El Foro en Defensa de Nuestros Ríos y Represas nació como un espacio amplio y plural integrado por sectores técnicos, sociales, académicos y políticos de Neuquén y Río Negro.
Desde sus inicios, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue ha sido sede y punto de encuentro de esta diversidad de voces, unidas por la preocupación común frente al destino de las represas del Comahue y la necesidad de un modelo energético soberano, justo y planificado.
El Foro ha sostenido de manera coherente su rechazo a la reprivatización de las centrales de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, advirtiendo que el acuerdo anunciado entre el Gobierno Nacional y las provincias “sigue dejando pasar una oportunidad histórica para recuperar el control pleno de nuestras centrales hidroeléctricas bajo gestión estatal nacional y provincial” y que el esquema impulsado “volvería a dejar en manos privadas decisiones estratégicas sobre inversiones, seguridad hídrica, manejo del recurso y desarrollo económico”.
Tras la presentación de la medida cautelar interpuesta por senadores nacionales de ambas provincias, el Foro celebró la acción judicial destacando que “la soberanía energética es fundamental para el desarrollo de un plan productivo nacional, para lo cual es vital que todos esos recursos estén en manos del Estado y no de corporaciones con intereses ajenos a los de los argentinos”.
A pesar de estas advertencias, el Ministerio de Economía aprobó el 15 de octubre la Circular Modificatoria N° 4 al pliego de bases del concurso público para la venta total de las acciones de las sociedades concesionarias, profundizando el camino de la reprivatización.
Para los integrantes del Foro, esta decisión “confirma la voluntad del Gobierno Nacional de ignorar la cautelar judicial y avanzar en la entrega del control de un recurso estratégico”, vulnerando el principio constitucional de dominio provincial de los recursos naturales y debilitando el papel del Estado en la gestión energética.
Cabe recordar que las represas del Comahue fueron diseñadas, construidas, mantenidas y operadas durante décadas por empresas estatales, con el esfuerzo y el conocimiento de ingenieras, técnicos y trabajadores argentinos.
Gracias a esa política pública, el país logró una expansión eléctrica planificada, segura y eficiente, que sostuvo el desarrollo regional y nacional antes de su privatización en los años noventa. La entrega de este patrimonio construido colectivamente no solo significa renunciar a una fuente de energía limpia y regulable, sino también a una parte esencial de la capacidad de decisión sobre el agua, la producción y el futuro.
“Treinta años de concesiones a privados solo dejaron divisas fugadas y falta de planificación hidroeléctrica”, recuerda el Foro, que insiste en que el manejo de los ríos y represas debe responder al interés colectivo, con participación estatal mayoritaria y orientación al desarrollo soberano y sustentable de la región.
La continuidad del proceso de reprivatización impulsado por el gobierno de Javier Milei expresa una política de entrega de la soberanía nacional.
El avance sobre el control de las represas no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia de desmantelamiento del patrimonio público y subordinación a intereses externos.
Frenar esta política y recuperar la gestión estatal del agua y la energía es una condición indispensable para defender la soberanía, garantizar la seguridad y reconstruir un proyecto de desarrollo para el país.
hoy N° 2082 22/10/2025
