividades las sostiene la propia gente, la asamblea que nació el 14 de diciembre, fecha en que dos vecinos se pararon en el camino comunero diciendo “No pasan más las mineras”. Acción a la que se sumó toda la población de Andalgalá en su mayoría, y hasta el día de hoy se sigue haciendo la caminata por la vida. Ya vamos por la caminata 326 desde hace seis años, de forma ininterrumpida, donde hemos llegado a convocar a más de 5 mil personas, en una población que tiene 20 mil habitantes. O sea, hay una gran movilización que no les da licencia social a estas empresas.
Nosotros permanentemente estamos demostrando que Andalgalá no les da permiso para explotar la naciente de nuestros ríos, que no queremos que nos destruyan nuestras montañas, no queremos que nos toquen nuestros glaciares ni nuestro ambiente periglaciar.
Por eso, por haber transcurrido tres años en la provincia que nos rechazó nuestro derecho y nuestro reclamo, hemos acudido en queja a la Corte Suprema de la Nación, donde hemos visto cierta morosidad en que se expida. Por eso se realizó en 2014 el primer acampe por la vida para que se expida la procuradora Gils Carbó. Se logró un dictamen de esta procuradora, quien reconoce que teníamos derecho a vivir en un ambiente sano. Ese dictamen volvió a la Corte de Justicia de la nación, pero está cajoneado hace más de un año. Vencidos todos los plazos razonables para que el tribunal se expida, por eso tomamos la decisión de venir y acampar.
Nosotros acudimos a la vía del amparo porque se supone que, en un estado de derecho, la vía del amparo es la vía más rápida para que un tribunal se expida ante una situación de emergencia. Hasta ahora no hemos tenido respuesta, por eso pedimos una sentencia ya: hay una población que está en peligro y nos sentimos amenazados permanentemente, la empresa nunca dejó de estar presente, mantienen el pie del campamento al pie de la montaña; de la misma manera que nosotros no dejamos de actuar para que este emprendimiento se vaya. Porque hasta ahora lo único que se ha visto es destrucción, contaminación y saqueo, no hay desarrollo para los pueblos, desalientan cualquier otro tipo de producción, generan migraciones forzadas.
La Justicia es lenta, esta situación debió haberse resuelto hace mucho tiempo con una respuesta justa porque se vienen violando una serie de derechos humanos: el derecho al agua potable, el acceso a la salud, a la autodeterminación de los pueblos.
—En el acampe están haciendo actividades…
—En el acampe estamos haciendo actividades: caminatas con volanteada al Obelisco, organizamos jornadas de reflexión con las organizaciones sociales y de derechos humanos que nos visitan. Nos visitaron Nora Cortiñas, Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y Adolfo Pérez Esquivel (Nobel de la Paz). El lunes 15 —al cierre de esta nota— organizamos una jornada cultural con murgas y batucadas de los barrios, bandas de rock y folclore. n
—¿Cómo viene la lucha del pueblo de Andalgalá?
—El 19 de enero de 2010, además del amparo, también hicimos una cautelar de paralización del proyecto minero Agua Rica, propiedad de la multinacional canadiense.
Transcurridos los días, nos manifestábamos pacíficamente en el camino que une la ciudad de Andalgalá con el yacimiento (que es un camino comunero). El 15 de febrero de 2010, el juez rechaza la medida cautelar de paralización del emprendimiento minero y paralelamente da la orden de reprimir y desalojar a la asamblea que estaba al costado del camino comunero. Sufrimos una enorme represión de las fuerzas policiales nunca visto antes en Andalgalá. Esto produjo un enojo enorme en los pobladores, la ciudad de Andalgalá se volcó a las calles.
Pese a haberse rechazado la medida cautelar, se admitió el recurso de amparo, pero no se resolvió la cuestión de fondo: que el acto administrativo que autorizaba la explotación del yacimiento minero Agua Rica, emanado de la secretaria de Minas de la provincia de Catamarca, es absolutamente nulo de nulidad absoluta porque lo hace de una manera irregular e ilegítima. Decimos esto, porque el Código de Minería expresamente establece que cuando una empresa presenta un informe de impacto ambiental, las autoridades las deben aprobar o rechazar. No existe término medio. La Secretaria de Minería de Catamarca autorizó a explotación el 19 de marzo de 2009 con una serie de condiciones, con una treintena de puntos que debía corregir la empresa. Por lo tanto, si había tantas objeciones e incumplimientos por parte de la empresa debió haber sido rechazado.
Ante esa situación, nosotros como vecinos impugnamos y solicitamos la nulidad de esa autorización, hemos levantado firmas en todo el Noroeste de la República Argentina, material que se aportó a la Secretaría de Minería, pero nunca fue respondido ese pedido de nulidad.
Como administrativamente no nos respondieron, acudimos a la Justicia con un recurso de amparo.
