Mientras fuera del Congreso docentes, no docentes y estudiantes universitarios, junto a las y los trabajadores de la salud reafirmaban la continuidad de la lucha, en el Senado, 59 legisladores aprobaban la insistencia para el Garrahan y 58 respaldaron el incremento de recursos para la educación superior. Sólo sostuvieron el veto seis senadores de La Libertad Avanza y una del Pro.
“Lo que hacía el veto era condenar a la universidad a no poder terminar este 2025”, explicó Francisca Staiti, secretaria general de Conadu Histórica, quien subrayó que la insistencia parlamentaria constituye un golpe político directo al corazón del plan del gobierno. “Este reconocimiento parlamentario implica que, desde el punto de vista salarial, se admite una pérdida acumulada del 40% frente a la inflación. La ley no solo exige la recomposición salarial a través de paritarias trimestrales, sino también la recuperación de lo perdido durante el primer año y nueve meses del gobierno de Milei.
“Desde una perspectiva política, este avance representa un golpe directo a la política central del gobierno, caracterizada tanto por el desfinanciamiento universitario como por el congelamiento y deterioro de los salarios. Lo fundamental radica en que la medida cuestiona el núcleo del plan económico oficial, basado en el equilibrio fiscal y el déficit cero, condicionados por el Fondo Monetario Internacional. Además, la falta de resultados concretos respecto de acuerdos internacionales, como el anunciado con Trump, refuerza el rechazo a una política que perpetúa la pobreza”.
La compañera dirigente universitaria remarcó que la promulgación de la ley es ahora el centro de la pelea: “La insistencia con la ley y el rechazo al veto no constituyen un punto de llegada, sino un nuevo inicio. El desafío inmediato es concretar la promulgación y aplicación de la ley, ya que la docencia universitaria y preuniversitaria no puede continuar con salarios de indigencia. Para ello, se están convocando asambleas y reuniones en todo el país durante la próxima semana, con el objetivo de ir a un plenario o congreso y discutir la siguiente etapa del plan de lucha, en el marco del frente sindical universitario.
“No basta con apoyarse únicamente en acciones judiciales o en la protesta para exigir el cumplimiento de la ley. Es indispensable acompañar ambas herramientas con un plan de lucha sostenido y con la mayor unidad posible entre los distintos sectores. La experiencia previa demuestra que el gobierno podría desconocer la normativa, como ya ocurrió en otros ámbitos, por lo que la organización colectiva y la movilización serán fundamentales para garantizar la defensa de la universidad pública y los derechos de quienes la integran”, culmina Staiti.
Demandas estudiantiles
En la misma línea, Nehuén Corbeletto, coordinador de la CEPA, celebró el resultado legislativo como un triunfo parcial, pero insistió en que se trata un paso en una lucha que sigue. “La aprobación de la ley en el Senado representa la obtención de una herramienta largamente buscada por el movimiento estudiantil y universitario. En el contexto de los dos años de gobierno de Milei y el ajuste que caracterizó este período, la ley permite abordar parcialmente los problemas presupuestarios que enfrenta la universidad y, especialmente, las dificultades relacionadas con las becas estudiantiles. Este avance es resultado de la lucha por la defensa de la universidad pública y constituye una respuesta a las necesidades urgentes de los estudiantes.
“Sin embargo, existe la conciencia de que el gobierno, como lo hizo respecto a la discapacidad, intentará suspender la aplicación de la ley, mostrando su voluntad de no implementarla. Por lo tanto, la conquista de este derecho es tanto un avance como un producto de la movilización, y prepara al movimiento para continuar la lucha, teniendo en cuenta las demandas actuales que enfrentan los estudiantes para permanecer en la universidad y proteger el sistema científico-tecnológico. La problemática se agrava por factores como el aumento de los alquileres, la insuficiencia de becas -especialmente el bajo monto de las becas Progresar-, la falta de boleto educativo en muchas provincias y los salarios docentes insuficientes, lo que pone en riesgo la continuidad de muchos estudiantes y constituye un claro ataque al modelo científico-tecnológico nacional. En este sentido, la defensa de la universidad pública y la ciencia debe continuar, y el rechazo al veto será un triunfo que permite seguir avanzando, incluso en la discusión del presupuesto universitario para 2026.
“La coordinación lograda hasta el momento, que incluye a autoridades universitarias, resulta clave para la defensa de la universidad y la articulación de medidas concretas por parte de los estudiantes. La base para esta articulación son las reivindicaciones específicas que afectan directamente a los estudiantes, como becas, boleto educativo y alquileres. Además, se reconoce que las medidas de fuerza adoptadas por los docentes responden directamente a la inacción del gobierno, especialmente en lo referente a la falta de convocatoria y mejora de las paritarias. Si el año académico se ve amenazado por medidas de fuerza, la responsabilidad recae en el gobierno, que prioriza el pago de la deuda y el ajuste sobre el pueblo”.
hoy N° 2080 08/10/2025
