Este pueblo montañés, duro y luchador, desde el año 2003 en que aparecieron las primeras mineras en el Valle de Uco, tomó con fuerza la lucha para evitar el ingreso de la minería metalífera saqueante y secante.
Este pueblo montañés, duro y luchador, desde el año 2003 en que aparecieron las primeras mineras en el Valle de Uco, tomó con fuerza la lucha para evitar el ingreso de la minería metalífera saqueante y secante.
En el año 2007, la gigantesca movilización con formas de pueblada del sureño General Alvear, con más de 10.000 personas durante varios días enfrentando el frío y la nieve, junto al pueblo de San Carlos y con el apoyo de las asambleas socioambientales del Gran Mendoza y diversas organizaciones sociales y políticas, logró la sanción de la Ley 7722, elaborada por el pueblo de Alvear y presentada por el legislador demócrata Difonso, hoy intendente de San Carlos. Esta ley prohibió el uso de sustancias tóxicas como ácido sulfúrico, cianuro y otras, en la actividad minera, frenando de esta manera el ingreso de estas empresas extranjeras.
Este fue un logro histórico en la lucha contra el saqueo y la contaminación en la provincia que instauró un antes y un después.
Inmediatamente, las empresas megamineras presentaron ante la Justicia once recursos de inconstitucionalidad contra esa Ley, auspiciados por abogados locales, entre ellos el estudio BRGPG en el que participaba el actual gobernador Paco Pérez.
Llegó entonces la Coro Minig con el proyecto San Jorge en Uspallata. La lucha continuó y así fue que la memorable audiencia pública en Uspallata, en octubre del 2010, con un 75% de las intervenciones en contra, hirió de muerte al proyecto minero de cobre San Jorge.
En febrero del año siguiente, al final de una movilización, se tomó espontáneamente la Legislatura provincial y en una sesión masiva dirigida por un compañero de San Carlos, el pueblo votó el no a la megaminería que saquea y contamina. Esta toma, junto a varias marchas, escraches y otras acciones, obligó al candidato del PJ Paco Pérez a ordenar el rechazo del proyecto San Jorge en la Legislatura, el 24 de agosto del 2011, para lavar su imagen de megaminero y tener alguna chance para las elecciones.
Pero el pueblo mendocino no le cree y el Carrousel de la Vendimia 2012, como sucedió en todas las vendimias desde el 2008, nos volvió a encontrar en una marcha de casi 10.000 personas que decían: “sí al agua pura”, “no al saqueo y la contaminación”. Mientras un público de 250.000 personas aplaude y apoya.
Esto ha puesto en difícil situación al gobernador Paco Pérez, seguidor de las políticas impulsadas por Cristina y arrinconado por el pueblo mendocino, que no quiere vivir lo mismo que San Juan o La Rioja.
Hoy los recursos de inconstitucionalidad están por resolverse en manos de la Corte Suprema. La cámara en la que están los pedidos está compuesta por tres jueces, dos de ellos con relaciones estrechas con el gobierno de Paco.
Las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura (AMPAP) que nuclea a todas las asambleas departamentales, junto a la Coordinadora por los Bienes Comunes, de la que forman parte sindicatos como ATE, Fadiunc y Judiciales, partidos como el PCR-PTP e importantes ONGs provinciales, estamos en una campaña de firmas para garantizar la constitucionalidad de la Ley 7722, que ha detenido el ingreso de las empresas imperialistas megamineras en Mendoza.
El martes 14 de agosto se presentaron las primeras 36.000 firmas en la Corte, recolectadas por AMPAP y Coordinadora, defendiendo la constitucionalidad de la Ley 7722.
Luego el viernes 24 de agosto, al cumplirse un año del rechazo del proyecto San Jorge, una combativa movilización de más de 1.500 personas, en la que participaron asambleas, sindicatos, agrupaciones gremiales, partidos políticos ocupó las calles céntricas, deteniéndose en la Legislatura provincial y en el Palacio de Justicia, para decir que el pueblo mendocino no quiere el saqueo megaminero que nos deja sin agua y contamina.
Desde el PCR y PTP, como parte de la Coordinadora, planteamos un rotundo no al saqueo megaminero que seca y contamina, promocionado por el gobierno nacional de Cristina K, e impulsamos la discusión de una política minera orientada a satisfacer las necesidades del pueblo y de la patria.
