El cuadro tarifario impuesto para el gas a nivel nacional no solo es excesivo e impagable para gran parte de los argentinos, sino que es ilegítimo por la falta de garantías constitucionales en su aplicación y, como los aumentos de la tarifa eléctrica, es una fenomenal transferencia de recursos desde el bolsillo de los usuarios a las grandes empresas multinacionales productoras y distribuidoras.
El cuadro tarifario impuesto para el gas a nivel nacional no solo es excesivo e impagable para gran parte de los argentinos, sino que es ilegítimo por la falta de garantías constitucionales en su aplicación y, como los aumentos de la tarifa eléctrica, es una fenomenal transferencia de recursos desde el bolsillo de los usuarios a las grandes empresas multinacionales productoras y distribuidoras.
El gobierno de Mauricio Macri, en la figura del ex directivo de Shell Juan José Aranguren (hoy en el Ministerio de Energía y Minería), impuso un feroz aumento de tarifas primero de la electricidad y ahora del gas. Las protestas, las multisectoriales y el malestar general expresado en las calles y acompañado con presentaciones judiciales, le torcieron el brazo al gobierno que tuvo que anunciar cambios y retroceder anunciando topes del 400% en los aumentos.
A partir de los amparos como el presentado en la Sala II de la Cámara Federal de la Plata, se pudo poner de manifiesto la ilegalidad de los aumentos, que no contaron (como dice la ley) que para fijar nuevas tarifas en necesario que los usuarios contemos con la información necesaria expresada en audiencias públicas. Audiencias que no hubo y no por un descuido, sino porque en la misma lógica de los aumentos los números son inexplicables sin dejar al descubierto un gran negociado para las grandes petroleras.
¿Quién gana con el tarifazo? ¿Cómo es el mecanismo?
Los precios internacionales de los hidrocarburos bajaron desde 2014. Así el Estado Argentino redujo su gasto en las compras de gas a Bolivia, que pasó de un pico histórico de u$s 8 el millón de BTU (BTU: unidad de energía -British Thermal Unit- equivalente a 260 calorías aproximadamente) a los actuales u$s 3,7 por millón de BTU. El ahorro también estuvo en el rubro de las importaciones de Gas Natural Licuado que llega en barco y que llegó a estar en su momento más caro en los u$s15 por MBTU (Millón de BTU).
Sin embargo, mientras en el mundo el precio del petróleo y el del gas bajan, en Argentina suben. Y esto es por la decisión política del gobierno de trasferir millones de pesos de los bolsillos de los argentinos a las arcas de las petroleras que en gran parte están radicadas en nuestro país, pero son de capitales extranjeros. (Ver recuadro “Los productores de gas en Argentina”)
El aumento concedido por Aranguren al gas en boca de pozo se elevó de un promedio de u$s 2,50 el MBTU a u$s 5,20 para el gas “viejo” (o sea, el que ya ha sido extraído o no necesita nuevas inversiones para extraerse), a la vez que se mantiene el plan estímulo a la producción incremental, de u$s 7,50.
Hoy, de los 25 a 30 millones de metros cúbicos diarios de gas de demanda interna se abastece en un 70% por la producción local, mientras el 30% restante se cubre con importaciones de gas boliviano y el GNL, casi en proporciones idénticas. Por este aumento de precios en boca de pozo que definió el gobierno nacional, las petroleras recibirán ingresos anuales adicionales por entre 2.000 y 3.000 millones de dólares.
Ese incremento en el precio en gas de boca de pozo lo pagamos todos: los residenciales, los industriales y comerciales, y también las usinas eléctricas, con lo cual se traslada también al precio de la electricidad, aumentando aún más el costo de este servicio para los usuarios.
En conclusión: sin mover un solo equipo, ni sumar un sólo trabajador las operadoras petroleras de la provincia de Neuquén por ejemplo, pasarán a facturar unos 1.400 millones de dólares más al año.
Los argumentos mentirosos del Gobierno
El gobierno de MM repite, en voz de sus voceros, que el aumento es necesario para “balancear” las cuentas fiscales. Sin embargo los números demuestran que en lo central de la medida se encuentra la intención de generar fabulosas transferencia de recursos de nuestro bolsillo a las empresas petroleras.
Según advierte el último informe del Estudio Bein & Asociados “de los u$s3.500 millones que implicaría el nuevo precio que pagarían familias y empresas, sólo una tercera parte iría a reducir las erogaciones del fisco, mientras que el resto lo haría a las empresas del sector que ya reciben un precio de u$s7,5 el millón de BTU por la oferta nueva (régimen que proviene del gobierno anterior y que puso límite al desplome en las reservas) y que a partir de ahora recibirán, por parte de la demanda, cerca u$s5 por MBTU (en vez de u$s2,6) por la oferta vieja, bien por encima de la cotización del Henry Hub de u$s2, precio de referencia del gas natural en América del Norte”.
Es decir, que sólo una tercera parte iría a reducir las erogaciones del fisco, mientras que el resto lo haría a las empresas del sector. De esa forma, surge que los clientes les transfieren a las petroleras más de 2.000 millones de dólares anuales.
Se premia a las empresas que no invirtieron
Miles de millones fueron en los últimos años a las arcas de las petroleras para “incentivar” la inversión que nunca llegó. De hecho desde el 2005 decreció la producción de gas natural en el país.
Los negocios de Aranguren
Además de premiar a las petroleras el ministro Aranguren hizo grandes negocios propios. A través de la estatal Enarsa cerró un contrato de compra de gas a Chile con un precio de 6,90 dólares por millón de BTU, que resulta un 53 por ciento más caro que el gas natural licuado que llega por barcos a un promedio de 4,50 dólares por millón de BTU y un 128 por ciento más elevado que los 3,02 dólares por millón de BTU abonado por las importaciones provenientes de Bolivia.
El ministro de Hidrocarburos boliviano, Luis Alberto Sánchez, declaró que Bolivia estaba dispuesta a incrementar el envío de volúmenes de gas si la Argentina lo pide y aclaró que este país no incumple contratos y tampoco recibió una propuesta de más gas para el territorio argentino, desmintiendo al ex CEO de Shell, empresa involucrada a través de una subsidiaria en esa operación. También se comprobó que Aranguren sigue teniendo acciones en la empresa. Determinó las compras y el vendedor, que no fue otro que la empresa de la que es parte. Otro dato en ese sentido es que el gobierno le adjudicó a la petrolera Shell siete de las ocho licitaciones que se pusieron en juego para la importación de gasoil por barcos al país.
Mercedes Meier, Ingeniera química y diputada provincial del PTP en el Frente Social y Popular de Santa Fe