Pasaron tres años, en la provincia de Catamarca nos rechazaron en todas las instancias. Además de que se violó la Ley general del Ambiente en cuanto a la participación ciudadana (audiencias públicas, consultas populares).
—De avanzar este proyecto, ¿cómo afecta a la comunidad?
—En Andalgalá, este proyecto prácticamente está en la naciente de nuestros ríos, de donde sale el agua tanto para consumo humano como para los riegos para la agricultura y otros sectores productivos. Estos proyectos mineros son grandes consumidores de agua, tremendamente destructivos. Si comparamos con la mala experiencia de Minera La Alumbrera, matan una montaña por día. Hablamos de 304.000 a 400.000 mil toneladas de roca que hacen volar por el aire todos los días. Entonces, si se llega a autorizar en forma definitiva sería firmar el certificado de defunción de nuestro pueblo de Andalgalá.
—Pero, ahora este proyecto minero, lo tienen frenado…
—Por la respuesta a la represión del 15 de febrero de 2010: Se produjo un desmadre en las instituciones y el pueblo de Andalgalá, tremendo; incendiaron la municipalidad, apedrearon la Fiscalía, otros sectores daban vueltas las camionetas. Una pueblada muy grande. En ese marco, el juez de Minas, Ramón Guillermo Cerda, dio la orden de paralización de todo tipo de actividad de Minera Agua Rica, por haberse alterado la paz social de Andalgalá.
Esa medida sigue vigente en el día de hoy, pero quien la mantiene no es el propio juez sino porque permanentemente –sobre todo los sábados a la noche— los vecinos de Andalgalá se convocan en el Mástil de la plaza principal, se proyectan documentales en contra de la megaminería, se hacen breves actos, se reciben a personalidades como Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y sectores de derechos humanos, porque ven en el reclamo de Andalgalá, un justo reclamo para poder vivir en un lugar sano y en paz. Se dan dos vueltas a la plaza, nos manifestamos con cantos, con consignas en contra de la megaminería todos los sábados desde hace seis años.
Estas actividades las sostiene la propia gente, la asamblea que nació el 14 de diciembre, fecha en que dos vecinos se pararon en el camino comunero diciendo “No pasan más las mineras”. Acción a la que se sumó toda la población de Andalgalá en su mayoría, y hasta el día de hoy se sigue haciendo la caminata por la vida. Ya vamos por la caminata 326 desde hace seis años, de forma ininterrumpida, donde hemos llegado a convocar a más de 5 mil personas, en una población que tiene 20 mil habitantes. O sea, hay una gran movilización que no les da licencia social a estas empresas.
Nosotros permanentemente estamos demostrando que Andalgalá no les da permiso para explotar la naciente de nuestros ríos, que no queremos que nos destruyan nuestras montañas, no queremos que nos toquen nuestros glaciares ni nuestro ambiente periglaciar.
Por eso, por haber transcurrido tres años en la provincia que nos rechazó nuestro derecho y nuestro reclamo, hemos acudido en queja a la Corte Suprema de la Nación, donde hemos visto cierta morosidad en que se expida. Por eso se realizó en 2014 el primer acampe por la vida para que se expida la procuradora Gils Carbó. Se logró un dictamen de esta procuradora, quien reconoce que teníamos derecho a vivir en un ambiente sano. Ese dictamen volvió a la Corte de Justicia de la nación, pero está cajoneado hace más de un año. Vencidos todos los plazos razonables para que el tribunal se expida, por eso tomamos la decisión de venir y acampar.
Nosotros acudimos a la vía del amparo porque se supone que, en un estado de derecho, la vía del amparo es la vía más rápida para que un tribunal se expida ante una situación de emergencia. Hasta ahora no hemos tenido respuesta, por eso pedimos una sentencia ya: hay una población que está en peligro y nos sentimos amenazados permanentemente, la empresa nunca dejó de estar presente, mantienen el pie del campamento al pie de la montaña; de la misma manera que nosotros no dejamos de actuar para que este emprendimiento se vaya. Porque hasta ahora lo único que se ha visto es destrucción, contaminación y saqueo, no hay desarrollo para los pueblos, desalientan cualquier otro tipo de producción, generan migraciones forzadas.
La Justicia es lenta, esta situación debió haberse resuelto hace mucho tiempo con una respuesta justa porque se vienen violando una serie de derechos humanos: el derecho al agua potable, el acceso a la salud, a la autodeterminación de los pueblos.
—En el acampe están haciendo actividades…
—En el acampe estamos haciendo actividades: caminatas con volanteada al Obelisco, organizamos jornadas de reflexión con las organizaciones sociales y de derechos humanos que nos visitan. Nos visitaron Nora Cortiñas, Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y Adolfo Pérez Esquivel (Nobel de la Paz). El lunes 15 —al cierre de esta nota— organizamos una jornada cultural con murgas y batucadas de los barrios, bandas de rock y folclore. n
