Llegaron desde lo más profundo del conurbano y desde los barrios de la Capital Federal, con carteles, bombos y estandartes bajo la consigna contundente de “No más pibes descartables. Ni hambre, ni baja, ni violencia: por el derecho a la existencia”.
La Octava Marcha de la Gorra fue convocada por más de 20 organizaciones sociales y juveniles, estudiantiles, sindicatos, grupos de derechos humanos, familiares y amigos de víctimas de gatillo fácil, partidos políticos, etc.
Este amplio marco de unidad se da en un momento donde la política represiva de Milei, con Patricia Bullrich a la cabeza, se ha convertido en una política de Estado que sufren todos los sectores que reclaman contra este gobierno, nos encuentra en un contexto muy complicado para nuestro pueblo, en el que desde que asumió Milei se sumaron casi 6 millones de nuevas personas a la pobreza, siendo 25 millones en total, de los que casi 9 millones están en la indigencia, y que, entre ellos, surge que casi el 70% de los pibes y pibas de hasta 14 años son pobres.
Este año, la marcha también contó con el apoyo de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos.
En el documento convocante, luego de repasar los aspectos más nefastos de la política de este gobierno, como no entregar los alimentos a los comedores populares, reprimir las luchas, pegarle a chicos y jubilados, reivindicar la dictadura videlista, renegar de la soberanía en Malvinas, las conquistas obreras y populares, los derechos de las mujeres y la justicia social, afirman:
De la mano de Patricia Bullrich, impulsora de la Doctrina Chocobar, por sobre la que pesan la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel y la encargada de reducir un 13% las jubilaciones durante el gobierno asesino de de la Rúa, se activó un comando unificado de las fuerzas federales que con el uso del gas pimienta, gas lacrimógeno, bastones, escudos, balas de goma y camiones hidrantes gastan más de 130 millones de pesos por operativo y cada tubo de gas pimienta cuesta el doble de una jubilación mínima, llegando a gasear en la cara a una niña de 10 años. A lo que se le suma la aparición de personas que aparecen como “civiles” actuando de policías “voluntarios”.
Para los trabajadores que reclaman un salario justo, para los jubilados, para nuestros pibes hay cárcel, palos y bala. Mientras que Diputados de La Libertad Avanza visitan a genocidas presos, en el Penal de Ezeiza y en Campo de Mayo, para discutir planes que permitan su liberación, y garantizar la impunidad hacia los responsables del terrorismo de Estado durante la dictadura videlista. Quieren liberar a los genocidas, no sólo como parte del negacionismo de los crímenes de la dictadura, sino para alentar a los sectores más reaccionarios de las fuerzas armadas y de seguridad para que se sumen a la represión a las luchas populares con la promesa de impunidad para su accionar.
El pueblo, que en estos casi 50 años desde que se instaló la dictadura nunca dejó de pelear, no va a descansar hasta que todos los genocidas paguen por sus crímenes. ¡30.000 detenidos desaparecidos, presentes! ¡Ahora y siempre! Y a los genocidas y sus cómplices de ayer y de hoy les decimos ¡A donde vayan los iremos a buscar!
La Libertad Avanza en su reciente y corta experiencia en el Congreso, por un lado, presenta un proyecto de ley que promueve la baja de edad de punibilidad, para que chicos y chicas desde los trece años puedan terminar en cárceles comunes antes descriptas en todo el país. Son miles los niños, las niñas y los adolescentes que crecen en situaciones de violencia, producto de este sistema que acrecienta la desigualdad que es la base para su funcionamiento. Situación agudizada en los últimos meses por este gobierno, que empuja a miles de niños/as y jóvenes al descarte. Esto genera las condiciones para el aumento de la violencia, metiendo a fondo la idea del individualismo, del sálvese quien pueda. Volvemos a decir no a la baja de edad de punibilidad. El Estado debe dar respuesta a lo que pasa con nuestros pibes, pero nunca con más violencia. Es urgente atender las necesidades que hay detrás de los pibes y las pibas, apostando a una educación pública y de calidad, con oportunidades, y no con palos y balas.
Por el otro lado, para que no se salve nadie, proponen además modificar el artículo 34 del Código Penal, legalizando lisa y llanamente el gatillo fácil, dándole facultades e impunidad absoluta a las fuerzas para disparar, mientras que les quita a las víctimas y familiares de víctimas de esos casos el derecho a exigir que se investigue y se juzgue a los asesinos.
Es un gobierno que quiere a lxs pibes presos o muertos. ¡Pero nos encuentra unidos en las calles, luchando por derrotar su política y dar vuelta el viento a favor del pueblo!
Frente a eso decimos: no más pibxs descartables. Ni hambre, ni baja, ni violencia: ¡por el derecho a la existencia!
Corresponsal
hoy N° 2035 13/11/2024
