El gobierno, después de impulsar y aprobar la ley corta para poder entrar junto a sus amigos en el negocio petrolero, ahora vuelve sobre sus pasos y quiere controlar los recursos, que por la reforma constitucional del ‘94 y por esa ley, pasaron a dominio de los estados provinciales.
El gobierno, después de impulsar y aprobar la ley corta para poder entrar junto a sus amigos en el negocio petrolero, ahora vuelve sobre sus pasos y quiere controlar los recursos, que por la reforma constitucional del ‘94 y por esa ley, pasaron a dominio de los estados provinciales.
El tema de fondo es que la tan mentada soberanía energética está muy lejos de alcanzarse y se abrió la disputa por el manejo y el control de los negocios de toda la actividad petrolera del país, especialmente en los recursos no convencionales.
Este año el gasto por importación de energía rondará los 15.000 millones de dólares, una sangría enorme de divisas que afectan las reservas del Banco Central con consecuencias serias sobre toda la economía.
Con el objetivo de atraer inversiones el gobierno tomó decisiones graves para nuestra economía y nuestra soberanía. Decidió indemnizar a Repsol por una suma que ascenderá a 10.000 millones de dólares sin considerar el pasivo ambiental y lo que es peor sin tener en cuenta el vaciamiento de la empresa que hicieron los españoles. Decidió acordar con el Club de París, y al igual que con los fondos buitres no investigar nada de la deuda. Acordó las deudas fijadas por el Ciadi. Y exactamente al revés de lo que hizo el general Mosconi cuando se creó YPF estatal –que unificó los precios de los combustibles en todo el país y los bajó–, ahora aumentaron las naftas en más de 100% en el último año.
Aun así las inversiones no llegaron, son mínimas incluso para los no convencionales en Vaca Muerta. Con la nueva Ley de Hidrocarburos, el gobierno nacional pretende decidir el manejo absoluto de la actividad, haciendo que las provincias renuncien a toda capacidad de decisión.
En la disputa entre las provincias y Galuccio junto al gobierno nacional por el manejo de los recursos hidrocarburíferos, es imprescindible tener en cuenta que YPF SA la hegemonizan los personeros del monopolio Schlumberger como el propio Galuccio; Jesús Grande, vicepresidente ejecutivo de producción y exploración; Emanuel D´Huteau, director de estimulación y productividad; Martín Gandolfo, que pasó a manejar Apache, la empresa que compro YPF SA.
Esta nueva ley no es para resolver las necesidades de nuestro pueblo ni garantizar nuestra soberanía energética, muy por el contrario.
Es una ley entreguista: todos los beneficios son para los monopolios petroleros, principalmente extranjeros. Se extienden los beneficios del decreto 929/13 a partir de una inversión de 250 millones de dólares y no de 1.000 millones, como era antes, permitiendo exportar el 20% de lo producido en el 5º año. Tendrán exenciones impositivas para importar equipos fomentando la importación de maquinaria y equipos, en lugar de promover el desarrollo de equipos pesados en nuestro país. La negociación con las petroleras -en base al acuerdo entre YPF SA y Chevron-, del que no se conocen todavía los términos ya que son secretos- se hace entre empresas con domicilios en paraísos fiscales, y en caso de litigio las partes se someterían a la justicia de países extranjeros.
Es una ley antifederal: quita todo tipo de decisión a las provincias sobre las concesiones de las áreas a las petroleras, decide sobre los plazos de las concesiones, a 30 años para el off shore, 35 años para los no convencionales con opción a 10 años más. Quita todo tipo de protagonismo en la actividad a las empresas petroleras provinciales. Pone un tope de regalías para las provincias del 12% como hasta ahora, incluso lo baja al 5% si la recuperación es terciaria. Permite un cobro máximo de ingresos brutos de 3% (en Neuquén es actualmente del 3,5%). Elimina el impuesto a los sellos y el cobro de canon por los nuevos contratos de concesión. También prohibiría a las empresas provinciales como GyP los contratos de carry o acarreo, por los cuales las concesionarias entregan 10 o 15% del negocio, que las provincias pagan cuando se empieza a producir.
Es una ley antiobrera: para bajar costos y hacer más rentable el negocio para las petroleras pretende cambiar el régimen laboral, principalmente en el sector de Servicios Especiales. Para los otros sectores de la actividad se pretende ajustar, mantener el impuesto al trabajo, no reconocer la zona para los que ya estaba acordado, y consolidar los diagramas esclavizantes para los trabajadores.
Para una política de verdadera soberanía energética proponemos:
1- Recuperar la totalidad de los yacimientos de manos de las operadoras, caducando las concesiones otorgadas a las operadoras de áreas como Chevron, Total, Pan American, Sinopec, etc., por ser ilegítimas, y por estar en contra en el caso de Neuquén de lo planteado en la Constitución Provincial en su artículo 96, que solamente permite la explotación por empresas estatales y prohíbe la concesión a empresas privadas.
Debe hacerse sin resarcimiento económico con inicio de demanda para el cobro de los pasivos ambientales no remediados, recuperando de esta forma la renta petrolera.
2- La operación debe estar en manos de una YPF 100% estatal y federal, para convertirla en empresa pública Sociedad del Estado, con control de los trabajadores, técnicos y profesionales, la Universidad y las organizaciones populares. Controlando toda la actividad hidrocarburífera en sus aspectos ambientales, sociales, económicos y productivos. Con la visión del Gral. Mosconi, en los pueblos y localidades donde actúe YPF se fomentará su desarrollo en lo económico y social.
En el caso de las comunidades mapuches cualquier actividad petrolera debe hacerse como marca la Constitución y el Art. 169 de la OIT con consulta previa y consentimiento.
3- Esta empresa deberá tener una clara política que termine con la superxplotación de los obreros petroleros, eliminando los turnos de 12 horas, sin reducción de los sueldos, y flexibilizando a fondo los diagramas de trabajo, incorporando nuevos operarios, para cubrir todas las vacantes necesarias, incorporando los relevos suficientes para un mejor régimen de licencias, que hoy es esclavizante.
4- La nueva YPF tendrá una política de fomento de las PYME y de la industria nacional, defendiendo la industria local y nacional, frente al avance de los monopolios extranjeros. Impulsando líneas de créditos blandos, entre otros incentivos. Promoverá el desarrollo de la industria pesada (equipos de perforación, herramientas, etc.), en manos del Estado.
5- Restablecer la inversión exploratoria de recursos convencionales, en la parte continental y la costa marítima (off shore).
6- Prohibir la exportación de los hidrocarburos, ajustando la producción a las necesidades nacionales.
7- Realizar convenios de cooperación energéticos regionales (Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, etc.).
8- Aceleración de la sustitución de las fuentes energéticas sucias con tecnologíaslimpias,
para cambiar la matriz energética de nuestro país.
