Sobre el cierre de la edición anterior de hoy se conocía la brutal represión desencadenada por las fuerzas represivas paraguayas sobre varios acampes de la Federación Nacional Campesina establecidos desde el 22 de junio, y desde los que realizaban cortes de ruta intermitentes como parte de un plan de lucha reclamando entre otras cosas:
• Condonación de las deudas de los pequeños productores, ante la sequía y la caída de los precios de sus productos.
• Reforma Agraria Integral (como prometió el actual gobierno en su campaña electoral), incluyendo distribución de tierras, dotación de infraestructura a las comunidades y servicios de salud y educación.
Palos en vez de reforma agraria
El lunes 6 de julio, con el pretexto del asesinato de un comerciante en las proximidades de uno de los acampes, brigadas policiales con mandato judicial, desataron un ataque combinado y simultáneo en distintos puntos del departamento de Caaguazú.
Con presencia y órdenes de una fiscal —como atestiguan las imágenes difundidas por Internet—, empezó un violento operativo en el que campesinos y campesinas son dispersados por la ciudad de Caaguazú, donde hombres, mujeres, ancianos, niños y discapacitados son perseguidos a balazos de goma y apaleados salvajemente por la policía, que siguió golpeando a los detenidos con las manos arriba o acostados en el suelo boca abajo.
Reagrupados en la plaza principal de Caaguazú, la represión vuelve a desatarse, hasta que finalmente los campesinos logran refugiarse en el tinglado municipal de la ciudad, cedido por el intendente de la ciudad.
Varias decenas quedaron heridos y 50 detenidos e imputados por “resistencia”. La policía saqueó dinero, frazadas y colchones.
En la tarde del mismo lunes 6, otros dos campamentos de la FNC fueron reprimidos y dispersados: uno a 15 kilómetros de Caaguazú en dirección a Asunción, y otro a 20 kilómetros de Caaguazú en dirección a Ciudad del Este.
El responsable político y jurídico de la persecución, detenciones y tortura a los manifestantes de la Federación Nacional Campesina (FNC) es el ministro del Interior Rafael Filizzola, bajo cuyas órdenes actúa la policía.
Así el gobierno de Fernando Lugo enterró de hecho todo el palabrerío de “inclusión” y “reforma agraria” que había formulado apenas cuatro días antes.
