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08 de enero de 2025

Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA, Mendoza

No a la privatización de Impsa

En el marco de la Ley de Bases, el gobierno nacional y provincial han acordado la privatización de Impsa (Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA).

En 2021, tras una prolongada crisis financiera que se extendió por más de una década, el Estado nacional y provincial intervinieron para rescatar a la empresa adquiriendo la mayoría de sus acciones. La composición accionaria quedó de la siguiente manera: Nación 63,7 %, provincia 21,2 %, acreedores privados 9,8 % (Banco Nación, BID, inversores chilenos, canadienses, brasileños, entre otros), y la familia Pescarmona 5,3 %. Como dijimos en su momento, o se avanzaba en una empresa 100% estatal, que abriera los cuadernos e hiciera pagar a sus responsables, o se iba a retroceder.

Los 20 millones de dólares aportados fueron un salvavidas provisorio para pagar deudas y para financiar la concreción de proyectos claves como la elaboración del reactor nuclear de Atucha II, nuevas turbinas para Yacyretá, turbinas para el parque eólico de La Rioja, fabricación de equipos para YPF y componentes auxiliares del reactor CAREM, entre otros.

En su momento, esta decisión, apoyada tanto por el gobierno de Fernández como por el de Suárez, tenía como objetivo, entre otras cosas, viabilizar la construcción de la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento en el sur provincial. Este proyecto tuvo como único oferente a una empresa china, que requería socios locales como Impsa. Pero la oposición a este proyecto por parte de un gran abanico social que reclamaban obras indispensables de agua y riego y los cuestionamientos de las provincias que integran el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), dejaron en el aire ese acuerdo provisorio.

Con la llegada de Milei y las brutales políticas de entrega, Cornejo rápidamente se fue alineando a esta nueva sintonía. El gobernador ha avanzado en proyectos con capitales extranjeros para la explotación de cobre, uno de los requisitos del Pacto de Mayo, y la provincia ha sido la primera recibir inversiones inscriptas en el RIGI. En este marco, el gobierno ha colocado a Impsa como la primera empresa con participación estatal que intentará privatizar.

Milei habría afirmado: “Todo lo que se pueda privatizar, lo vamos a privatizar”. Por su parte, Cornejo señaló que Impsa es inviable y desestimó la posibilidad de que siga siendo estatal, calificando esa idea como un sueño de “economía soviética”.

Lo cierto es que Impsa es la única empresa en América Latina con la capacidad tecnológica, laboral y técnica para fabricar equipos hidroeléctricos de gran envergadura, parques eólicos y, especialmente, componentes para la energía nuclear. La privatización de IMPSA representa un golpe directo al desarrollo soberano del país, particularmente en el ámbito nuclear.

Entre los posibles compradores destaca la empresa estadounidense ARC Energy. Sin embargo, esta compañía, que supuestamente desembolsaría 25 millones de dólares, exige la cancelación previa de la deuda de Impsa, que asciende a unos 500 millones de dólares. Además, pretende condiciones que incluyan despidos masivos y contratación bajo formatos laborales flexibles, es decir, con convenios de ultraexplotación. Actualmente, la empresa cuenta con 750 trabajadores y técnicos altamente calificados.

El “negocio” de Milei y Cornejo implica entregar una empresa estratégica con tecnología de punta; asumir la deuda sin responsabilizar a sus verdaderos causantes (Pescarmona y asociados); permitir despidos de trabajadores calificados; y otorgar beneficios y exenciones impositivas al nuevo propietario. Esto significa financiar la entrega de una empresa que podría producir equipamientos estratégicos, para luego tener que importarlos o adquirirlos de la misma compañía privatizada ¡Qué negocio del libre mercado!

Este mes, IMPSA pagó solo la mitad de los salarios de sus trabajadores, y el aguinaldo está en riesgo. Hay presión para acelerar la crisis de la empresa para facilitar la venta de acciones a costos menores con coimas mayores. Ya vivimos un escenario similar en los años 90, cuando se entregó nuestro patrimonio, se vaciaron las empresas y el país quedó con deudas, compañías saqueadas y altos niveles de desempleo.

No es posible defender los puestos de trabajo sin luchar por una empresa que esté vinculada al desarrollo de la industria nacional. Necesitamos una IMPSA que priorice la soberanía energética y sea garante de la producción de insumos y partes agrícolas e industriales que actualmente dependen en gran medida de las importaciones.

El pasado 20 de noviembre se realizó un acto frente a las instalaciones de IMPSA, organizado por la Comisión en Defensa del Patrimonio Nacional, con la participación del PCR, la CCC, entre otros sectores. Los trabajadores ya han llevado a cabo varios paros para reclamar sus salarios y defender sus puestos de trabajo. Solo la unidad y la lucha conjunta de los trabajadores y el pueblo podrán frenar esta entrega y avanzar hacia un camino de soberanía.

Corresponsal

hoy N° 2041 08/01/2025