Fortín Olmos es una comuna del departamento Vera, 326 km al norte de la capital santafesina. Originalmente fue un asentamiento alrededor de la línea de fortines Reconquista-Tostado.
En 1872, el gobierno santafesino contrató un empréstito con un banco londinense. Pagó la deuda contraída con bonos fiscales y tierras.
En 1881, las 1.804.563 has. se vendieron a C. Murrieta y Cía. Fue “la entrega más grandiosa de quebrachales colorados que se realizara en el mundo” (Gastón Gori).
“Se han salvado el honor y el crédito de la provincia”, dice el decreto de venta. Así comenzaba la historia de La Forestal.
Fortín Olmos se convirtió en un centro secundario de La Forestal, para abastecer los obrajes de materia prima para fabricación de tanino. Todo: vidas, herramientas, alimentos, hasta la tierra pisada, el aire respirado y las alimañas del monte eran de la compañía.
La Forestal dejó tierra arrasada, pueblos fantasmas, ecosistema degradado. Todo sucedió ante la indiferencia de un Estado que dejó hacer en nombre de un interés depredador.
El latifundio, y las relaciones de tipo feudal que conlleva, es la estructura económica, social y política que determina las ideas dominantes, para las cuales la tierra, las mujeres y los niños son propiedad de los hombres, legitimando la naturalización de todo tipo de abusos hacia los sectores más vulnerabilizados. Cunden la pobreza, la falta de oportunidades, el hambre, la prostitución forzada como única forma de sobrevivir, la prostitución y el abuso sexual infantiles, la trata, el turismo sexual, el narcotráfico, el juego clandestino, las condiciones paupérrimas en salud, de infraestructura, la violencia contra las mujeres en todas sus expresiones. Y la complicidad entre el Estado, las fuerzas de seguridad, los políticos y los poderosos fortalece las diferentes mafias, que crecen con los negocios ilegales que reproducen el racismo y la discriminación estructural.
En ese contexto, la noche del 1º de julio del 2017, Juan Valdez, profesor de varias escuelas de la zona, de 37 años, desaparece y mata a quien fuera su alumna, Rosalía Jara, mujer, pobre, joven de 18 años, niña madre, de rasgos originarios, que en los días previos venía exigiéndole el reconocimiento de su paternidad sobre Alma, la niña de 2 años producto de la relación abusiva que mantenían.
Él, un hombre casado, padre de familia, reconocido socialmente, amigo de la policía y del jefe comunal; ella una “chinita” a quien se le podía hacer lo que se tuviera ganas, para luego descartarla impunemente.
El Estado, gran ausente en la vida de Rosalía, ahora estaba presente de la peor manera: una investigación plagada de irregularidades, retrasos, encubrimientos, desidia. A tal punto que el cuerpo de Rosalía fue hallado 13 meses después por unos cazadores, pero la trama oculta y macabra se mantuvo sin fisuras durante estos tres años. Pese a las amenazas e intimidaciones, la familia Jara, junto al pueblo fortinero, mantuvo con gran valentía su lucha por verdad y justicia.
El movimiento de mujeres se involucró desde la primera hora: la Campaña por la Emergencia en Violencia contra las Mujeres, junto a la multisectorial, partidos, organizaciones y sindicatos, fue forjando lazos sólidos con la familia y la comunidad. Divulgamos el caso en marchas, Encuentros Nacionales de Mujeres y medios de difusión.
Al conocerse la fecha del juicio, y ante la emergencia sanitaria, solicitamos a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, su difusión por medios audiovisuales, alegando el derecho a la información en los casos de trascendencia pública, y dar cumplimiento del principio de publicidad que contempla su condición de juicio oral y público. El pedido recorrió toda la provincia. Firmaron organizaciones, partidos, referentes nacionales, legisladores locales y provinciales, y más de 300 firmas personales. Logramos que periodistas y medios sostuvieran la noticia durante varios días en la prensa y en las redes sociales.
La Corte autorizó el pedido, y fue un logro extraordinario la televisación de los alegatos finales y la sentencia por el canal de la televisión pública de la provincia y por youtube. Unas 1000 personas vieron en directo, este 3 de agosto, a Juan Valdez sentenciado a prisión perpetua por “homicidio doblemente calificado, por la relación y por ser cometido por un hombre contra una mujer y mediando violencia de género (femicidio)”. La pena impuesta contempla el empleo de violencia física y psicológica que el acusado desplegó. Además, se tuvo en cuenta la relación desigual de poder existente, en la que Valdez abusó de la vulnerabilidad económica, cultural y social de Jara y de su situación de indefensión.
Los testimonios aportados sacaron a la luz también numerosos abusos sexuales infantiles del profesor a 7 de sus alumnas.
La querella define el caso como feminicidio, implicando al Estado como responsable de la violencia presente de múltiples formas en la vida de Rosalía: violación reiterada y sistemática de los derechos humanos básicos. Sufrió hostigamiento, maltrato, daño, acoso, abandono, explotación, y sobre todo extrema marginación social, jurídica y política.
La dependencia y el latifundio en nuestro país, se sostiene sobre la opresión del pueblo y sus mujeres. La violencia contra las mujeres es un dispositivo al servicio de esa opresión, para mantener intacta la estructura de poder. La desaparición de Paula Perassi, en San Lorenzo, desnudó la mafia de los puertos, en su mayoría de banderas imperialistas, por donde sangran nuestras riquezas. El femicidio de Rosalía Jara desenmascara el latifundio y su fiesta. En ambos casos, el Estado está implicado en negociados espurios y millonarios.
El grito de verdad y justicia por Rosalía Jara nació de las entrañas de un pueblo avasallado desde sus orígenes, y se irradió con fuerza sobre todas las mujeres de Santa Fe. Gran triunfo, compañeras y compañeros. Debemos ir por más.
Corresponsal
