El 11 de septiembre, en un marco de total impunidad, la comisaría de San Miguel, Corrientes, detuvo a Roberto Espíndola, integrante de nuestra Comisión Directiva.
El 11 de septiembre, en un marco de total impunidad, la comisaría de San Miguel, Corrientes, detuvo a Roberto Espíndola, integrante de nuestra Comisión Directiva.
La detención se produjo sin orden judicial, y sin denuncia, con un sumario policial iniciado de oficio por la comisaría de San Miguel, por el supuesto delito de “daño”. Este “daño”, sería para la comisaría, el hecho de cortar árboles en el lote rural Nº 129, Colonia Madariaga, que le fue adjudicado por el ICAA al compañero Roberto Espíndola y a su padre, Francisco, quienes ya habían abonado dos cuotas del plan de pagos acordado con ese instituto, y que estaban acondicionando el predio para cultivar.
Asimismo, el móvil que se utilizó para trasladar al compañero en calidad de detenido, fue una camioneta particular, propiedad del señor Delio González, representante de empresas forestales, lo que demuestra la connivencia delictiva entre estas empresas y sectores de la policía. Los funcionarios cometieron privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad.
No conforme con esto, el 12 de septiembre por la mañana, se realizó un operativo de la misma comisaría, quienes allanaron el lote en cuestión, habitado por nuestro compañero. Dentro del lote, procedieron a secuestrar los árboles cortados. El allanamiento y el secuestro se produjeron también sin orden judicial.
Los productos secuestrados fueron entregados en depósito a Delio González, quien resulta ser concuñado del comisario Barrios, responsable de este atropello autoritario e ilegal contra las libertades y garantías democráticas, en beneficio de intereses económicos concentrados.
Consideramos estos hechos una represalia contra nuestra organización, que viene denunciando la situación de monocultivo forestal hace varios años, y conquistó en el 2013 una ley de donación de tierras fiscales a favor de los campesinos. Asimismo se logró que el ICAA dictara la Resolución Nº 81, de fecha 14 de febrero de 2014, por la cual queda prohibida la actividad forestal en inmuebles fiscales en las Colonias Madariaga, El Ciervo y Ejidos, Departamento de San Miguel.
Por todo ello, iniciaremos las denuncias penales que correspondan en el Poder Judicial, y un plan de lucha de todo el campesinado de la zona, para repudiar este hecho y la situación general de impunidad que venimos padeciendo por parte de los monopolios forestales.
Exigimos al gobierno de la provincia, y a su ministro de Seguridad, la inmediata investigación y exoneración de los oficiales responsables de los hechos descriptos. De lo contrario, confirmaremos que la represión, la persecución, y la impunidad, son una política de Estado.
