En estos días conocemos que el gobierno nacional y el provincial han hecho un acuerdo en relación al Ingenio La Esperanza con los grupos: Hugo Sigman de Insud, el Grupo Benicio de José Cartellone y el sojero Manuel Santos de Uribelarreal de MSU. Estos grupos le compraron las acciones del Ingenio La Esperanza a los Jorge-Figueroa por lo que se han quedado con la planta industrial y unas 14.000 hectáreas.
En estos días conocemos que el gobierno nacional y el provincial han hecho un acuerdo en relación al Ingenio La Esperanza con los grupos: Hugo Sigman de Insud, el Grupo Benicio de José Cartellone y el sojero Manuel Santos de Uribelarreal de MSU. Estos grupos le compraron las acciones del Ingenio La Esperanza a los Jorge-Figueroa por lo que se han quedado con la planta industrial y unas 14.000 hectáreas.
La empresa sigue en el proceso de la quiebra, por lo que su abordaje requiere un periodo de gestión conjunta de los gobiernos y los privados. Este proceso está en marcha desde que comenzó la zafra, hace unos días y durará por lo menos un año.
Uno de los requerimientos de los compradores es la reducción del personal. De 1.800 quieren que pasen a quedar a fin de año 1.200 trabajadores. Por lo que el plan es “jubilar” a 200 y “convencer” a 400 trabajadores temporarios del campo a que opten por distintas ofertas; por esta razón abrieron las listas para que entren a trabajar a gendarmería, policía y el servicio penitenciario.
En los días previos a la zafra muchos de los trabajadores del campo que quieren quedarse en el Ingenio, protagonizaron cortes de rutas. También hubo protestas para que entre el personal jerárquico; hay jefes del Grupo Roggio, que se quedarían todo el proceso de gestión.
El Ingenio posee una superficie total de 73.125 ha, de las cuales el 19% están destinadas al cultivo de caña de azúcar, 9% a ganadería de monte y 10% de monte bajo. En tanto la restante posee la siguiente aptitud de uso potencial: 33% ganadería, 6% frutihortícola, 15% reserva forestal, 3% forestal y 5% destinadas otros usos (urbano, urbanización y cursos de agua).
Sacando las 14.000 hectáreas que serían para la planta industrial para cultivar caña, las 11.000 hectáreas de reserva forestal y 3.200 hectáreas que serían zonas de ribera, urbana y de futura urbanización, las 45.000 hectáreas restantes quedarían para el Estado nacional y provincial ya que la deuda verificada los tiene como principales acreedores. En estos días distintos sectores del gobierno están planificando y diagramando el futuro de esas hectáreas.
Entendemos que ya se está en condiciones de resolverles la propiedad de unidades productiva a las 250 familias de puesteros y pastajeros. También deberían con la cantidad de tierras restante contemplar los derechos de los originarios y campesinos pobres de la región y apoyar con planes nacionales y provinciales la generación y diversificación de la producción agrícola; creando más empleo en la zona y reactivando la economía. Incluyendo también en ese proyecto de desarrollo de la región a los pequeños comerciantes, industriales, técnicos y profesionales.
