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02 de octubre de 2010

Penas de nosotros, maíz ajeno

México: multitudinaria marcha contra el “libre comercio”

A pie, en tractores, camiones y remolques con vacas y caballos, miles de campesinos tomaron el Zócalo, la plaza céntrica de la capital mexicana el jueves 30 de enero, en protesta contra el Tratado de “Libre” Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá firmado en 1992 y entrado en vigencia en 1994. El 1º de enero último se selló fin de la protección arancelaria para todos los productos agropecuarios mexicanos.
El TLCAN abrió paso en México a la importación masiva y sin pago de aranceles de productos de Estados Unidos como maíz, arroz, avena, azafrán, trigo y carne, arruinando a miles de productores mexicanos. Especialmente la entrada con arancel cero de grandes cantidades de maíz, producto básico en la dieta de los sectores populares, significó un duro golpe para el campesinado.
“En el campo, el tratado comercial ha sido extremadamente benéfico para unos cuantos agroexportadores como [el ex presidente] Vicente Fox, su familia y su ex secretario de Agricultura, Javier Usabiaga —resumió el diario La Jornada—, pero ha representado la ruina de millones de agricultores en pequeña escala, para los cuales la política económica gubernamental ofrece sólo tres posibilidades: emigrar –a la marginalidad informal y miserable de los centros urbanos nacionales o a las vicisitudes del cruce fronterizo con rumbo a Estados Unidos–, incorporarse al negocio ilícito de las drogas o morirse de hambre”.
Muchas familias campesinas debieron abandonar el trabajo rural y emigrar a las ciudades (o a los Estados Unidos en condición de “ilegales”). Regiones enteras del interior de México se despoblaron, la producción interna cayó y la escasez trajo de rebote la carestía de los alimentos de primera necesidad.

“¡Sin maíz no hay país…
…y sin frijol tampoco!”. Bajo esta consigna, 200 mil personas —campesinos, maestros, estatales, telefónicos, universitarios— con carteles y pancartas, en columnas procedentes de diversos Estados de México, se unieron a la convocatoria de sindicatos y organizaciones agrarias.
El gobierno yanqui —como corresponde a un régimen imperialista que encarna los intereses de “sus” monopolios— otorga a sus productores agrarios grandes subsidios con los que a los campesinos mexicanos les es imposible competir.
De hecho la gente es impulsada a comprar los granos más baratos en Estados Unidos, y los agricultores locales se arruinan. Apenas un 2% de los productores agrarios pueden exportar. El 70% de la población rural vive en la pobreza. En menos de 15 años de vigencia del TLCAN “la dependencia alimentaria creció de 10 a 48%", afirmó un dirigente de la Confederación Nacional Campesina.
El mismo día de la marcha el embajador norteamericano escribió en el diario El Universal que gracias al TLCAN "México quintuplicó sus exportaciones a Estados Unidos, la prosperidad ha aumentado y las familias mexicanas tienen acceso sin precedente a bienes y servicios que antes no estaban disponibles o que su precio era demasiado caro".
El gobierno neoliberal y proyanqui de Felipe Calderón repite como un loro los mismos argumentos. Redoblando su política de entrega de las riquezas y los recursos naturales de México al gran capital nacional e imperialista, el gobierno inició el año no sólo poniendo en marcha la completa liberalización agropecuaria del TLCAN sino descargando sobre los sectores populares un brutal tarifazo en luz y combustibles y avanzando en sus reaccionarias reformas energética y del Estado y en la eliminación de los derechos laborales y sociales. Todo acompañado, lógicamente, del endurecimiento de las medidas represivas.
Por eso en México el rechazo popular a la política económica y al llamado “libre” comercio va codo a codo con los reclamos por la tierra, los recursos naturales y la autonomía en los pueblos y territorios indígenas, y con la lucha democrática y en defensa de los derechos sociales y políticos. En ese marco vienen desarrollándose grandes movilizaciones contra la nueva Ley del instituto de servicios sociales, y la de los trabajadores de la electricidad y petroleros en defensa de la industria energética nacional.