El viernes 12 de agosto el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Emilio Basavilbaso, anunció que la suba de las jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por embarazo y las asignaciones familiares, desde septiembre será del 14,16%. Así la jubilación mínima pasará, de los $4.958 actuales, a $5.661.
El viernes 12 de agosto el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Emilio Basavilbaso, anunció que la suba de las jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por embarazo y las asignaciones familiares, desde septiembre será del 14,16%. Así la jubilación mínima pasará, de los $4.958 actuales, a $5.661.
Si se tiene en cuenta que la inflación entre marzo y julio de este año fue del 20%, este reajuste significa una pérdida significativa del poder adquisitivo de los jubilados y todos los que perciben asignaciones de la Anses. Con este 14,16% el reajuste de todo el año es del 31% contra una inflación interanual del 47%. También todos los convenios de los trabajadores activos quedaron muy por debajo de la inflación. Es la forma que el gobierno de Macri hace pagar la crisis a los trabajadores y el pueblo.
Este ajuste se anuncia junto a la puesta en marcha del plan de reparación histórica a los jubilados que el gobierno proclama como la demostración de su sensibilidad social.
Lo inicia con el pago a 264 mil jubilados mayores de 80 años, que no realizaron juicios a la Anses y cobran menos de $11.000, que desde septiembre tendrán un reajuste mayor al 14,6 %, aunque en ningún caso será superior a mil pesos. Si estos jubilados, que forman parte de los 1.800.000 que no hicieron juicio al Estado, aceptan el reajuste propuesto por Anses y renuncian a reclamar el retroactivo que les corresponde. Es parte de la extorsión que este plan del gobierno plantea a los jubilados.
Efectivamente, los 2.400.000 jubilados y pensionados que les corresponde un reajuste de haberes y su retroactivo deberán optar entre aceptar lo que les propone Anses, con una importante quita y el 50% en 12 cuotas trimestrales, o continuar o iniciar un juicio que no se sabe cuándo podrán cobrar.
Sin embargo, lo peor de esta Ley es que deja afuera de toda reparación a los más de 4 millones que cobran la mínima, que cada día cubre menos de las necesidades básicas de cualquier jubilado. Para cubrir la canasta básica de un adulto mayor hoy hacen falta $11.000.
Además, la inmensa mayoría de los jubilados que cobran la mínima tienen como obra social el PAMI que hace mucho tiempo que presta un servicio muy deficiente, particularmente en el conurbano bonaerense, el NOA y el NEA.
El PAMI, según el actual director ejecutivo Dr. Carlos Regazzoni, está carcomido por la corrupción que reinaba bajo la dirección de Luciano Di Cesare, a quien denunció por sobreprecios en la compra de medicamentos, un padrón con 400 mil fallecidos por los que se pagaban servicios de salud y muchas otras irregularidades. A su vez, hay acusaciones contra funcionarios que Regazzoni llevó al PAMI de haber favorecido, en su paso por el Ministerio de Educación de la Ciudad, a empresas que fueron aportistas a la campaña del PRO.
Lo cierto es que el PAMI ha sido utilizado por todos los gobiernos como una de las principales cajas para hacer política a costa de la salud de los que menos tienen.
Es importante exigir que las organizaciones de los jubilados tengan participación efectiva en el control y la administración del PAMI y que la CGT incorpore en su programa que se restablezcan al 100% los aportes patronales a la seguridad social de los grandes monopolios y bancos, para dar sustentabilidad al sistema. También hay que impedir el aumento de la edad jubilatoria, como pretende el gobierno.
Los jubilados fueron parte importante de los miles que el 7 de agosto confluyeron en la Plaza de Mayo por pan, techo, tierra y trabajo. Ahora es necesario reforzar la organización de los jubilados y pensionados en cada barrio. Fortalecer el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados de la CCC, promover nuevos centros de jubilados, confluir con todo el movimiento obrero y redoblar la lucha hasta torcerle el brazo a la política hambreadora del gobierno de Macri.