La presencia de Fernando de la Rúa en la Casa Rosada el 10 de diciembre, invitado por Cristina Fernández, anticipaba algún tipo de acuerdo entre el único mandatario volteado por una pueblada nacional, el 19 y 20 de diciembre del 2001, con la jefa del kirchnerismo.
Menos de 15 días después, el 23 de diciembre, los tres integrantes del Tribunal Oral Federal N° 3 (TOF3), Miguel Pons, Fernando Ramírez y Guillermo Gordo, absolvieron a De la Rúa y el resto de los acusados de sobornos en el Senado.
La presencia de Fernando de la Rúa en la Casa Rosada el 10 de diciembre, invitado por Cristina Fernández, anticipaba algún tipo de acuerdo entre el único mandatario volteado por una pueblada nacional, el 19 y 20 de diciembre del 2001, con la jefa del kirchnerismo.
Menos de 15 días después, el 23 de diciembre, los tres integrantes del Tribunal Oral Federal N° 3 (TOF3), Miguel Pons, Fernando Ramírez y Guillermo Gordo, absolvieron a De la Rúa y el resto de los acusados de sobornos en el Senado.
Recordemos que los sobornos ocurrieron en el 2000, cuando senadores radicales y peronistas aprobaron una ley de flexibilización laboral (ley N° 25.250). La famosa “Ley Banelco”, por la que renunció Chacho Álvarez a la vicepresidencia de la nación, y de la que Mario Pontacuarto se “arrepintió”, confesando en 2003 que siendo secretario parlamentario retiró de la ex SIDE dos bolsos con cinco millones de pesos/dólares para pagar sobornos a senadores, y que las coimas fueron autorizadas por De la Rúa en una reunión en Casa de Gobierno.
No contentos con absolver a De la Rúa, al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, al ex jefe de la SIDE y ex banquero Fernando de Santibañes, a los exsenadores peronistas Augusto Alasino, Alberto Tell y Remo Costanzo, y al propio Pontacuarto, los jueces dicen que los hechos “no existieron”, y que el “arrepentido” es un “embaucador” que ofreció un relato “inconsistente”, “inverosímil” y “autocontradictorio”. Como demostración de hasta dónde este aparato judicial es garante de la impunidad, el TOF Nº 3 pidió que el Consejo de la Magistratura investigue al juez Daniel Rafecas, cuestionó a la fiscalía de instrucción y del juicio, a la querella de la Oficina Anticorrupción, y denunció al abogado de Pontaquarto.
Esta sentencia grotesca, que beneficia al asesino de 39 personas sólo durante la pueblada del 19 y 20 de diciembre, además de ministros, servicios y senadores corruptos, es en primera instancia parte de un acuerdo no escrito entre un sector del radicalismo y el gobierno, para garantizar impunidad a los jerarcas kirchneristas, envueltos en gigantescos casos de corrupción.
Además, es una muestra de cómo las clases dominantes han logrado cerrar la crisis de hegemonía que se abrió en el Argentinazo y que puso en cuestión la “institucionalidad”, con la gigantesca lucha popular y el “que se vayan todos”. Por eso, sólo profundizando el camino del Argentinazo, podremos destruir este aparato judicial corrupto hasta las entrañas, y dar paso a una justicia popular donde rindan cuentas todos los enemigos del pueblo y de la Patria.
