El pasado 27 de agosto fue un día de aniversarios y anuncios. Un día de esos que al gobierno de los Kirchner le gusta para presentar proyectos rimbombantes. Hace 89 años, el 27 de agosto de 1920, comenzaba la radiodifusión argentina. Y mientras la presidenta hablaba por cadena nacional, en el cuarto piso de la calle Piedras al 1700, se preparaba la tradicional fiesta que se hace un día antes del aniversario de la fundación del diario Clarín: un 28 de agosto de 1945. En medio de las entregas de medallas por los años de servicio en la empresa, los que se enteraban de este nuevo golpe en los riñones del grupo, tenían poco ánimo de festejo.
Qué mejor oportunidad para que Cristina anunciara el envío al Congreso Nacional del proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales, que debería reemplazar a la vieja Ley de Radiodifusión que rige desde la última dictadura militar. El salón Blanco de la Casa de Gobierno estaba repleto de militantes del oficialismo, gobernadores, ministros, sindicalistas y actores. Afuera, Hugo Yasky de la CTA y los intelectuales del grupo Carta Abierta se movilizaron junto a otros gremios y al PC, el Partido Humanista y movimientos sociales de izquierda. Todos chochos… vibrando en sintonía con la presidenta, que aseguraba que, en batalla por la “libertad de expresión” y el “derecho a la información”, la “democracia se pondrá a prueba”… ¿Por qué no deberían estar contentos, si el objetivo es terminar con los monopolios de la información o golpear al grupo Clarín o que los “sectores sociales que menos tienen” puedan acceder a su propio medio de comunicación?
La letra
De aprobarse, la nueva ley modificaría la distribución del espectro radiofónico. Hasta ahora, una sola persona podía tener hasta 24 licencias de televisión abierta y radio y no había ningún límite para la suma de licencias de servicios complementarios como el cable (así quedaron las cosas después de las modificaciones que introdujo Menem durante su gobierno y que le permitió a Clarín quedarse con Canal 13). Con la nueva regulación que pretende el kirchnerismo, el tope será de diez licencias para televisión abierta y radio.
Además, quien sea dueño de un canal de televisión abierta no podrá serlo también de uno de cable. Y ningún prestador estará habilitado para tener más del 35% del mercado. La ley obligará a las radios a emitir 70% de producción nacional, y 30% de música de autores argentinos. La TV estará obligada a emitir un 60% de producción nacional y en el cable un mínimo, no especificado de programación de países del Mercosur y regionales.
El espectro, tanto de televisión como de radio, se dividirá en tres partes iguales: una quedará para los medios privados, otro tercio será para el Estado y la porción restante para sindicatos, universidades, iglesias y organizaciones sociales. Suena bonito ¿no? ¿Quién podría estar en desacuerdo?
“Todos podrán acceder a las frecuencias para poder hacer conocer su voz”, dijo Cristina.
Pero ¿cambió el carácter de clase de este Estado y no nos dimos cuenta? ¿Este es un gobierno distinto al que apoyó la Ley de Patrimonios Culturales, que salvó a Clarín de la quiebra después de la crisis de 2001 (y de la que se dice que sería uno de los motivos que terminó con la presidencia de Rodríguez Saá, que no quería aprobarla)? ¿No fue Néstor Kirchner quien renovó a libro cerrado las licencias de radio y televisión por quince años más, beneficiando no sólo al Grupo al que hoy dice combatir sino a otros “amigos” como Daniel Hadad? ¿Tampoco fue Néstor Kirchner quien el último día de su mandato firmó la autorización para la fusión de Multicanal con Cablevisión? ¿Qué cambió?
Algunas fuerzas populares, sindicatos y algunos partidos se ilusionan con la letra de este nuevo proyecto de Ley, perdiendo de vista otras cosas que están sucediendo. Caen nuevamente en el juego que más le gusta al kirchnerismo y a sus mandantes: dividir al campo del pueblo, para sacar de su propia debilidad, fortaleza; y así seguir haciendo lo que quieren y lo que necesitan.
Es cierto que, de acuerdo al texto del proyecto, tal como está ahora, uno de los más perjudicados es el Grupo Clarín. No podrían mantener el emporio Cablevisión-Multicanal, y si se quedan con alguna de las partes de la compañía deberían reducir radicalmente el porcentaje de sus abonados, que después de la fusión llegó al 80% del mercado. Además Clarín debería elegir si quiere quedarse con TN, o con Volver, o con otra de sus señales de cable. Y la situación se complica más cuando, de querer continuar con el negocio del cable (el verdadero negocio del Grupo en este momento es la conectividad: Cablevisión + Multicanal venden ocho veces más que Canal 13), no podría hacerlo con el de la televisión abierta. O canal 13 o Multicanal. Los dos juntos, sería ilegal.
Pero no son los únicos en problemas. Si sale la ley como quiere el gobierno, también Prisa (dueña de radio Continental) y el grupo “mendocino” Uno, de Vila y Manzano, además de la cordobesa Cadena 3, perderían licencias.
En cambio, el grupo Telefónica, de España, cuyo embajador también asistió al acto en la Casa Rosada, se ajusta a las exigencias del proyecto oficial, ya que Telefé y sus nueve licencias de TV abierta en el país, no supera el tope de licencias admitidas.
Y por aquí aparece otro indicio de a quiénes terminará beneficiando este proyecto de ley, que admite la incorporación de las telefónicas en el mercado de los medios. Quienes brindan servicios públicos pueden participar de los servicios de radiodifusión, algo que hasta ahora está prohibido. De esta manera, las telefónicas podrán entrar al mercado del “triple play”, habilitando que una misma empresa ofrezca televisión, Internet y telefonía a través de un mismo soporte técnico.
Y esto se une a otros hechos “salientes” de la semana, que pasaron casi desapercibidos y que ayudan a descubrir dónde está la “madre del borrego”: ¿es el “odio” a Clarín lo que mueve a los Kirchner o eso es lo que nos quieren hacer creer?
