A los 87 años, el sábado 16 de marzo murió José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura de Videla entre 1976 y 1981. Murió en su casa del aristocrático edificio Kavanagh, en la Capital Federal. ¿Por qué? Porque gozaba de una “prisión domiciliaria”, como tantos otros genocidas, a los que la justicia y el gobierno tratan como “pobres abuelitos”, cuando los son ejecutores del terrorismo de Estado más sangriento del siglo 20 en nuestra patria.
A los 87 años, el sábado 16 de marzo murió José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura de Videla entre 1976 y 1981. Murió en su casa del aristocrático edificio Kavanagh, en la Capital Federal. ¿Por qué? Porque gozaba de una “prisión domiciliaria”, como tantos otros genocidas, a los que la justicia y el gobierno tratan como “pobres abuelitos”, cuando los son ejecutores del terrorismo de Estado más sangriento del siglo 20 en nuestra patria.
Martínez de Hoz, “Joe”, fue el cerebro de la política económica de la dictadura. En septiembre de 1977, el Comité Central de nuestro PCR ya analizaba esta política “entreguista y de duras condiciones para el conjunto de la economía nacional”, demostrando cómo el elemento principal de la misma era “la congelación salarial”: “La caída del salario real ha sido de tal magnitud que actualmente es uno de los más bajos del mundo”.
Las necrológicas de los grandes medios como Clarín y La Nación recuerdan una cantidad de datos ciertos de este descendiente de una familia oligárquica, pero seleccionan esos datos, manteniendo oculto, 37 años después, que Martínez de Hoz formó parte del sector terrateniente que por aquellos años se subordinó al socialimperialismo ruso, que tenía entonces un peso hegemónico en el frente de clases dominantes que dio el golpe de Estado de 1976. Esta herejía del PCR es algo que aún hoy muchos no nos perdonan, y por eso ocultan que entre las primeras y más importantes medidas de “el orejón”, como se le decía por lo bajo en las fábricas, fue, junto al sometimiento a las exigencias del FMI, garantizarle la entrega de Aluar y el monopolio del aluminio al grupo Gelbard-Madanes.
Estos genocidas seguirán muriéndose en sus casas, mientras la lucha popular no revierta la actual política oficial con relación a los juicios, política que deja a fuera de los mismos al 95% de los represores, que obliga a las víctimas a conseguir las pruebas, al negarse al armado de causas por genocidio unificando los aberrantes crímenes de cada campo de concentración, y manteniendo cerrados los archivos de la dictadura, avalando en los hechos el “pacto de silencio” que aún pesa sobre el destino de la mayoría de los 30.000 detenidos desaparecidos.
