En toda la Argentina y en más de 35 ciudades, el pasado 4 de febrero se realizaron movilizaciones en defensa de la Ley de Glaciares y en rechazo a las modificaciones que pretende sancionar el Gobierno Nacional. El gobierno de Javier Milei envió el 15 de diciembre al Congreso un proyecto de ley que busca modificar el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, para su tratamiento durante el período de Sesiones Extraordinarias, con el objetivo de garantizar la libre explotación de estos territorios por la megaminería, especialmente de cobre y litio.
Miles de personas, en numerosas localidades del país, salieron esta semana a rechazar este proyecto saqueante y contaminante. A su vez, múltiples voces provenientes de los ámbitos ambiental, universitario, legal y técnico se han pronunciado en contra de esta reforma.
Las principales objeciones señalan que las modificaciones propuestas representan un grave retroceso en la legislación ambiental, sientan un peligroso antecedente jurídico, vulneran derechos adquiridos, implican una subordinación inconstitucional de la legislación nacional a la provincial y evidencian el claro interés de las empresas mineras y de gobiernos provinciales funcionales a ellas.
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que es la Nación quien debe fijar los presupuestos mínimos de protección ambiental. Sin embargo, las modificaciones planteadas delegan en las provincias la evaluación de cuáles glaciares y geoformas periglaciares cumplen la función de reserva estratégica de recursos hídricos o de provisión de agua para la recarga de las cuencas hidrográficas. Esto implica desconocer que todos los glaciares son reservas de agua y que todos los ambientes periglaciares constituyen “uno de los componentes más determinantes del sistema hídrico andino, ya que concentran grandes volúmenes de hielo subterráneo no visible en la superficie y cumplen funciones esenciales para la estabilidad de las cuencas de montaña” (Fundación Ambiente y Recursos Naturales).
Argentina es uno de los países con mayor cantidad de glaciares del mundo, después de Pakistán y Chile. Gracias a la lucha popular que dio origen a la Ley de Glaciares, hoy se sabe que existen cerca de 17.000 glaciares en el país, responsables de alimentar aproximadamente el 40 % de las cuencas hídricas nacionales. En el caso de la provincia de Mendoza, cuyas precipitaciones son comparables a las del desierto del Sahara, el suministro de agua depende de manera absoluta de los glaciares.
Otorgar a los gobiernos provinciales la potestad de determinar qué zonas son periglaciares y cuáles no, por encima de institutos nacionales especializados como el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), es, literalmente, poner al lobo a cuidar las ovejas. Resulta evidente que los intereses económicos y políticos de los monopolios y de las autoridades provinciales primarán sobre el rigor técnico y sobre los intereses ambientales del conjunto del pueblo.
El caso de Mendoza es un ejemplo elocuente. El gobierno provincial de Alfredo Cornejo ha sancionado, en materia minera, múltiples Declaraciones de Impacto Ambiental de forma autoritaria, con numerosas irregularidades, avaladas por jueces que garantizan su “legalidad” y sostenidas mediante la represión en las calles a quienes se oponen al extractivismo saqueador y contaminante. La última marcha del 4 de febrero dejó un saldo de nueve personas detenidas por defender la Ley de Glaciares, que se suman a los cerca de 30 procesados en los últimos meses por oponerse a los proyectos megamineros.
El gobierno de Cornejo, en sintonía y anticipándose a las políticas entreguistas de Milei, hace oídos sordos -con la complicidad de los medios pautados- a una lucha que se sostiene desde hace meses en todos los departamentos y en numerosos barrios de la provincia de Mendoza, rechazando esta decisión política de entrega de bienes comunes, saqueo y contaminación.
En manos de gobiernos como este se pretende dejar la decisión de “qué glaciares se pueden explotar y cuáles no”, así como la atribución de controlar proyectos extractivos de enorme escala, cuando en Mendoza ni siquiera se controlan los vuelcos contaminantes a los canales de riego y se ha disuelto el ente de control del agua potable, entre otros graves antecedentes.
Esta reforma se impulsa en un contexto en el que el gobierno nacional acaba de anunciar un acuerdo comercial con Estados Unidos, caracterizado por una apertura extrema a las importaciones norteamericanas en sectores estratégicos y por un profundo sometimiento nacional. Entre los puntos conocidos en relación con los minerales, el acuerdo establece que “Argentina permitirá y facilitará la inversión de Estados Unidos en su territorio para explorar, extraer, refinar, procesar, transportar, distribuir y exportar minerales críticos y recursos energéticos”. Es decir, se busca facilitar la explotación de minerales estratégicos -litio, cobre, tierras raras- claves para la transición energética, la industria informática y de telecomunicaciones, y el equipamiento militar. La reforma de la Ley de Glaciares no puede entenderse por fuera de esta embestida imperialista ni del avance de los factores de guerra a nivel mundial.
Tampoco puede disociarse esta ofensiva megaminera de la brutal quema de bosques en la Patagonia, a ambos lados de la cordillera. Tampoco es casualidad que se trate en el marco de la Reforma laboral, que busca eliminar derechos conquistas y establecer formas de trabajo de superexplotación. Como sostenía Marx: «El capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza y los seres humanos».
Todo este proceso se desarrollará bajo la órbita del RIGI, que otorga gigantescos beneficios impositivos y comerciales. En otras palabras, se subsidia a los monopolios para legalizar el saqueo de minerales estratégicos a costa de un desastre ambiental de enormes proporciones.
Solo la lucha del pueblo en las calles podrá frenar estos proyectos que, junto con la reforma laboral y otras iniciativas, buscan legitimar el saqueo, la sobreexplotación y la entrega de la soberanía, transformando a nuestro país en una simple fuente de materias primas y mano de obra barata.
Corresponsal
hoy N° 2096 11/02/2026
